Aun año de que concluya el gobierno calderonista, la crisis de inseguridad en el país se agudizó y amenaza con escalar todavía más: las matanzas se incrementan, los pactos entre cárteles se rompen y las bandas
se multiplican, el narcotráfico en general aumenta sus controles territoriales y el Estado muestra cada vez mayor debilidad frente a los embates del crimen organizado.
Ante el fracaso evidente de la política antidrogas del gobierno federal, los propios funcionarios del gabinete reconocen fallas de estrategia.
En febrero pasado, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, admitió ante los legisladores que la administración calderonista no ha podido consolidar una política de Estado para combatir el crimen organizado.
Pero García Luna –quien lleva dos sexenios en tareas de seguridad: durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y desde 2006 está al frente de la
SSP– no es el único funcionario que admite el fracaso de la estrategia antidrogas.
El pasado 23 de noviembre, Ramón Pequeño, jefe de la División Antidrogas del gobierno federal, declaró que la batalla contra los cárteles no ha rendido los frutos deseados, debido a la penetración del narco en la sociedad y a la falta de respuesta de los gobiernos locales. En una conferencia que impartió bajo
el tema Lucha contra las drogas en México, organizada por El Colegio de México, el funcionario añadió que lo que vino a dar “todo el cambio en la lógica de la racionalidad como venían funcionando los grupos fue la incursión de Los Zetas en el esquema de distribución de los territorios. ¿Por qué? Porque anteriormente había un lazo de consanguinidad (…) dentro de los cárteles, que (era) la parte de la lealtad que se tenía al interior de las organizaciones criminales: Tú casado con mi hermana; yo casado con tu tía. Así se iba armando el tema”.
Si bien Pequeño negó que el territorio nacional esté bajo dominio de Los Zetas, explicó que cuando ellos “entran en escena tienen una idea de cuerpo completamente diferente y tienen una lógica de control territorial muy grande, como cualquier militar. Entonces, ellos buscan el control territorial, lo detonó la violencia.
Primero, por el combate entre las distintas facciones y por la participación de policías municipales en algunas bandas”.
La violencia que viene
Lo cierto es que en este contexto la guerra entre las bandas delincuenciales y el gobierno federal ha cobrado mayor intensidad, pues los grupos criminales son “verdaderos ejércitos paramilitares” y actúan con más saña, afirma por su parte Carlos Antonio Flores Pérez, exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) entrevistado por Proceso. Adscrito actualmente al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el especialista en temas de seguridad y crimen organizado
va más allá: sostiene que en la recta final del sexenio calderonista “se espera mayor violencia, golpes a la clase política, a los grupos empresariales y probables atentados contra aviones comerciales y derribamiento de aeronaves oficiales, como ocurrió en Colombia en los tiempos más terribles que vivió ese país”.
Según Flores Pérez, es factible que el narcotráfico ejerza mayor violencia hacia los hombres del poder, incluso atentados a gobernadores, legisladores, alcaldes y empresarios connotados, pues la descomposición
de México empieza y esta crisis aún no toca fondo. E insiste: En el peor momento colombiano comenzaron los estallidos de bombas. Ese momento parece acercarse para México en medio de su crisis de gobernabilidad.
Asegura que no se esperan mejores condiciones de seguridad al finalizar el sexenio, pues el Estado ya no tiene capacidad de contención debido a que el crimen organizado está desbordado en sus planes de control territorial.
Y en lo que atañe a la elección presidencial de 2012, afirma que no existe ningún elemento para dudar de que el crimen organizado participará activamente en ese proceso electoral, tal como ocurrió en Michoacán en noviembre último; ahí, dice, sin duda influyó con sus instrumentos de terror para inclinar el resultado hacia
su conveniencia de mantener el control territorial a cualquier costo.
–La estrategia gubernamental para atacar al crimen organizado ha tenido muchas fallas. Desde su punto de vista, ¿puede ya ser juzgada como un rotundo fracaso? –se le inquiere.
–Es deplorable. Estamos inmersos en una espiral de violencia sin fin y veo que esta crisis aún no ha tocado fondo. Hay una lógica de fragmentación de los grupos del crimen organizado, pero paralelamente surge
el paramilitarismo ligado al narcotráfico.
“Lo vemos en Los Zetas: también en Sinaloa, con sus brazos armados, como los Ántrax, y es muy claro en La Familia Michoacana. Esta evolución no la advirtió el gobierno federal a pesar de que desde 2006 ya había
datos y muchos elementos de cuidado que no se atendieron. Aun así, se optó por un combate plagado de improvisación.”
En relación con el viejo proyecto de que el país cuente con una policía eficaz para enfrentar a los cárteles, comenta: “No habrá policía eficaz si no hay gobierno eficaz; no habrá cuerpos policiacos sanos si no hay una tarea de gobierno sana; no habrá grupos policiacos depurados si el poder no se depura a sí mismo”.
