Michoacán parece sólo ser un experimento. El PAN y el PRD están empujando juntos la anulación de las elecciones para gobernador, que oficialmente ganó el priista Fausto Vallejo, con el argumento de que el crimen organizado manipuló el resultado de los comicios y que, por tanto, validarlo sería entregar al narco la Entidad.
El Presidente Felipe Calderón se ha sumado activamente a la campaña por la anulación de la elección en su tierra natal: ha denunciado el asunto con intensidad al menos tres veces esta semana. Su nuevo secretario de Gobernación arrancó su gestión sólo hablando enfáticamente de ese tema.
Así, crece lo que parecía una simple grilla local y se suma a una serie de maniobras que desde distintas fuerzas políticas e instituciones tendrían como consecuencia la anulación de la elección presidencial de 2012:
1.- Desde Los Pinos se anima la versión de que el PRI tiene un pacto con los capos de la droga, urgidos de que termine la estrategia panista de combate al narcotráfico, sello del sexenio. Y que este pacto sería no sólo en Michoacán sino en todo el país, y que dataría de la elección presidencial de 2006. La hipótesis de fondo es que la elección está irreversiblemente contaminada por el crimen.
2.- Los afines a Andrés Manuel López Obrador divulgan en declaraciones, opiniones, artículos y libros la versión de que “la elección ya sucedió” y que por tanto, el día 1 de julio de 2012 habrá una especie de trámite nacional en donde más o menos 20 millones de personas, incapaces de razonar, idiotas funcionales, seguirán las instrucciones de la televisión y acudirán a cruzar la boleta en favor de Peña Nieto. El plan juega, desde antes de que arranque la campaña, con impulsar un conflicto poselectoral por presunta inequidad en la contienda.
3.- En el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay gran preocupación por las resoluciones de la Comité de Radio y Televisión del IFE, donde dos de los tres consejeros integrantes (uno cercano al PRD y a un grupo de Los Pinos, otro cercano al Senado priista) aprobaron —con un sorprendente cambio de voto de uno de ellos a última hora— un reglamento para la difusión de spots que los medios electrónicos denuncian que no tienen capacidad de cumplir y el IFE no tiene capacidad de supervisar. Esto derivaría en que masivamente, candidatos de todos los partidos podrían impugnar el proceso (porque no les cumplieron con su propaganda gratuita) y éste, anularse.
¿Es realmente lo que están buscando? ¿Anular la elección presidencial de 2012? ¿De plano que no haya?
Uno pensaría que si el saldo final de su administración es que no pudo haber elección por la penetración del crimen organizado al que se propuso aniquilar, estaríamos frente a un fracaso mayúsculo. Pero quizá la prioridad es otra.
Saciamorbos
Se va el secretario de la Función Pública. No por su esposa. Por una senaduría en Michoacán.
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