Las grabaciones ilegales fueron denunciadas por OHL en agosto, donde señaló a Infraiber como la responsable del delito que tenía como objetivo “extorsionar” y “dañar” a la empresa, por lo que presentó una demanda ante la PGR. La querella tenía un contexto. Ejecutivos de OHL dijeron que previamente recibieron un mensaje del dueño de Infraiber, Pedro Topete, para proponer que a cambio de detener su campaña mediática y jurídica contra OHL, le dieran una compensación multimillonaria. Fue rechazada y el pleito se acentuó.
OHL fue denunciada en desplegados de prensa. El primero, firmado por un particular del que nadie tenía referencia, fue investigado. Según ejecutivos de OHL, el desplegado fue pagado por Infraiber, mientras que el particular que firmó el primero de varios –los posteriores los firmó el abogado de Topete, Pedro Díez–, fue identificado como una persona humilde que acudió a las oficinas de Infraiber después de que se publicó el anuncio. Lo que hizo OHL fue una investigación privada para encontrar los orígenes de los ataques. Sin embargo, hasta ahora no saben con certeza quién hizo las grabaciones y quién las colocó en las redes sociales.
Las grabaciones tienen un punto de partida, la cancelación del convenio con Infraiber, pero han sido manejadas con sofisticación. Peritos contratados por OHL identificaron que comenzaron a grabarlos en junio del año pasado –11 meses antes de difundirse la primera– y que se editaron de distintas conversaciones, acomodadas para incubar suspicacias. Con dinero, equipo y expertos, ese trabajo es relativamente sencillo.
Pero lo que llama la atención es la oportunidad –timing, dicen los anglosajones– con la que se han ido divulgando y la forma como van escalando sus objetivos. Mena fue el primero en caer, porque en su conversación con Pablo Wallentin, exdirector de Relaciones Institucionales de OHL –otra víctima de las grabaciones–, queda claro que recibió favores de una empresa donde sus decisiones tenían impacto. Como no hubo rectificación del Gobierno mexiquense, apareció después otra donde aparece Ruiz Esparza, quien no dijo nada que pudiera ser ilegal. Ese audio fue colocado en YouTube por un usuario que se identificó como “Danielle Steele”, que en la realidad es una escritora de novelas románticas de fama y éxito mundial.
La grabación lastimó la fama pública de Ruiz Esparza, preludio de la continuación de más conversaciones, principalmente entre ejecutivos de OHL que escupían detalles de sus reuniones con funcionarios federales, y mencionaron en una de ellas al presidente Peña Nieto. No ha aparecido aún alguna grabación que involucre a un funcionario peñista en un claro conflicto de interés o corrupción, pero tampoco se sabe cuántos audios más existen. En el Gobierno y en OHL parecieran estar descontrolados sobre quiénes pudieran estar realmente detrás de las grabaciones.
Topete y Díez son sus demonios, pero la pregunta es si este binomio e Infraiber, que no es un gigante internacional o con gran peso político en México, se atreverían a delinquir para cobrar venganza con OHL y recuperar el convenio perdido, utilizando como herramienta de presión al Presidente y su Gabinete. Es posible, pero no probable, salvo que sean insensatos. De cualquier forma deben ser inocentes en este caso porque de haber sido así, por los intereses afectados, la PGR podría haber armado un caso sólido en su contra, que no ha sucedido, al menos hasta ahora.
La siguiente pregunta sería que si no fueron ellos, ¿quién grabó, procesó y escogió los tiempos para su difusión? La respuesta sugeriría la hipótesis que el objetivo central no es OHL, sino Peña Nieto. Quizás no se han dado cuenta del daño que esto causa al propio Gobierno, más allá de OHL, cuyas ocho concesiones activas en el país no han sido alteradas. Los principales afectados son Peña Nieto y Ruiz Esparza, los principales objetivos del desprestigio. ¿Qué es lo que ha hecho el Presidente para despertar odios tan robustos y poderes tan desafiantes? ¿De qué tamaño fue la afectación a los intereses económicos en las reformas para que sea un blanco inmóvil?
Por razones de seguridad, el Gobierno tendría la obligación de saber quién grabó y qué finalidad persigue. No necesariamente tendría que denunciarlo y proceder penalmente contra los autores, sino fundamentalmente para saber quiénes son sus enemigos para neutralizarlos. Hasta el momento no sabe quién cometió el delito, lo cual es imperdonable para un gobierno en términos de seguridad interna. Sin embargo, no hay razones reales para sorprenderse. Ayotzinapa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y ahora OHL, son nombres que serán un tema en la crónica final del gobierno de Peña Nieto, donde la ingenuidad e incapacidad que han mostrado en su solución será una marca indeleble.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx / twitter: @rivapa
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/espionaje-contra-ohl-y-ii-1447317729
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