Las protestas de grupos civiles de
académicos y ambientalistas y el rechazo de la izquierda, por lo que
consideran ‘la privatización de las aguas nacionales’, hicieron que
ayer, en San Lázaro, evitaran una regada con la iniciativa de Ley
General de Aguas propuesta por el PRI y el gobierno de Enrique Peña
Nieto. El dictamen, previsto para votarse ayer, fue detenido de última
hora por acuerdo de los coordinadores parlamentarios, a propuesta de la
bancada priista.
Fue el coordinador del PRI, Manlio Fabio
Beltrones, quien anunció que se posponía la votación ante la
‘desinformación’ que, dijo, había sobre el proyecto. Horas antes del
anuncio Beltrones encabezó una reunión de diputados priistas con Jesús
Reyes Heroles, exdirector de Pemex, convocado en calidad de ‘experto’
para asesorar al PRI; Reyes Heroles se pronunció a favor de la ley pero
recomendó ampliar su análisis; al salir de esa reunión, el líder priista
convocó a una encerrona de la Junta de Coordinación Política, y junto
con Ricardo Anaya, coordinador del PAN, y Miguel Alonso Raya, del PRD,
Manlio anunció la posposición.
La propuesta enviada por la Secretaría
del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, bautizada por los
opositores como ‘ley Korenfeld’ —por el director de Conagua, David
Korenfeld, político mexiquense cercano a Peña Nieto— generó rechazo del
PRD y de grupos civiles como el colectivo ‘Agua para todos’ formado por
académicos y ambientalistas, que alertan de un esquema de privatización
en el que grandes empresas podrían fijar tarifas para vender el agua a
la población o utilizarla en explotación de gas Shale (fracking)
contemplada en la Reforma Energética.
Los priistas, sin embargo, niegan la
privatización y acusan una campaña de desinformación de los opositores.
Ese fue uno de los argumentos esgrimidos ayer en la reunión de la
bancada del PRI, donde se decidió frenar la iniciativa: que la oposición
está haciendo una campaña de ‘manipulación política’ para meter el tema
de la supuesta privatización en las campañas electorales para los
comicios de junio próximo.
La nueva Ley General de Aguas
sustituiría a la vigente Ley de Aguas Nacionales, y sin tocar el
artículo 27 constitucional, que establece la propiedad del Estado sobre
las aguas nacionales, la iniciativa abre la puerta a modelos de
privatización del vital líquido, vía la concesión de grandes obras
hidráulicas a la iniciativa privada, en la que, además de la
construcción y operación de la infraestructura (presas, acueductos,
trasvases) se les concesionaría el agua hasta por 30 y 70 años. Un
ejemplo, dice el colectivo ‘Agua para Todos’, es el Acueducto Monterrey
IV que construye Grupo Higa —el de las casa Blanca y de Malinalco— al
que se le daría el negocio del abastecimiento de agua a través de ese
nuevo acueducto.
El PRI propuso consultar más
especialistas sobre el contenido de la ley y buscar el acuerdo de todos
los partidos en la Cámara, algo que aceptó el PAN, que no se ha
pronunciado ni a favor ni en contra de la ley, mientras el PRD celebró
ayer como un triunfo. Serán varias semanas las que se lleven las
consultas y la iniciativa podría votarse después de las elecciones de
junio, con lo que el PRI buscaría quitar a la oposición una redituable
bandera electoral como la ‘privatización del agua’.
Por lo pronto, ayer la polémica Ley
General de aguas fue parada y, mientras son peras o manzanas, los
diputados de todos los partidos evitaron la regada.
NOTAS INDISCRETAS
Los cálculos anoche hablaban de al menos
92 votos seguros para sacar hoy la controvertida nominación de Eduardo
Medina Mora como ministro de la Corte, cuando según la Constitución se
requeriría 82 votos en caso de que estuvieran presentes al momento de la
votación los 124 senadores. En los 90 hipotéticos que calculan esa
cifra se cuentan los 54 votos del PRI, unos 30 del PAN, 1 de Nueva
Alianza y 7 del PVEM, e incluso se estimaba que hay 5 perredistas que
podrían votar a favor del embajador en Washington. En todo caso, la
cifra final depende de cuántos asistan y cuántos estén presentes al
momento de la votación, pero por lo pronto una cosa es cierta: al PRI le
saldrá muy caro el nombramiento de Medina Mora, no sólo por las fuertes
críticas y cuestionamientos externos y del Poder Judicial, sino por lo
que tuvo que pagar (en negociaciones y acuerdos) para asegurar los votos
de la oposición a favor del cuestionado exprocurador. Ya se sabrá…Los
dados mandan Serpiente. Mal augurio.
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