Después de la más reciente conferencia de prensa del
procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, dada ayer, sigo
sin entender para qué se dirigieron a Iguala 80 estudiantes de la
normal rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado. Nadie me ha dicho
quién les ordenó o sugirió que fueran a esa ciudad y para qué. Hay
quienes aseguran que los normalistas fueron a Iguala para recolectar
fondos para costear su estudios. Quienes afirman esto olvidan que los de
Ayotzinapa no eran bien vistos en esa ciudad después de que en julio de
2013 participaron, junto con integrantes de la Unión Popular Emiliano
Zapata, en la agresión contra la sede de la presidencia municipal que
ocupaba José Luis Abarca, quien llegó al cargo en 2012 como candidato de
una coalición integrada por el PRD, PT y MC.
La versión
proporcionada por la PGR afirma que “Aunado a las declaraciones de quien
dirigía el Centro de Control de la Policía Municipal de Iguala, se
suman las declaraciones de Marco Antonio Ríos Verder, integrante del
grupo criminal Guerreros Unidos y de policías detenidos, quienes
asumieron que el grupo que se aproximaba, se dirigía a sabotear la
celebración que se realizaría, que se realizaba en esos momentos por la
esposa del alcalde, María de Ángeles Pineda Villa, con motivo de su
informe de actividades” que como presidenta del DIF municipal ofreció en
la tarde de ese mismo día.
Después de ser informados que los
normalistas se dirigían a Iguala, Abarca y su esposa le ordenaron al
jefe de la policía municipal, Felipe Flores, que impidiera que los
estudiantes llegaran al lugar en donde se realizaba el baile. De acuerdo
a Sidronio Casarrubias Salgado, el jefe del grupo criminal Guerreros
Unidos, Pineda Villa fue quien ordenó ‘‘dar un escarmiento’’ a los
jóvenes normalistas.
Agredir a balazos a 80 normalistas y matar
en el lugar de los hechos a cuatro de ellos y a otros tres civiles
inocentes es más que dar un escarmiento. Secuestrar y asesinar a 43
jóvenes y luego calcinar sus cuerpos es un brutal asesinato colectivo.
Lo
ocurrido el 26 de septiembre parece más un capítulo sangriento de una
batalla a muerte entre bandas delincuenciales antagónicas que una
salvaje y mal ejecutada represión de estudiantes.
Hasta donde se
sabe, Abarca y su esposa María de los Ángeles deseaban crecer
políticamente. Él seguramente buscaría una candidatura a una diputación
federal para las elecciones de junio del año entrante mientras que ella
trabajaba para ser su sucesora en la presidencia municipal. El ordenar
la agresión a balazos contra los normalistas y luego las desaparición y
asesinato de 43 de ellos no iba a pasar desapercibido. Luego entonces,
¿para qué ordenar algo que en nada los beneficiaba políticamente?
Es
muy probable que ordenaran la represión y que se le diera un
escarmiento a los normalistas, pero es también muy probable que otra
persona decidiera que había que enfrentar y matarlos.
Tal vez el
prófugo jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, creyó que los
normalistas pertenecían a la banda delincuencial Los Rojos, enemiga
mortal de Guerreros Unidos. Eso explicaría que los entregara, vía
policías municipales de Cocula, a los sicarios de Guerreros unidos,
quienes, de acuerdo a informes de la PGR, antes de matarlos les
preguntaron si eran miembros de Los Rojos.
Por eso la captura de
Flores es tan importante y necesaria para que se avance en la
investigación en torno a este terrible suceso.
También es fundamental saber por qué y para qué fueron los normalistas a Iguala y quién les ordenó o sugirió ir.
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