El problema en el que se encuentra Canales comenzó hace tres años, como secuela del litigio por la sucesión testamentaria de 16% de las acciones de Televisa de Emilio El TigreAzcárraga, a favor de su viuda, Paula Cusi. El litigio por ese paquete accionario comenzó con un juicio civil en 2007 entre la señora Cusi y la parte que reclamaba para sí las acciones de Azcárraga, entre los que se encontraban sus hijos Emilio, Carla, Ariana y Alejandra, el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Alfonso de Angoitia, sus albaceas, Grupo Televicentro, que era el grupo tenedor de las acciones de Televisa, y su afiliada Grupo Alameda. Los abogados de la señora Cusi, su tercera y penúltima esposa, fueron Canales y César Francisco García Méndez.
El litigio se convirtió en una batalla que llevó a la cárcel a la señora Cusi el 23 de abril de 2011 acusada por el delito de falsedad ante las autoridades. Aunque quedó libre por falta de elementos –no pudieron probarle nada de ello durante el tiempo de ley-, haber pasado varios días en la prisión de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, la llevó a aceptar un acuerdo con Azcárraga Jean, actual presidente de Televisa, quien era la principal voz de la parte acusatoria. No parecían estar dispuestos los hijos de El Tigre a que el testamento se dividiera en seis partes iguales y que una fracción de la empresa quedara en manos ajenas a la sangre Azcárraga. Los abogados de la señora Cusi, Canales y García Méndez, negociaron con los demandantes la transferencia de las acciones por su libertad y 50 mil pesos, adicionalmente a una contraprestación por seis millones de dólares (65 millones de pesos al tipo de cambio del momento) que le serían entregados a la viuda.
El documento se firmó el 28 de abril de 2011, donde la señora Cusi cedió “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre, a Emilio Azcárraga Jean. Canales era el apoderado de la señora Cusi y le informó del finiquito de los 50 mil pesos, pero nada más. Todo se habría quedado ahí, hasta que de manera fortuita, meses después de haber recuperado su libertad, la señora Cusi se enteró por voz de representantes de Televisa, que Azcárraga Jean había autorizado que se le diera la contraprestación de seis millones de dólares. La inesperada revelación llevó a la señora Cusi a buscar otros representantes legales y contrató al abogado Jacinto Guillén, quien se convirtió en su apoderado.
Lo primero que hicieron fue cancelar los poderes plenos que tenía Canales y luego procedieron a demandarlo. La denuncia se presentó el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde afirmó el abogado Guillén que Canales y García Méndez “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” los seis millones de dólares pagados por Televisa, “obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a la señora Cusi. Canales y García Méndez han negado cualquier ilegalidad en su proceder, y el actual fiscal anticorrupción de Nuevo León trató de frenar por todas las vías legales cualquier acción que, se ha visto, lo incriminara. Paradójicamente, cuando El Bronco, como Gobernador electo, ya lo tenía en la cabeza como el encargado de combatir la corrupción en Nuevo León, Canales seguía luchando por esconder los pagos que recibió de Televisa que nunca reportó a quien era su cliente.
Lo que Canales buscaba, de acuerdo con la documentación analizada sobre el caso, era evitar que Televisa mostrara los documentos de las transferencias de los seis millones de dólares que nunca reportó a la señora Cusi. Desde febrero del año pasado Canales buscó impedir la instrucción del ministerio público para que Televisa presentara los recibos de la transferencia de los seis millones de dólares a su favor, que fue ganando mediante amparos durante prácticamente todo el año pasado. El último, dictado a su favor el 11 de noviembre pasado, no fue admitido como recurso por ser una cosa juzgada. La instrucción a Televisa fue que presentara la documentación solicitada. Los abogados de Azcárraga no ocultaron nada. Desde que comenzó el juicio contra Canales y García Méndez, ya habían presentado las transferencias electrónicas, que obran en actuaciones. Con ellas queda al descubierto lo que el abogado Guillén llama “administración fraudulenta”. Lo que Televisa entregó fueron dos recibos pagados a empresas de Canales de tres millones de dólares cada uno, en mayo de 2011.
Mañana: El fraude del fiscal
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