Esta premisa será puesta a prueba en los próximos meses. El domingo pasado varios gobernadores conocidos por sus tropelías perdieron el poder a manos de un partido político rival. Tan pronto como se anunciaron los resultados electorales, los vencedores pregonaron su intención de llevar a la cárcel a los mandatarios corruptos. Y ciertamente no faltarán motivos: Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, César Duarte en Chihuahua y Jorge Herrera en Durango se caracterizaron por su voracidad y un reiterado desprecio a las legislaciones vigentes, siempre en beneficio de su voluntad. Gobernadores que operaron, justamente, como si nunca fueran a perder el poder.
Los analistas aún no se ponen de acuerdo sobre las razones de la derrota de todos estos gobernadores priistas: malos candidatos, hartazgo frente a la corrupción, imagen deteriorada del presidente, errores de operación del partido. Probablemente un mezcla de todas ellas.
Al margen de las causas, me gustaría detenerme en las consecuencias. ¿Qué efecto podría tener sobre el combate a la corrupción y el fin de la impunidad que estos gobernadores fueran llevados a tribunales?
Para su desgracia no solo lo perdieron, sino que en su desesperación por conservarlo recurrieron a todas las estrategias posibles para dañar a los hoy vencedores. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes afrontó acusaciones de pederastia, enriquecimiento y presiones familiares. En Quintana Roo y en Durango, Carlos Joaquín y Rosas Aispuro, respectivamente, en algún momento temieron por su integridad física y la de su familia.
Así que a los argumentos jurídicos y a la enemistad política, los próximos gobernadores añaden las ofensas personales recibidas de parte de su antecesor. Si no bastaran las razones legales, quisiéramos pensar que el rencor podría ser la fuerza que impulse el procesamiento de estos facinerosos.
Por desgracia, en política solo hay intereses. Habrá que ver cuántos de estos ex gobernadores terminarán en prisión y cuántos negociarán un procesamiento meramente simbólico o, de plano, nulo.
Pero supongamos que los cuatro efectivamente son condenados en tribunales. Significaría que cuatro de los doce gobernadores salientes pagarían por sus delitos. Uno de cada tres. ¿Afectaría el comportamiento futuro de gobernadores y funcionarios públicos? ¿Modificará en algo el patrón universal de enriquecimiento a costa del erario que caracteriza a la cosa pública?
Ojalá, pero también sobre esto tengo mis reservas. Quizá modere un poco el apetito, al menos en sus expresiones más descaradas. Aunque mucho me temo que la verdadera moraleja que estos virreyes del territorio extraerán de las elecciones del domingo pasado sea otra: sus colegas van a la cárcel no por atascados sino por ineptos. La lección que muchos de ellos extraerán es que bajo ningún motivo pueden perder el poder; que imponer a su delfín e instalarlo en la silla nunca se había vuelto tan importante como ahora.
Y lo que vale para una gubernatura vale para la presidencia. Enrique Peña Nieto entenderá que la posibilidad de perder el poder a manos de un rival como Andrés Manuel López Obrador no sólo entraña consecuencias políticas sino probablemente penales. Imponer a su propio candidato o ceder el trono ante un candidato rival pero asequible será la obsesión presidencial en los próximos dos años.
De donde se desprende una consecuencia que no es menor. Si el PRI no es capaz de ganar las próximas elecciones, el último recurso para Peña Nieto consistiría en apoyar a Margarita Zavala por el PAN: él trató con algodones a su antecesor; podría esperar lo mismo de su esposa.
@jorgezepedap
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/08/mexico/1465415583_142858.html
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