El planteamiento, sin embargo, debe ser al revés: ¿qué hubiera pasado si las fuerzas armadas se hubieran quedado en sus cuarteles? Simple: los cárteles del crimen organizado tendrían el control de la república y del Estado/sistema/régimen.
En los hechos, el tema de los derechos humanos en la actuación de las fuerzas armadas es más bien un pretexto político. Cuando menos han existido quince casos en los que el accionar militar en seguridad interior generó conflictos de derechos humanos, pero en un escenario mayor: casi diez años de operaciones, el debilitamiento de cuando menos diez de los más importantes cárteles nacionales y sus jefes, en promedio cien mil militares en activo persiguiendo delincuentes y criminales y cuando menos la mitad de la república bajo el dominio de la delincuencia.
Sin las fuerzas armadas en acciones de seguridad interior --riesgo de soberanía del Estado, no temas de seguridad pública ni policiacos--, el crimen organizado hubiera tomado por asalto el Estado, así como ya había penetrado en el gobierno y en el régimen.
Por ello la nueva ofensiva de grupos de interés para atacar a las fuerzas armadas por el caso Tlatlaya --muerte de delincuentes en situaciones de presunta violencia excesiva y basado en testimonios de prostitutas-- carece de sentido humanitario y forma parte de una estrategia de desprestigio de las fuerzas armadas por un caso en particular.
De aplicar el método crítico de Tlatlaya, entonces habría que desautorizar a todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos porque varias de ellas han sido ya reveladas como operadas por el crimen organizado para mover protestas, desplegados y desprestigios.
El fondo del caso Tlatlaya quiere sacar de las labores de seguridad interior a las fuerzas armadas justo cuando se tienen datos de una renovación de mandos en los cárteles. Y sobre todo por el efecto de reorganización de capos provocada por el arresto y confinamiento aislado de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y su principal publirrelacionista Kate del Castillo.
Las primeras estimaciones que se tienen de plazas recuperadas por la seguridad respecto al posible retiro de las fuerzas armadas de esos lugares indican una negativa de la sociedad a permitirlo porque al final de cuentas las fuerzas armadas han luchado en combate contra los cárteles, mientras el Estado, el gobierno los partidos y la sociedad han sido incapaces de regenerar el tejido social y político en esas zonas.
No se deben olvidar algunos hechos: las fuerzas armadas son la última línea de defensa de Estado mexicano, Marina fue clave en la captura de El Chapo Guzmán y en retomar el control de los puertos ya en manos criminales, la Sedena logró recuperar la soberanía del Estado expropiada por la fuerza por cárteles criminales y consiguió descabezar a casi todos los grupos delincuenciales organizados, lo que no había hecho la policía ni la sociedad.
Así que las protestas por Tlatlaya son parte de las acciones políticas de grupos criminales para paralizar la acción de las fuerzas armadas en defensa de la seguridad interior.
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Política para dummies: La política es la especial condición humana para no hacerle caso a la crítica, porque al final los críticos no votan.
Sólo para sus ojos:
Las decisiones ambientales del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, carecen de estrategia y de política de comunicación. Desde el jueves los memes han hundido la credibilidad de su oficina. Y ahora vienen los amparos contra el no circula.
Sigue la desaceleración económica. Los analistas bajaron de nuevo las expectativas; y aunque no se prevé recesión ni PIB negativo, de todos modos la baja en el ritmo afectará empleo y salarios.
Además de Veracruz, los focos rojos del PRI se han encendido en Chihuahua. Las revelaciones de negocios del gobernador César Duarte con fondos públicos afectó las posibilidades del candidato priísta. Lo malo para el PRI es que esas dos plazas contaban como victorias y ahora hay posibilidades de derrota.
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