Para abrir boca, no solo obtuvieron una suspensión provisional contra la terminación del contrato de trabajo (justificada por MVS Radio exclusivamente en facultades contractuales de derecho privado, “sin tener en consideración que se está en presencia, por un lado de la concesión de un bien y servicio público del Estado, y por otro de un ámbito de relevancia social”, como sería el “periodismo crítico”), sino una inusual nota informativa del Consejo de la Judicatura Federal, que realzó la decisión del juez Fernando Silva García como si de una victoria gremial se tratara.
El juez ha emplazado a la empresa y la periodista para que alcancen a la brevedad un “acuerdo consensuado” que evitaría una audiencia incidental, donde el juez Silva García haría un pronunciamiento cautelar integral que, para como pintan las cosas, bien podría ser favorable a Quijano, Cortina & Aristegui.
¿Qué ocurriría en la industria de la radio y la televisión si, pese al implacable discurso de la empresa de que la reinstalación de Aristegui es imposible, hay un mandato judicial firme para que regrese a su programa? Un mandato que, además, indique que está suspendiendo una decisión empresarial cuyos efectos inhiben la libertad de expresión.
Conversé el fin de semana con cuatro dueños y directivos de medios y el común denominador fue que no saben lo que se podría estar desencadenando. Piensan que si el juez le da la razón a Quijano y Cortina, jamás se volvería a despedir a un conductor de radio o televisión, todos morirían de viejos en sus programas. Pero reconocen que el talento de los abogados encontró un sendero en las reformas a la Ley de Amparo y la Federal de Telecomunicaciones, que abre la puerta a una resolución que revolucionaría las relaciones laborales en los medios.
¿Qué han hecho Quijano y Cortina? A grandes rasgos, reclamar la inconstitucionalidad de ciertos actos unilateralmente impuestos por un particular, al que debe atribuírsele el carácter de autoridad responsable; así como la violación de seis artículos constitucionales, un pacto internacional de derechos civiles y políticos, una convención continental de derechos humanos y los principios de libertad de expresión de la OEA.
Los abogados han conseguido, en síntesis, que un juez reconozca que los concesionarios son autoridades de facto. Es decir, que derechos fundamentales pueden oponerse en el ámbito del derecho privado, por lo que las violaciones constitucionales entre particulares dejan de ser ajenas a los juzgados federales.
De ese tamaño es el asunto.
MENOS DE 140
Por si las dudas, Angélica Fuentes se fue de México. Orquestará el pleito contra Jorge Vergara desde Estados Unidos.
Ciro Gómez Leyva
Leído en http://www.vanguardia.com.mx/columnas-ysiganaranquijanocortinaaristegui-2306110.html
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