Las modificaciones legislativas para mejorar el campo mexicano es una de las reformas estructurales pendientes del presidente Enrique Peña Nieto. En marzo de 2014 instruyó a la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), a que realizara foros nacionales y regionales con académicos, organizaciones sociales y privadas para debatir la “nueva política pública agroalimentaria”. A la fecha la promesa del mandatario no se ha cumplido.
Los directivos de Monsanto han sostenido pláticas con la Sagarpa sobre el uso de estas tecnologías en los cultivos con la finalidad de echar a andar el potencial del campo mexicano. “Por la abrumadora información científica que habla (a favor) de estas tecnologías estamos seguros de que se va a favorecer a los productores con la posibilidad de tener esta opción y competir cara a cara con los productores de otros países”, afirma Bravo. Sin embargo, aún no hay fechas para una posible discusión en el legislativo.
Monsanto es la mayor compañía de semillas genéticamente modificadas en el mundo. Sus productos han provocado un debate polarizado a nivel mundial. Los detractores, como Greenpeace, aseguran que los transgénicos dañan al medio ambiente porque las toxinas se acumulan en los suelos de cultivo y pueden afectar su fertilidad a largo plazo. Los daños a la salud, advierten, son irreversibles, ya que uno de los agroquímicos más usados en el cultivo de transgénicos puede causar cáncer en los humanos. También aseguran que es un mito que estas semillas alteradas ayudan a reducir el hambre porque solo están diseñadas para producir ganancias a los grandes corporativos.
El rechazo que ha cosechado en sus dos décadas de operación ha quedado de manifiesto en diversos países. En mayo de 2013 hubo manifestaciones en 436 ciudades de 52 naciones que se originaron por una invitación de Facebook. En México, el 73,9% de la población considera que el consumo frecuente de alimentos genéticamente modificados puede ser dañino para la salud, según una encuesta del INEGI. En Europa, donde solo se permite un tipo de maíz, el rechazo es del 61%, mientras que en Estados Unidos tres cuartas partes de los encuestados expresaron su preocupación por la presencia de estas semillas en sus alimentos.
Bravo no piensa lo mismo. Actualmente en cerca de 30 países se utilizan favorablemente estas tecnologías. expone. “En México que exportamos 10 millones de toneladas de grano al año, todo biotecnológico de Estados Unidos, es clara la necesidad de darle la oportunidad a los agricultores mexicanos de usarlas, en lugar de estarle pagando 50.000 millones de pesos al año a productores norteamericanos”, expresa. Sin embargo un prestigioso grupo de chefs mexicanos no coinciden con él. En agosto pasado se pronunciaron en contra del maíz transgénico porque consideran que el cultivo de estos productos atenta contra la diversidad de los maíces nativos y pone en peligro su existencia. Unos días antes de este pronunciamiento, un juez federal revocó una orden que prohibía la liberación al ambiente del maíz transgénico. Aunque parecía un fallo favorable para Monsanto, el colectivo demandante apeló la resolución. “Esa situación en los siguientes meses se va a resolver”, confía el ejecutivo.
Jesús Madrazo Yris, vicepresidente global de asuntos corporativos de Monsanto, está dispuesto a entablar un diálogo con los oponentes a la biotecnología. En el caso de los chefs mexicanos se buscó un acercamiento con ellos, dice, pero no se ha concretado. “Hay declaraciones sobre el maíz transgénico y yo respeto mucho la opinión de estos líderes y estoy sensibilizado con su preocupación, pero creo que la mejor manera de resolver los problemas no es haciendo una declaración, sino teniendo una conversación sobre qué significan estas tecnologías para el agricultor y la sociedad, cuáles son los riesgos y cómo podemos trabajar juntos para enfrentarlos”.
No sólo en la siembra de maíz ha habido trabas para Monsanto. En noviembre pasado, la Suprema Corte mexicana (SCJN) invalidó el permiso que el Ejecutivo había otorgado a la multinacional para producir soja transgénica en Yucatán y Campeche, al sureste del país, y ordenó detener de inmediato la siembra en 253.500 hectáreas. La Corte consideró que la Sagarpa, quien otorgó el permiso, no tomó en cuenta el derecho de consulta que tenían las comunidades indígenas de esa región. Por ello pidió que se organice una consulta a fin de tomar en cuenta su opinión.
Actualmente Monsanto tiene 27 permisos de maíz detenidos. “Algunos son para la etapa experimental, otros para la etapa piloto y unos más para la etapa comercial”, explica Bravo. Una vez que concluyan los litigios y se avance en la reforma al campo, seguramente se comenzarán a destrabar estos permisos. confía. Actualmente en el Plan Nacional de Desarrollo está establecida la importancia que el Gobierno federal le otorgó a los transgénicos desde el inicio de su gestión. Una de las líneas de acción en el sector agropecuario es “orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones que aplicadas al sector agroalimentario eleven la productividad y competitividad”. Este documento, agrega Bravo, define la línea “por donde se quiere mover el Gobierno”. Solo les queda esperar a que la reforma avance.
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/05/mexico/1457138815_667295.html
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