Salvador García Soto - Izquierda ¿laxa o ingenua?

A pesar de la renuncia tardía de Angel Aguirre Rivero, el daño para
Guerrero y para el país está hecho. Sacar a los estudiantes de las
calles y reducir el nivel de malestar y de indignación que hay en los
grupos que claman por justicia en la masacre y desaparición de los
normalista de Ayotzinapa, no es un proceso que se vaya a lograr de la
noche a la mañana ni automáticamente, tras la salida obligada del
gobernador.




La tardanza en la toma de decisiones para atender el conflicto político
y social en Guerrero activó en distintas partes del país a grupos y
expresiones radicales que ayer mismo, a pesar de licencia de Aguirre
Rivero, volvieron a bloquear vías de tránsito en el Distrito Federal y
saquearon e incendiaron oficinas públicas en Chilpancingo, mientras los
padres de los normalistas anunciaron que seguirán con las marchas y
manifestaciones.

Porque si bien la caída del gobernador despresuriza, por ser una de las
demandas que surgieron en las movilizaciones por Ayotzinapa, siguen
faltando las respuestas más importantes en este caso: ¿dónde están los
43 normalistas, vivos o muertos?, ¿dónde están los autores intelectuales
que la PGR identificó ya como el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y
su esposa María de los Ángeles Pineda?

En el primer tema, a pesar de que la han definido como su principal
prioridad, la PGR sigue sin tener elementos sobre el paradero de los 43
jóvenes que fueron secuestrados por la policía de Iguala y entregados a
sicarios del cártel Guerreros Unidos. La falta de pistas claras de la
Procuraduría resulta difícil de entender a estas alturas, si se toma en
cuenta que tienen ya detenidas a 52 personas, entre ellos policías que
realizaron la detención y al líder del cártel, Sidronio Casarrubias, que
recibió y desapareció a los muchachos. ¿No han aportado información
todos esos autores materiales sobre el paradero de los normalistas?

A menos que, como se filtró tras la reunión del procurador Jesús Murillo
Karam con el padre Alejandro Solalinde y la escritora Elena Poniatowska,
a la PGR le hayan entregado una investigación previamente alterada,
tanto en los protocolos de exhumación de las primeras fosas, como con
información manipulada por parte del gobierno de Guerrero y su
Procuraduría que se hizo cargo de las indagatorias en los primeros días
antes de que Murillo atrajera las investigaciones. De ser así, si se
alteraron pruebas y evidencia y eso está dificultando conocer el destino
y paradero de los normalistas ¿por qué no lo ha denunciado el procurador
Murillo ni han procedido contra los posibles responsables?

La otra gran interrogante es dónde está la pareja de los autores
intelectuales de la muerte y desaparición de los estudiantes. Más allá
de rumores y versiones periodísticas que los han ubicado en Puebla o en
Veracruz, y de los detalles que dio el procurador el miércoles sobre la
forma en que el alcalde de Iguala y su esposa ordenaron el secuestro y
el crimen contra los normalistas, no ha habido hasta ahora más
información sobre la cacería que ha emprendido la Procuraduría contra
José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Se presume que
ambos siguen vivos por los amparos que han intentado tramitar a través
de sus abogados en varios juzgados, pero desde hace más de una semana
sus defensores dicen haber perdido contacto con ellos.

En todo caso, suponiendo que la búsqueda frenética que realiza la PGR
termine por encontrarlos y que Abarca y su esposa estén vivos y ocultos,
la gran incógnita que aún tendrá que despejar Murillo Karam es si el
alcalde y la ambiciosa mujer actuaron solos o si, más allá del papel que
jugaba María de los Ángeles como “jefa” operativa del cártel de los
Guerreros Unidos sus nexos políticos y de complicidad llegaban más
arriba, a otros niveles del gobierno estatal. Porque no se entiende la
prominencia política y social que ambos lograron, sin el apoyo y la
protección de esferas más altas en la vida pública de Guerrero.

*IZQUIERDA, ¿LAXA O INGENUA?* Y aquí viene otra pregunta que aún no se
despeja en la tragedia de Iguala. El cobijo político que le dio el PRD a
José Luis Abarca para llegar a la alcaldía y el que planeaban darle a su
esposa, María de los Ángeles Pineda, para que lo sucediera en el cargo,
¿fue un simple descuido, como lo manejó en su disculpa pública el
dirigente nacional Carlos Navarrete? ¿En la convivencia tan estrecha que
tuvieron con él tantos políticos del perredismo local y nacional que
aparecen en muchas fotografías con los dos personajes, nunca supieron o
vieron nada sobre las actividades delincuenciales de la pareja?

De ser pura ingenuidad la de los dirigentes del PRD sería la tercera vez
que les pasa que en sus gobiernos se les infiltren personajes vinculados
a la delincuencia. En Michoacán el surgimiento de la Familia Michoacana
y su penetración en la vida política, económica y social del estado
ocurrió en buena parte durante dos administraciones perredistas, la de
Lázaro Cárdenas Batel y la de Leonel Godoy. Incluso la transformación de
ese grupo en Los Caballeros Templarios y su enraizamiento en la vida
michoacana sucedió en los últimos años de Godoy, cuyo medio hermano,
Julio César Godoy Toscano, fue hecho diputado y luego protegido por el
partido para que se fugara de la justicia cuando se descubrieron sus
vínculos con Servando Gómez La Tuta.

El otro caso documentado es el de el ex alcalde de Cancún, Greg Sánchez,
que tras haber sido investigado y consignado por la PGR por delitos de
lavado de dinero, terminó libre por una falla de la Procuraduría en sus
acusaciones. Greg fue en algún momento una figura estrella del PRD al
grado de que lo impulsaban rumbo a la gubernatura de Quintana Roo,
cuando se descubrió que el origen de su riqueza y prosperidad no era del
todo lícito.

Por eso, ante la tercera vez que les ocurre, vale la pena que en el PRD
se planteen la pregunta: ¿lo suyo ha sido sólo ingenuidad, laxitud de
principios o algún otro tipo de conducta por parte de sus dirigentes?

*NOTAS INDISCRETAS…* En la lista de los 40 aspirantes propuestos para la
CNDH, hay un nombre interesante por su perfil y procedencia. Se trata de
Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. En el momento que vive el país, de
violaciones graves de derechos humanos, el doctor tiene experiencia
porque fue el encargado de varias investigaciones cuando la Corte tenía
la facultad constitucional de indagar casos de violaciones, antes de la
reforma que pasó esas facultades a la CNDH. Es un personaje conocido en
el ámbito internacional, tanto en la ONU como en la CIDH, y por su
carrera en el Poder Judicial no se le ubican ligas partidistas. Será sin
duda uno de los nombres a seguir… Los dados cierran semana. Doble Escalera.

sgarciasoto@hotmail.com

Fuente:http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/10/109458.php