Trujillo dijo que los 65 millones que reclamaba la señora Cusi, eran pagos contemplados por un contrato de prestación de servicios que habían firmado Televisa y Summer Stream, C.V., una empresa registrada en Holanda cuyo representante era Canales, firmado en mayo de 2010. Con ese contrato en la mano, pedía el abogado Trujillo que el tribunal ratificara el amparo concedido a Canales para que no se obligara a Televisa a presentar los documentos de las transferencias bancarias a Summer Stream porque, sugería, probaba que los 65 millones eran por los servicios de promoción, y no como pago a la señora Cusi por la transferencia de su 16.6% de acciones a Emilio Azcárraga Jean, presidente de la empresa. Por tanto, no habría litis y tendría que ser desechada la denuncia.
La búsqueda para bloquear la orden para que Televisa entregara los documentos al ministerio público comenzó con una primera solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal el 11 de marzo del año pasado. La batalla legal no iba a ser fácil. Durante casi 10 meses, los abogados de la señora Cusi presentaron recursos para evitar el sobreseimiento del caso, que comenzó en 2011, cuando representantes de Televisa le comentaron que Azcárraga Jean había dispuesto una contraprestación de seis millones de dólares -65 millones de pesos al cambio de la época-, que habían sido pagados en dos exposiciones en mayo de ese mismo año. La señora Cusi nunca fue informada por Canales de ese pago, quien había hecho esa negociación, ni entró a su patrimonio. La clave del caso eran las transferencias bancarias de Televisa, que Canales buscaba no se integraran en la demanda de fraude.
Sin ellas, como alegó Trujillo, el único documento válido ante el ministerio público era el contrato de prestación de servicios de mayo de 2010. Cuando perdió el amparo y buscó una revisión del fallo, incorporó al expediente una serie de notas periodísticas de una fiesta que dio Televisa a magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, sugiriendo un acto de corrupción. La postura de la defensa de Canales respondía a que la empresa había entregado la documentación de los pagos el 8 de septiembre de 2015, que mostraban las transferencias electrónicas del 17 y el 27 de mayo de 2011 de tres millones de dólares cada uno, a las cuentas de Summer Stream, y a la declaración ministerial del representante legal de Televisa, Alejandro Bustos, quien había señalado los términos del pago de la contraprestación. Trujillo cuestionó la validez de sus declaraciones porque la negociación había sido durante los días en los cuales la señora Cusi estuvo en la cárcel acusada por Televisa de declaraciones falsas –salió en libertad porque no se probó el delito-, y puso en duda que Canales y César Francisco García Méndez, que trabajó con Canales en el litigio contra Televisa, tuvieran responsabilidad alguna, como los acusaban.
“Si pretendiera (el tribunal) que la señora… Cusi…, tiene el derecho de cobro de los seis millones de dólares a que hace referencia en su escrito de querella, en armonía con lo que dice su mismo apoderado”, argumentó Trujillo en una comunicación escrita dirigida al ministerio público el 22 de septiembre de 2015, “sería tanto como establecer un derecho de cobro respecto de un hecho ilícito pues ¿acaso estamos hablando de que se le daría una cantidad de dinero por su desistimiento y liberación?”.
El 11 de noviembre el caso ya se había inclinado contra Canales, quien decidió con Trujillo tácticas dilatorias. El 19 de noviembre Trujillo pidió que se llamara a declarar a los propietarios de Televisa, a los albaceas de El Tigre Azcárraga, a los abogados y representantes de la empresa, entre los que se encontraban Azcárraga Jean, sus hermanas Carla, Adriana y Alejandra, el responsable financiero de la empresa, Alfonso de Angoitia y seis grupos morales. La petición fue rechazada por improcedente. Un día después, perdió el recurso.
Cuarenta y ocho días antes Jaime Rodríguez, El Bronco, había asumido la gubernatura de Nuevo León. Había ganado la elección con una sola promesa de campaña clara, combatir la corrupción, y con un mandato sin precedente en la historia del Estado, para meter a la cárcel a cuanto funcionario de la administración previa de Rodrigo Medina o sus familiares, les comprobara fechorías. En su toma de posesión afirmó: “El poder siempre ha sido de los ciudadanos y dejamos que se ensuciara. Gracias a ustedes, Nuevo León ha recuperado el camino de su destino”. El 7 de diciembre, escasas dos semanas después de perder el juicio, El Bronco nombró a Canales su zar anticorrupción.
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