El caso de Moreno Aviña, excomandante del cuartel de Ojinaga (Estado de Chihuahua, norte de México), detenido en 2009, sobrepasa el concepto de la delincuencia común. Bajo su responsabilidad el 25 de julio de 2008 el veinteañero José Heriberto Rojas, supuesto miembro del crimen organizado, fue detenido y conducido a sus instalaciones militares. Allí empezó la tortura, empapándolo para darle descargas eléctricas mientras lo tenían maniatado. A fuerza de sacudidas la víctima acabó colapsando y murió de un ataque al corazón. El paso siguiente de la macabra acción militar fue hacer desaparecer el delito llevando el cadáver a un rancho de nombre La Virulenta para, al modo de los narcos más crudos, quemarlo hasta hacerlo ceniza.
Según el expediente los militares torturaron a Rojas para intentar sacarle información sobre el asesinato de un soldado. El uso irregular de la fuerza fue sistemático en los dos años que el general estuvo al frente de la guarnición.
La sentencia obliga al culpable y a la propia Secretaría de la Defensa a pagar 250.000 pesos (14.500 dólares) a los familiares de la víctima. El Ejército, además, tendrá que hacer una disculpa pública en la que asuma su responsabilidad institucional.
Por otro lado, esta semana un tribunal inició el proceso penal contra dos soldados y tres policías federales que participaron en la tortura que trascendió hace dos semanas. En ese caso, de febrero de 2015, la víctima fue Elvira Santibáñez Margarito, de 21 años. Los soldados le taparon la cabeza, la golpearon, la insultaron, le pusieron el cañón de un fusil en la cabeza y la asfixiaron con una bolsa de plástico mientras la interrogaban. La víctima sobrevivió y está encarcelada por posesión de armamento. A este juicio abierto se suma otro que comenzó el lunes contra soldados acusados de secuestrar y asesinar en julio de 2015 a siete jóvenes en Zacatecas.
En marzo, cinco militares fueron sentenciados a 22 años de cárcel por el asesinato en 2011 del médico de 29 años Jorge Otilio Cantú, tiroteado en su coche en Monterrey.
En la hilera de casos que han sacudido en los últimos tiempos al Ejército, una institución hasta ahora casi blindada al escrutinio judicial, destaca la revelación en 2014 de la muerte de 22 supuestos delincuentes en un enfrentamiento con militares en el municipio de Tlatlaya, con indicios de que las víctimas fueron ejecutadas a sangre fría. Tres soldados involucrados están siendo procesados por la justicia civil.
Con todo, el asunto que más ha zarandeado la imagen del Ejército es uno que aún está por cerrar: la desaparición de 43 estudiantes en 2014 en Iguala. Paradigma de la actual crisis de derechos humanos en México y de larga resonancia internacional, el conocido como caso Ayotzinapa gira, entre otros aspectos, en torno a la actuación del batallón militar local en la noche de los hechos, pues las evidencias muestran que, sabiendo lo que estaba ocurriendo, el Ejército no intervino para proteger a los jóvenes.
A diez años del arranque de la denominada Guerra contra el narco, el plan de combate frontal al crimen organizado iniciado por el presidente Felipe Calderón y continuado por Enrique Peña Nieto, el reguero de violaciones de derechos humanos que ha ido dejando esa estrategia ha evidenciado como nunca los agujeros negros del Estado mexicano. La ONU ha denunciado que la tortura es un patrón generalizado entre las fuerzas de seguridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA habla de "una crisis profunda, que viene de largo y trasciende gobiernos".
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/29/mexico/1461885532_064282.html
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