Con Guerrero incendiado por protestas violentas y un gobernador que se aferra al cargo ante las voces de sus gobernados, que piden su salida;
con un movimiento estudiantil activado y que por primera vez en 45 años
tiene en paro simultáneo a dos instituciones emblemáticas como el
Politécnico y la UNAM —las mismas que iniciaron la revuelta estudiantil
de 1968—; con movilizaciones intermitentes en varios estados y el
Distrito Federal, el país —que se acerca a este fin de año y apenas al
primer tercio del sexenio de Enrique Peña Nieto— dista mucho de ser un “México en movimiento”.
Si acaso, el movimiento que se percibe en el territorio nacional por
estos días es de zozobra e intranquilidad. La incertidumbre generada por
la inseguridad y la violencia se agrava ante la sensación de que no hay
castigo rápido ni ejemplar a los autores materiales e intelectuales de
masacres como la de Iguala, ni sanciones para castigar la omisión y
hasta complicidad de autoridades locales con el crimen.
Da la impresión de que, sin mecanismos constitucionales claros y un
federalismo rebasado en sus formas de relación, los gobiernos locales
—los más cercanos e inmediatos a los ciudadanos— navegan entre la
ineficiencia, la ineptitud, la corrupción y, lo más peligroso, el vacío
de autoridad. La ausencia de controles y contrapesos al poder de los
gobernadores —que tienen copados a otros poderes de sus estados— y la
vulnerabilidad y corrupción de los alcaldes han colocado a los
ciudadanos en el peor de los mundos: la indefensión total ante el poder
de facto del crimen organizado.
Ante ese esa realidad, en varios estados y regiones del país el poder
federal, antes presente en forma de presidencialismo omnímodo, ahora se
ve dubitativo y vacilante. Actúa con energía en algunos casos y manda
tropas, comisionados y operativos a algunas entidades —como Michoacán,
Tamaulipas o marcadamente el Estado de México— pero duda en tomar el
control en otros estados como Guerrero, donde la penetración del crimen
organizado se suma al fenómeno histórico de grupos guerrilleros y
subversivos que lo vuelven una entidad especialmente explosiva, que se
está volviendo foco para la activación de grupos civiles y protestas en
varias partes del país.
Al paro indefinido de los estudiantes del Politécnico, que se niegan a
volver a clases a pesar de la actitud complaciente de Gobernación y la
SEP, se suma el paro momentáneo pero significativo de la UNAM que hoy
amanece por segundo día cerrada y ahora también paran planteles de la
Universidad Autónoma Metropolitana.
El país está en ebullición. Y a estas alturas, ante la falta de
soluciones o decisiones contundentes para enfrentar la problemática, hay
voces que comienzan a cuestionar la capacidad de gobierno y de
gobernabilidad de quienes detentan el poder. Estamos apenas en el
segundo año de la administración y, a juzgar por la forma en que los
problemas se reproducen y se complican, parece más una crisis de fin de
sexenio que la de un gobierno que aún no alcanza siquiera la mitad de su
gestión.
*NOTAS INDISCRETAS… *Después de casi un año de búsquedas y de confesar
que no sabían dónde se encontraba, ayer fue presentada en Oaxaca la
Constitución Política del estado y el Bando Solemne que la promulgó en
1922. El director del Archivo General del Estado, Carlo Magno Ochoa y el
consejero jurídico del gobierno, Víctor Hugo Alejo, habían negado en
varias ocasiones y a través de oficios que tales documentos históricos
se encontraran en los archivos y por ello se negaban a proporcionar
copias a ciudadanos oaxaqueños que la solicitaron, lo que puso en duda
la vigencia constitucional del estado. A raíz de lo publicado en esta
columna el 10 de octubre se desató un debate en la opinión pública
oaxaqueña donde se cuestionaba, desde la legalidad de procesos penales a
quienes están presos y acusados de delitos, hasta la constitucionalidad
de los alegatos de Oaxaca en su conflicto de límites con Chiapas por la
zona de Los Chimalapas. Ayer, como arte de magia, el director del
Archivo estatal anunció que “después de varios meses de búsqueda” un
equipo de especialistas encontró los documentos de la Constitución y el
Bando Solemne de 1922 “entre un monto de papeles no clasificados y con
hongos”. Y ayer se presentaron esos documentos a la sociedad oaxaqueña.
La pregunta que ahora se hacen los oaxaqueños es ¿resistirán los
documentos encontrados milagrosamente un peritaje de expertos para
certificar su antigüedad y autenticidad?... Los dados mejoran. Por fin
cayó Escalera.
Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/10/109295.php
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.