E l jueves 26 de febrero, el
subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, tomó otra decisión que será
controvertida y afectará de manera directa a su gran amigo, el
presidente Enrique Peña Nieto. En una reunión con los dirigentes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la facción
disidente del magisterio que lleva dos años buscando derogar la Reforma
Educativa, aceptó resolver una vieja demanda de sus líderes: la
liberación de ‘presos políticos’ asociados al magisterio. Son 112 en la
lista que le entregaron los maestros y que ofreció serán puestos en
libertad.
Para esto, los convocó este martes a una reunión en la Secretaría de Gobernación, para que enfrente de ellos instruya al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, a hacerlo.
Para esto, los convocó este martes a una reunión en la Secretaría de Gobernación, para que enfrente de ellos instruya al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, a hacerlo.
Miranda, el responsable del gobierno
federal de las negociaciones con la CNTE, firmó una minuta con sus
líderes, quienes la semana pasada visitaron a varios de ellos, recluidos
en prisiones de máxima seguridad en Guadalajara y Tepic. Entre quienes
encabezan la lista hay maestros y activistas sociales de Oaxaca y
Guerrero acusados de secuestro, homicidio, robo, portación de arma y
delitos relacionados con la delincuencia organizada. Quienes encabezan
la lista son los miembros de la Sección 22, de Oaxaca, Sara Altamirano
Ramos, Lauro Atilano Grijalva Villalobos y Mario Olivera Osorio,
identificados por las autoridades como miembros del EPR.
Los tres maestros señalados como
guerrilleros, se encuentran detenidos como presuntos autores materiales
del secuestro de dos sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial –el organismo cúpula del sector
privado- en enero de 2013. En el expediente judicial donde se les acusa
también de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y
delincuencia organizada, se establece que fueron detenidos en flagrancia
en el ejido Guadalupe Victoria en Oaxaca.
Altamirano Ramos y Grijalva Villalobos,
que han contendido por puestos de elección popular bajo la bandera del
PRD, son cercanos. Rebeca, hermana de Sara, es cuñada de Grijalva
Villalobos, quien ha financiado parte de las operaciones políticas de
ese grupo con dinero del eperrista, Olivera Osorio, miembro del Frente
Amplio de Comunidades Marginadas del estado de Oaxaca. El EPR siempre ha
negado vinculación con ellos y que en Oaxaca o en cualquier otra parte
del país, realicen secuestros.
Otros dos de los nombres en la lista
entregada que son casos de alto impacto son los de Marco Antonio
Suástegui y María de la Cruz Dorantes, que son miembros del Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, una organización que
participa del movimiento de masas en Guerrero que sin ser parte del
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del
EPR, ha estado activo durante casi nueve años en la oposición a la
construcción de una presa a 30 kilómetros.
Suástegui Muñoz –que fue promotor y
fundador de la policía comunitaria en los bienes comunales de
Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco- y Dorantes, tienen cuatro
autos de formal prisión por homicidio en grado de tentativa, despojo y
lesiones, en contra de los hermanos Domingo, Gabriel, José y Pedro
Bailón Dorantes, opositores al Consejo de Ejidos, a quienes atacaron con
armas de fuego, que tuvo como consecuencia que los detuvieran e
intentaran matarlos, de acuerdo con las autoridades. Dorantes, además,
enfrenta una acusación por el delito de robo calificado, por una
denuncia del propietario de la gravillera Kimbar, que la señaló de haber
sustraído seis millones de pesos.
Todos los nombres de la lista están
incorporados a procesos abiertos en esas dos entidades y en Michoacán,
principalmente, con delitos que tienen distintos niveles de gravedad.
Todos, de acuerdo a lo que se conoce, no están en manos de los
ejecutivos federal o locales, sino de jueces que mantienen abiertos los
casos. Hay algunos donde los delitos están directamente relacionados con
bloqueos o ataques a policías, pero hay otros donde los denunciantes
son privados. Es decir, una liberación mediante la intervención del
subsecretario, aún con la voluntad política del gobierno federal para
pedir el sobreseimiento al Poder Judicial, no es posible al haber
terceras partes involucradas.
No está claro en qué se basó el
subsecretario Miranda al ofrecer la liberación de los 112 ‘presos
políticos’ que le pidió la disidencia magisterial, ni cuáles serán los
fundamentos legales para que el comisionado Rubido se desista, en lo que
a él toque, de las acusaciones. Miranda, sin embargo, actuó en
consistencia con lo que ha hecho desde que inició el gobierno de Peña
Nieto, priorizando las negociaciones políticas con la CNTE por encima de
la ley y la Constitución. Sus promesas no son nuevas.
Las violaciones constitucionales para
otorgarles prebendas que contravienen la Reforma Educativa o la
exigencia a gobernadores y congresos locales para que acaten las
exigencias de la disidencia magisterial, con lo cual ha destruido el
Federalismo, es un modus operandi que ha contado con el respaldo
presidencial.
En este caso, su ofrecimiento
significaría marchar sobre el Poder Judicial y obligarlo a tomar
decisiones totalmente contrarias al Estado de Derecho. Pero seguir
adelante con esta iniciativa, significará enfrentar al presidente con el
Poder Judicial, que en una controversia constitucional, si llegara el
caso, Peña Nieto no tendría cómo, en términos jurídicos, defender la
posición del gobierno.
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