–¿Y el Ejército? ¿Acaso vamos a vivir con un país militarizado?
–No hay alternativa. El Ejército no puede salir de las calles en este momento. Es muy peligroso. La clase política está envuelta en el caos y el presidente ha perdido el rumbo. El gobierno de Calderón terminará apuntalado con los militares; sin ellos el país se precipitaría a un abismo aún peor. Es urgente que el Estado se rearticule y retomelos controles que ha perdido.
Y el monstruo creció
Al iniciar la cruzada del gobierno calderonista contra la delincuencia organizada en 2006, el país estaba controlado por seis cárteles: el del Golfo, el de Sinaloa, Los Zetas, el de Juárez, el de Tijuana y el de La Familia Michoacana. Este último había irrumpido en Michoacán y pronto dio muestras de su violencia y poder de corrupción.
La guerra estaba centrada en la lucha territorial que enfrentaban Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y Eduardo Costilla, El Coss, por el control de Tamaulipas. Un año después, la Drug Enforcement Administration (DEA) advirtió que entre los cárteles que comandaban los capos, el de Sinaloa y
el del Golfo, respectivamente, estaban negociando un arreglo, que tiempo después se consumó.
A pesar de la intensa actividad militar en el país, ambos grupos negociaron con libertad; incluso intentaron una alianza de cárteles para poner fin a la larga etapa de confrontaciones. No obstante, ese acercamiento provocó
rupturas: Los Zetas rompieron su vínculo con el cártel del Golfo a principios de marzo de 2010 y optaron por independizarse.
Hoy, sus integrantes disputan el control del territorio nacional con las otras bandas criminales. El cártel del Golfo se alió con La Familia Michoacana para crear en su entorno brazos operativos y armados como La Resistencia, el Cártel de Guadalajara Nueva Generación, Los Pelones y Los Ántrax, éstos dos últimos
considerados el grupo de choque que ejecuta las matanzas y los ajustes de cuentas de los sicarios de las organizaciones rivales. Pero Los Zetas, el grupo más beligerante, según las autoridades federales, no se quedaron solos en el escenario nacional. Pronto se asociaron con la organización de los hermanos
Beltrán Leyva, que a su vez se había escindido del cártel de Sinaloa, y con el cártel de Juárez, acérrimo rival de la organización que comanda El Chapo Guzmán.
La guerra entre los cárteles no cesó, pese a la multiplicada presencia militar. La violencia cobró mayor intensidad, pues ya no sólo era por el negocio de las drogas, sino por el control territorial.
Para Flores, los enfrentamientos transformaron a los grupos criminales: “Ya no son cárteles que operan al viejo estilo, que tienen una región controlada y que sólo les interesa el negocio de las drogas. Hoy son grupos paramilitares y dominan todo tipo de actividades ilegales mediante las cuales obtienen dinero para mantener sus estructuras de pie”.
Según el investigador del CIESAS, el mapa criminal se fue transformando en la medida en que los cárteles se volvieron más poderosos mediante alianzas y la obtención de armamento de mayor poder.
E insiste: el fracaso del gobierno fue claro desde el momento en que, conforme los cárteles cambiaban sus esquemas de operación, las autoridades federales no pudieron modificar su estrategia y se conformaron
con mantener la contención a base de policías y militares. Ese fue el error. –¿Se entrampó el gobierno? –se le pregunta a Flores.
–No supo enfrentar los cambios del crimen organizado y atacarlo con mejores estrategias e inteligencia. A esto hay que sumarle la corrupción institucional, uno de los problemas más perniciosos que hasta la fecha impide la verdadera depuración de las corporaciones policiacas. El problema de las policías no es sólo su falta de profesionalización y de capacidad. Su problema mayor es que no se han depurado en años, pero esta depuración se concretará sólo cuando se depure el poder político, origen de todos los males.
“Las policías históricamente han tenido función de intermediarios entre el crimen organizado y el poder, pero como en el poder priva la corrupción desmedida, las policías son un reflejo claro de la pudrición que hay en la cúpula del poder.”
El fracaso oficial fue aún más evidente, reitera, no sólo por la falta de contención de los grupos criminales, sino porque en el transcurso de la guerra contra el narco surgieron nuevos cárteles que terminaron por controlar el país.
