Han pasado 14 años de que el gobierno
federal, bajo la presidencia de Vicente Fox, expropió 27 ingenios para
“salvarlos de la quiebra”; aunque se dijo entonces que los ingenios se
privatizarían de inmediato, en cuanto fueran saneados, el negocio
millonario que reportan al gobierno ha retrasado la privatización. Fox
nunca los vendió, Calderón los usufructuó y Enrique Peña Nieto no
termina de desincorporarlos, y como administrador de los 9 ingenios que
aún tiene la Federación nombró a un incondicional suyo. Carlos Rello
Lara, es director de FESA (Fondo de Empresas Expropiadas del sector
Azucarero) desde marzo de 2013. Su nombramiento no fue fortuito; además
de haber sido el primer jefe de Peña Nieto en la política —le dio su
primer trabajo como su secretario particular en 1999 en la Secretaría de
Desarrollo Económico del Edomex—, conoce el sector pues fue empresario
del azúcar y el refresco: su familia fue dueña de Embotelladoras del
Valle de Anáhuac. De hecho, Rello vendió en 1997 tres ingenios al grupo
Santos que después se negó a pagárselos, lo que llevó a un litigio legal
de 8 años. Con la expropiación de 2001, FESA adquirió ese litigio y en
2005, el mismo Fondo que hoy dirige, le pagó a Rello 20 millones de
dólares, ya con recursos públicos, por los ingenios Plan de Ayala, en
San Luis, y Cuatotoloapan y San Gabriel, en Veracruz.
Para el gobierno de Peña Nieto los
ingenios se volvieron ‘estratégicos’ tras la Reforma Energética, pues
ahora los venderán no sólo como grandes productores de azúcar —los 9
producen 20% del azúcar del país—, sino que, bajo la dirección de Rello
Lara, el gobierno busca privatizarlos como “empresas productoras de
energía alternativa”, desde bioetanol y etanol hasta la generación de
energía eléctrica en ingenios. Eso aumenta el valor de los activos
azucareros estimados en 7 mil millones de pesos y elevaría el precio de
venta de los ingenios hasta 20 mil millones de pesos.
Por eso el interés y la presión por los
ingenios crece. A empresarios nacionales interesados, como Juan Cortina,
se suman ahora grandes petroleras internacionales como Exxon, Shell y
Chevron, que ya han manifestado su interés en la privatización, en lo
que se ve venir como una rebatinga en la que el gobierno federal podrá
capitalizarse, sobre todo a partir de la crisis presupuestal por la
caída de los precios del petróleo y los recortes al presupuesto y las
inversiones federales. ¿A dónde irán esos miles de millones de pesos?
Los obstáculos para la privatización se
han eliminado. El 23 de enero pasado El Segundo Tribunal Colegiado en
materia Administrativa negó en definitiva el amparo que Grupo Caze, del
empresario Enrique Molina, interpuso contra la expropiación de sus 9
ingenios en 2001. La mayoría de magistrados le cerraron a Molina la
posibilidad de recuperar sus ingenios, y en la misma resolución
autorizaron al gobierno federal a venderlos a través del Sistema de
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de
Hacienda. La pregunta ahora es ¿qué esperan el FESA y Rello para iniciar
la desincorporación?
Tal vez el retraso tiene que ver con el
caso de uno de los ingenios, el de Plan de San Luis, ubicado en la zona
de Ciudad Valles en San Luis Potosí, y el cual tiene un embargo
pendiente a favor de un particular, lo que impediría la venta de ese
ingenio por parte del gobierno. El embargo fue dictado por el Juzgado
Tercero Mixto de Primera Instancia por el juicio mercantil Exp. 164/2001
promovido por el particular Rafael Martínez Q., quien alegando un
incumplimiento de contrato del ingenio los demandó desde 1999 y obtuvo
el embargo de los terrenos donde se ubica el ingenio. A menos que FESA
llegara a un acuerdo con este particular, se vería impedido a vender el
ingenio Plan de San Luis.
Veremos pues como se resuelve el tema de
los 9 ingenios aún en manos del gobierno federal y cómo Carlos Rello
Lara, hombre de las confianzas de Peña Nieto, opera la privatización del
negocio millonario de estos ingenios, ahora en la mira de las grandes
trasnacionales petroleras y no precisamente por el azúcar.
NOTAS INDISCRETAS
Ayer en la Cámara de Diputados quedó
concluido el informe final de la Comisión Especial investigadora de la
Línea 12 del metro capitalino. El documento recibe sus últimos toques
antes de ser enviado a la PGR y a la PGJDF para que den vista y
determinen si hay elementos para una consignación penal. Así que el
camino de Marcelo Ebrard para una diputación plurinominal aún se antoja
largo. Y muy accidentado…Los dados siguen con Escalera. Buen tiro.
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