Los abogados de Clara Gómez González, la testigo que denunció que lo ocurrido en Tlatlaya no había sido un simple enfrentamiento entre soldados y delincuentes, han anunciado que los militares implicados quedan libres de toda culpa frente a la justicia castrense. El proceso continúa por la via civil.
Los abogados se han enterado casi de casualidad. Santiago Aguirre y Aracely Olivos, representantes de González, han explicado: "desde que supimos que había un expediente en el fuero militar, fuimos a la [Secretaría de la Defensa Nacional], Sedena, pidiendo que Clara fuera parte. La Sedena se lo negó. A partir de eso presentamos un amparo. Como pruebas, el Ejército mandó algunos documentos, entre ellos información sobre el juicio a militares. Recién descubrimos que el juicio se celebró el año pasado y que la sentencia se dictó el 14 de octubre".
Para el Ejército mexicano, los seis soldados implicados en el homicidio de entre 8 y 15 personas quedan exonerados, incluso los tres que encaran procesos por homicidio, abuso de autoridad y alteración del lugar de los hechos en el fuero civil. La justicia castrense condena al oficial implicado, el teniente de infantería Ezequiel Rodríguez, a un año de prisión por el delito de desobediencia. Rodríguez ya cumplió la pena en la cárcel del Campo Militar Número Uno, cercano a la Ciudad de México. De cualquier manera, los militares no podrian ser juzgados por el mismo delito en los fueros civil y militar.
La situación resulta en todo caso rocambolesca, teniendo en cuenta la disparidad de las acusaciones que encaraban los elementos castrenses en el fuero civil y en el militar. Si en el primero se manejaban delitos como homicidio o abuso de autoridad, en el militar eran infracciones contra los deberes militares, caso de los seis absueltos, o desobediencia, delito por el que fue condenado el teniente Rodríguez.
Los abogados de la testigo, integrantes del Centro ProDH, consideran que "la exoneración en el fuero militar de los acusados consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente".
A casi dos años de lo ocurrido, la fiscalía mexicana todavía no llama a declarar a los oficiales de alto rango y jefes militares que podrían haber estado implicados en la masacre de Tlatlaya. El año pasado, el Centro ProDH desvelaba que los soldados manejaban por entonces una orden por escrito de sus superiores que les animaba a "operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad...". Los hechos de Tlatlaya se dieron de madrugada.
Como respuesta a la denuncia de la organización, tanto la Sedena como la fiscalía iniciaron un debate sobre el significado de la palabra abatir, justificando que esa palabra no implica necesariamente que los soldados tengan que matar a nadie.
El desenlace judicial del caso Tlatlaya resulta una incógnita a día de hoy. Se ignoran los tiempos que maneja la justicia civil para iniciar el juicio a los militares. Los abogados de Clara Gómez González dejaron de tener acceso a la investigación de la fiscalía federal, ya que la testigo, según la fiscalía, no es parte afectada en esta historia; no es una "víctima". No importa que su hija Erika, de 15 años, perdiera la vida aquella noche en Tlatlaya. Los peritajes de los investigadores concluyeron que la joven habría muerto en el fuego cruzado, en el enfrentamiento previo a las ejecuciones. No importa que la misma fiscalía acuse a varios militares de haber alterado la escena del crimen. No importa, tampoco, que Gómez González viera todo aquello desde la esquina de la bodega donde se dieron los hechos.
Sus abogados, acompañados de una decena de organizaciones han advertido "el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva".
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/30/mexico/1459360080_019285.html
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