La lógica del informe es muy sencilla. Sostienen que las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y el uso generalizado de la tortura por las fuerzas de seguridad mexicana y por Los Zetas de estos últimos 10 años constituyen crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional en La Haya. Como los redactores del informe, y seguramente la fundación de Soros, decidieron no hacer esa recomendación directamente, encontraron una postura intermedia: que se haga la investigación en México, pero con el apoyo internacional.
El informe recurre a una gran cantidad de casos, la mayor parte ya conocidos, pero los ubica en un marco contextual jurídicamente más sólido que el de otras peticiones a la fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación preliminar. Considera que el uso de los términos generalizado y sistémico sí es adecuado, y recurre constantemente a ejemplos de encubrimiento y de no castigo para mostrar cómo no sólo se trata de crímenes de lesa humanidad, sino impunes. Huelga decir que este informe no tendrá la más mínima repercusión en la postura del Gobierno.
Ya la respuesta oficial ayer fue entre ridícula y calderonista. Decir que la inmensa mayoría de las muertes son resultado de conflictos entre integrantes del crimen organizado es aberrante: ¿cómo lo sabe el Gobierno si sólo se han abierto un número mínimo de averiguaciones previas? ¿Cómo lo sabe a propósito de las decenas de miles de desapariciones? ¿Cómo si no se han recuperado los cadáveres en muchos casos?
Sin embargo, al acumularse este tipo de informes por parte de instituciones de gran prestigio en el mundo (sólo los castristas antisemitas no quieren a Soros) se va generando una presión cada vez mayor para que en efecto lleguemos poco a poco a medidas más radicales.
Quienes nos hemos preocupado por los derechos humanos desde hace más de 25 años, fuimos a Guatemala a ver de cerca el funcionamiento de la CICIG y hablar con sus integrantes desde hace más de un año y sugerimos desde entonces que probablemente era conveniente un mecanismo análogo en México, no podemos más que congratularnos del contenido de este informe y de sus recomendaciones. Asimismo, quienes pensamos desde el 2012 que las más de 20 mil firmas que fueron enviadas a La Haya pidiendo la apertura de una investigación preliminar del gobierno de Calderón estaba mal armada y no iba a ser aprobada (ya fue rechazada), creemos que este informe puede servirle a quienes quieran volver a presentar esas solicitudes, pero ya en un marco jurídico e investigativo más sólido.
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/atrocidades-innegables-1465455075
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