“¡No sabes el miedo que tenían! ¡Llegamos y soltaron toda la sopa a la primera pregunta!”, me cuenta admirada una fuente de alto nivel ligada a la investigación sobre el dinero sucio de los casinos ilegales de México. Está hablando de los interrogatorios que, tanto la PGR como la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hicieron a ejecutivos de casinos en el norte del país y el DF, al día siguiente del incendio que mató a más de 50 personas en el Royale.
Cuando en ocasiones anteriores habían tomado declaración a presuntos responsables de cometer delitos en el marco de los centros de apuestas, ninguno quería hablar y esperaban hasta desafiantes la intervención de sus abogados para sacarlos del problema. Sin embargo, quizá movidos por el pavor que generó la tragedia del Royale, algunos dueños y no pocos gerentes y empleados de casinos ilegales colaboraron ampliamente con las autoridades.
Un grueso expediente recoge las declaraciones vertidas ante la autoridad y que generó dos sorpresas entre los encargados de la seguridad nacional (en el operativo convergieron Ejército, Gobernación, PGR, Hacienda y SSPF):
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