Korenfeld violó abiertamente la Ley Federal de Servidores Públicos y tendrá que aportar pruebas de lo contrario. Su argumento para usar bienes públicos fue que tenía que atenderse un problema en la rodilla, lo que es absurdo, al no tratarse de una emergencia, ni haber sido producto, hasta donde se sabe, de su trabajo. La prensa reportó otra historia. Korenfeld y su familia fueron transportados al aeropuerto de la ciudad de México para tomar un vuelo a Vail, un destino turístico en Colorado. En este escándalo de Semana Santa, lo más sorprendente es que el presidente Enrique Peña Nieto no lo hubiera cesado ya.
Al presidente se le ha ablandado la mano sobre el comportamiento de sus colaboradores. Quizás, porque quienes han cometido los errores más costosos –la promoción de paramilitares que tiene el gobierno en el umbral de las cortes internacionales por genocidio, el mediocre manejo de la política económica y los opacos procesos de licitación- se encuentran en el primer círculo de confianza y afecto, la mano firme que tuvo con su procurador federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, a menos de seis meses de haber iniciado su administración, es ahora dubitativa.
Benítez Treviño fue destituido en mayo de 2013 luego que su hija se comportó con prepotencia en un restaurante porque no le daban una mesa a su gusto. Peña Nieto fue implacable con el procurador. Lo que hizo la hija de Benítez Treviño fue inocuo para lo que han hecho otros colaboradores del presidente. La joven no violó ninguna ley, sino abusó del poder de su padre. Pero no utilizó dinero del erario para fines personales, como lo hizo Korenfeld.
De acuerdo con la Ley Federal de Servidores Públicos, el uso de bienes públicos para fines privados está prohibido. El artículo 47 en su fracción I establece que los funcionarios deben “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. Utilizar el helicóptero con fines particulares, violó cada uno de los preceptos en esa fracción. En la fracción II del mismo artículo se indica que deben dar cumplimiento a las leyes y normas que determinen el manejo de recursos económicos, lo cual no hizo. La Secretaría de la Función Pública deberá revisar la bitácora de los vuelos solicitados por Korenfeld para determinar cuántos de ellos realmente fueron por razones de trabajo y cuántos de ellos no, o si es el caso, fueron para beneficio de sus familiares. La fracción III dice que tienen que “utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están afectos”.
Korenfeld es un delincuente confeso de haber violado la Ley Federal de Servidores Públicos desde el mismo momento de haberse disculpado por haber utilizado una nave de la dependencia y pagar –dijo- el costo del traslado. Pedir perdón y pagar por el servicio para reponer el desfalco a los contribuyentes no lo libera de culpa. El director de Conagua tomó esas acciones sólo tras ser expuesto en las redes sociales con las fotografías de su delito. De no haber sido revelada su ilegalidad, no habría reaccionado. Korenfeld quiere reaccionar como soñaría un ladrón, que al ser descubierto, ofrece disculpas y compensa lo que hurtó para mantener su libertad.
El director de Conagua, de acuerdo con la prensa, voló el día en que le tomaron la fotografía a Estados Unidos, pero no llegó a Vail, porque canceló su viaje de último momento. Aunque insistió en el deterioro de su rodilla, no ha mostrado el diagnóstico médico, el justificante del porqué tendría que ir a Estados Unidos a tratarse, ni la cita con el especialista. Los hechos no ayudan a su coartada. Ni proporcionó nada que avalara su dicho, ni explicó la razón que el especialista estuviera en Vail, donde hay una clínica de terapia física para los esquiadores.
El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, tendrá un día de campo, si actúa conforme a la ley. De ser así, el artículo ocho de la Ley Federal de Servidores Públicos determina que si el caso resulta en una condena, se destituirá al servidor público y, según la gravedad de la falta, se le puede inhabilitar para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de uno a 20 años. Parece un caso sencillo por la transparencia del delito. Pero con este gobierno nada está escrito, aunque ciertamente, una acción ejemplar contra Korenfeld, sería una bocanada de oxígeno, incluso, para Peña Nieto.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx | twitter: @rivapa
Leído en http://periodicocorreo.com.mx/estrictamente-personal-06-abril-2015/
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