Con la destitución fulminante del procurador de Guerrero, Alberto López Rosas; del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, y el subsecretario, general, Ramón Arreola, no se lava la sangre de Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, y Jorge Alexis Herrera, de 21, masacrados en Chilpancingo por fuerzas policiacas… Tampoco las lesiones de otros catorce. Ni la violación a los derechos humanos de Gerardo Torres Pérez, torturado y acusado de haber disparado un “cuerno de chivo”. La incapacidad del gobierno encabezado por Ángel Aguirre Rivero criminaliza una protesta mediante la represión furiosa. “Siembra la semilla de otro oaxacazo”, advierte la analista María Amparo Casar.
El gobernador perredista (antes priista) no aprendió la lección de Aguas Blancas. En aquella matanza asesinaron a 17 campesinos, también a manos de fuerzas policiacas guerrerenses. QuizásAguirre Rivero ya lo olvidó, pero el cadáver político de Rubén Figueroa no sólo se lo recuerda. También lo apesta.
Negligencia, ineptitud y abuso de autoridad podrían ser las acusaciones del sangriento episodio de Chilpancingo. No sólo por el desalojo violento. El asunto trae cola larga.
En septiembre pasado, el gobernador de Guerrero fue a la Normal de Ayotzinapa. Primero para sacarse la foto y, luego, para hacer lo que mejor le sale: prometer… Anunció que aumentaría a 50 pesos la ayuda por estudiante para que pudieran comer tres veces al día. Sólo les entregan diez pesos.
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