Beatriz Pagés - La delincuencia busca cancelar elecciones

¿Quiénes buscan apoderarse de Guerrero? Extrañó que el primer y segundo punto del pliego petitorio que presentó uno de los abogados de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ante los senadores, consistiera en exigir la desaparición de poderes y la cancelación de las elecciones en 2015 en la entidad.

¿En qué puede ayudar a las víctimas la suspensión del proceso electoral? ¿Evitar el relevo en 18 ayuntamientos, Congreso y gubernatura serviría para hacer justicia? Porque de lo que hoy tenemos que hablar es de eso: de llevar ante la justicia a los responsables de una horrenda masacre que ha puesto de rodillas al Estado mexicano.

¿A quién serviría, entonces, la desaparición de poderes en Guerrero, y para qué? ¿No será que los autores intelectuales del asesinato de los 43 jóvenes son los mismos a los que conviene mantener en las alcaldías a quienes han operado como sus cómplices?

 

Recordemos un solo dato: el exgobernador Ángel Aguirre Rivero reconoció, a raíz de lo ocurrido en Iguala, que la mayoría de los municipios estaban controlados por el crimen organizado. La PGR, incluso, ha confirmado en varias ocasiones ese dato.

El único, entonces, que podría salir beneficiado con el vacío de poder y la alteración de la vida institucional en Guerrero es el crimen. Nadie más. Porque los padres y familiares de los jóvenes ultimados, casi todos de origen campesino, seguirían inmersos en la pobreza. Aunque, seguramente, gobernados con más impudicia por el crimen llegarían a estar peor.

Nadie, con un poco de sentido social, se atrevería a menospreciar la inteligencia de los 43 padres de normalistas, por el solo hecho de ser campesinos. Sin embargo, el dolor, la impotencia llevan muchas veces a caer en las redes de quienes pretenden usufructuar política y económicamente el sufrimiento.

Todo indica que es exactamente lo que está sucediendo con el movimiento de protesta por Ayotzinapa. Quienes dicen ser defensores de los deudos, operan más como activistas y desestabilizadores que como abogados interesados en resarcir los derechos de las víctimas.

La exigencia —en realidad es una amenaza velada— de cancelar los comicios confirma que la multiplicación de actos violentos y vandálicos tienen, precisamente, como objetivo lograr que el gobierno de Guerrero quede bajo la férula del crimen organizado.

De hecho ya lo está porque, cada vez con más descaro, los grupos que dicen defender la causa de Ayotzinapa irrumpen en casas, escuelas, oficinas y comercios para incendiar, asaltar e incluso secuestrar a quienes consideran enemigos.

Ahí está la retención pública que hizo la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de los dirigentes del PRD y del Movimiento Ciudadano en Chilpancingo a quienes extrajeron por la fuerza de una cafetería para obligarlos a marchar por la Autopista del Sol con pancartas que decían: “Somos ratas”. Frase que recuerda más una narcomanta que un pizarrón de clases.

Hace unos días, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, habló sobre la importancia de que el país se una frente a “la violencia, las críticas infundadas, la intolerancia y la mentira” que ha provocado el caso Iguala.

Detrás de ese ambiente de miedo y terror hay una intensa propaganda dedicada a la depredación informativa; a detectar las debilidades y rendijas que dejan abiertas las autoridades para vaciar el gobierno de autoridad política.

Sin duda, el gobierno federal tiene abiertos dos frentes: el que está en Tierra Caliente, y el software, el internet, las redes sociales, en donde un día y otro también está perdiendo la guerra. Y la está perdiendo porque no está generando los contenidos adecuados para contraatacar o adelantarse al adversario.

Promover la unidad nacional ante la amenaza que representa el poder del crimen tendría que ser considerado como un asunto de seguridad nacional. Hoy, la delincuencia pide que no haya elecciones en Guerrero, y mañana, ¿por qué no?, lo va a exigir a escala nacional.

Quienes han convertido Iguala y Ayotzinapa en una industria política quieren hacer creer que hoy se libra una guerra entre los padres de las 43 víctimas y el gobierno. No, la guerra es una disputa por el poder entre el Estado mexicano y el crimen organizado. Eso debe quedar claro.
Beatriz Pagés


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