En Guerrero, por ejemplo, surgió el cártel del Pacífico Sur, escisión de la organización Beltrán Leyva, que tuvo como cabecillas a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y a Sergio Villarreal Barragán, El Grande,
ambos actualmente presos por sus nexos con el crimen organizado. También irrumpieron Los Caballeros
Templarios, escisión de La Familia Michoacana, y cuya base de operaciones se encuentra en el estado de Michoacán, una de las entidades más disputadas precisamente por ser considerada la puerta de entrada al
Pacífico mexicano. Jalisco, que desde los ochenta no tenía un cártel, se convirtió en lugar de asiento del Cártel de Guadalajara Nueva Generación, de La Resistencia y de los llamados Matazetas, los cuales están ligados al cártel de Sinaloa, la organización más poderosa de México y cuya presencia se extiende a más de 48 países. Otros territorios, donde hasta hace poco no había violencia, como Veracruz, fueron sacudidos por ella. Tan pronto concluyó el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, un grupo de matazetas llegó desde Jalisco y
arremetió contra los sicarios de esa organización paramilitar. Hoy le disputan ese codiciado territorio e intentan sentar sus reales en buena parte del Golfo de México.
En manos de criminales
De acuerdo con Carlos Flores, aun cuandoel gobierno de Felipe Calderón mantiene su discurso triunfalista frente al crimen organizado y así continuará hasta el final de la administración, ese discurso no se sostiene.
Dice que las detenciones de criminales y los decomisos de dinero y droga no son golpes suficientes para garantizar la seguridad del país. Eso ha quedado claro en cinco años de administración calderonista: “Hay muchos arrestos, decomisos cuantiosos de drogas, pero la evaluación del rendimiento institucional no alcanza,
no es suficiente. En consecuencia, tenemos un resultado deplorable en materia de seguridad. No se han cumplido los objetivos trazados al arranque del sexenio en el sentido de dar mayor seguridad y de rescatar
los espacios públicos.
Hoy el país está en manos de los criminales.
“Lo peor de ese escenario es que a nivel de municipios priva una aguda crisis de gobernabilidad, que se agrava por la penetración de los grupos criminales en la política.
Y no quiere decir que a ellos les interese el poder político, sino que están llevando al poder a personas afines a sus intereses. Su objetivo es mantener el control territorial. Eso es lo que más les importa.”
–¿Cómo ve a la clase empresarial? ¿Cree usted que despierte y se asuma y exija seguridad?
–No la veo activa. La observo al margen de los problemas, pero esa pasividad no es sana. Nadie duda que a ellos les llevará también la violencia, como ocurrió tristemente en Colombia. El desenlace del sexenio será muy difícil. No podemos esperar otra cosa más que mayor violencia. En Colombia fueron dinamitados los clubes donde los empresarios se refugiaban. En México todo puede pasar. Nadie está exento.
Y se explaya: “Hay muchos componentes que permiten sostener la tesis de una mayor crisis. La impunidad, la corrupción institucional agravada, el paramilitarismo ligado al narco y la parálisis oficial. Los casos
relevantes, como la Operación Limpieza, se han caído; las acusaciones contra personas ligadas al crimen no se concretan. Y aunque este gobierno ha golpeado las estructuras criminales, ha dejado libres a sus cabezas.
“La estrategia de seguridad es una parte importante en el combate criminal, pero no es lo único. A la estrategia del gobierno le han faltado otros componentes, como el desmantelamiento patrimonial, golpear
los negocios donde se invierte el dinero sucio y alentar la participación social. “Es muy desalentadora la cifra de que 7 millones de jóvenes no tienen estudio ni acceso a un trabajo digno. Y con el hecho de pensar que 10% de ellos pueden ligarse al crimen organizado, tendríamos un escenario
aún más preocupante, pues veríamos a los grupos criminales muy fortalecidos frente a un Estado que no sabe cómo enfrentar el problema. Además, con acciones de fuerza no se puede resolver nada.
“Es claro que ningún grupo criminal puede invadir o controlar al Estado en su conjunto, pero esto no implica que no estén en condiciones de invadir ciertos pedazos del Estado y generarle atrofia institucional, como ocurre ahora. “La guerra contra el crimen organizado no es desechable; fue un intento positivo del presidente Calderón, pero es claro que no pudo con el problema. Hay que rediseñar la estrategia, hacerla más integral para recuperar territorios. Con la actual estrategia el resultado es intrascendente.”
Según el entrevistado, la guerra por el control territorial la protagonizan el cártel de Sinaloa y Los Zetas, quienes consideran que el grupo del Chapo Guzmán cuenta con protección institucional. La versión
se refuerza con el juicio que enfrenta Vicente Zambada Niebla en Estados Unidos y en cuyas audiencias preparatorias salieron a relucir evidencias de supuestos arreglos entre la DEA y el cártel de Sinaloa a
cambio de información. –¿Es necesario pactar con el narcotráfico? –No se puede pactar con los narcos. No
son insurrectos y es una apuesta inviable. El próximo gobierno no podrá hacerse a un lado frente al problema. Debe articular una estrategia más razonable y enfocar las soluciones al combate de la violencia. Yo insisto
en que deben depurarse las policías, pero antes debe depurarse el poder político. Sin autolimpieza no hay futuro.
Leído en Revista Proceso 1831
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