El 23 de noviembre, en la celebración del Día de la Marina Armada de México, Felipe Calderón en Acapulco justificó y defendió una vez más su estrategia de la lucha frontal contra las organizaciones del narcotráfico. Al concluir señaló: "quiero reiterarle a los ciudadanos de Guerrero y de todo México que no están solos [frente al crimen], que [el gobierno federal y sus Fuerzas Armadas] los hemos apoyado y los seguiremos apoyando, que los vamos a seguir protegiendo, que no eludimos nuestra responsabilidad de proteger a la gente, por más riesgos y críticas sin sentido que eso implica". Sin embargo, y desde el exterior, Human Rights Watch (HRW) acaba de mostrar que los supuestos protectores de la sociedad no siempre la protegen y que cuando están en falta suelen eludir su responsabilidad (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf).
A mediados del siglo XVII, Thomas Hobbes sostuvo en El Leviatán que la obligación primordial del soberano es la preservación de la paz social -de la vida y las propiedades de sus súbditos- pues esa era la razón de ser del Estado: evitar la guerra de todos contra todos y donde "el hombre es el lobo del hombre". En teoría, la posición de Felipe Calderón pareciera basarse en la propuesta de Hobbes: la razón de ser del gobernante es, sobre cualquier otra, la de proteger a la sociedad de esos "lobos del hombre", los narcotraficantes. Se puede discutir si realmente ese fue el motivo de la decisión inicial de desatar "la guerra contra el narco" y no la necesidad de lograr disminuir por la vía militar un déficit de su legitimidad original. Sin embargo, sea cual fuere la causa, el problema es que esa política no ha dado resultado. Las cifras de muertes relacionadas con esa guerra van en aumento; de 2 mil 275 en 2007 pasaron a 11 mil 583 en 2010 y para noviembre de este año ya habían superado los 11 mil 500. Todo indica que al concluir 2011 se habrá rebasado la cifra de muertes del año anterior en el frente de la guerra mexicana contra el crimen organizado (Ejecutómetro del diario Reforma).
Hubo tiempo que en México los criminales temían a "los federales" pero ese tiempo ya pasó. En 1985, la tortura y asesinato en Jalisco del agente de la DEA Enrique Camarena probó que los narcotraficantes ya le habían perdido el respeto incluso a Washington y ya habían colonizado a la misma policía política federal: a la Dirección Federal de Seguridad. Sin embargo, en aquel entonces aún no hacían alarde público de esa capacidad, pues los cadáveres de Camarena y de su piloto no los exhibieron, los ocultaron. Veintiséis años más tarde y miles de muertos y centenares de miles de millones de pesos gastados en el aparato de seguridad del gobierno mexicano, las cosas han empeorado pues la producción y trasiego de drogas no han bajado pero la violencia y la insolencia criminales se han desbordado. Las últimas y espectaculares matanzas en Sinaloa y Jalisco muestran que el liderazgo de las bandas de narcotraficantes consideran que pueden darse el lujo de llevar a cabo asesinatos en masa y hacerlos públicos como una forma de desafiar abiertamente no sólo a los cárteles rivales sino a las autoridades locales y federales. Tras cinco años de supuesta mano dura del gobierno con el crimen organizado, este demuestra que se mantiene muy bien organizado, al punto que con pilas de cadáveres anuncia que se puede meter "hasta la cocina" del propio gobierno.
· Protección que no protege
Calderón dijo en el discurso de Acapulco que su gobierno y las instituciones que él comanda -las diversas Fuerzas Armadas- han protegido y seguirán protegiendo "a la gente". El contexto permite suponer que el concepto de "gente" no incluye a todos los mexicanos sino sólo a los que no están involucrados con el crimen organizado. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por HRW y publicadas recientemente llevan a concluir que los supuestos protectores no son siempre tales y que, en el transcurso de su guerra contra los criminales, también se llevan entre las patas de sus caballos a algunos miembros de "la gente", pues no todos los clasificados como criminales pudieran ser tales y, aun suponiendo que realmente lo fueran, se les castiga o se les deja al margen del marco legal vigente.
El título de la publicación de HRW de 231 páginas en cuestión es una síntesis exacta de su tesis: "Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' en México". Este documento se centra en lo que ha sucedido en sólo cinco estados -Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Tabasco- y tiene como base medular, además de documentos oficiales, más de 200 entrevistas a funcionarios y a víctimas, a miembros de las Fuerzas Armadas y a testigos. El documento llega a una serie de conclusiones que no coinciden -casi se contraponen- a lo dicho por Calderón en Acapulco.
· Datos
Veamos primero las "cifras duras" de HRW. Los militares asignados a operaciones contra el narcotráfico suman ya más de 50 mil efectivos a los que hay que añadir policías federales y locales. La organización internacional documentó 170 casos de tortura de detenidos por parte de militares y policías -golpizas, asfixia, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, tortura sexual. También 39 "desapariciones" de personas, donde "existen pruebas contundentes de que habrían participado las fuerzas de seguridad", aunque las autoridades han negado esa participación. En 24 casos HRW obtuvo "pruebas creíbles" de que esas fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales. Si bien entre 2003 y 2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 691 denuncias por acciones de soldados contra civiles, la cifra se disparó a 4 mil 803 entre 2007 y 2010. En el conjunto de casos de abuso de las autoridades documentado por HRW "[l]a mayoría de la víctimas...eran hombres jóvenes de origen humilde o de clase trabajadora...mecánicos, conductores de taxi, empleados de fábricas y trabajadores de la construcción". Entre 2007 y junio de 2011 la justicia militar inició 3 mil 671 investigaciones de denuncias de violación de derechos humanos de militares contra civiles pero sólo terminaron en condena menos del 0.5% de los casos, es decir, 15. Conviene notar que HRW calcula que en Ciudad Juárez apenas el 10% de los que se consideraron afectados por acciones militares ilegales presentaron una queja ante la comisión estatal de derechos humanos. Felipe Calderón ha asegurado que el 90% de los asesinados relacionados con el narcotráfico son también narcotraficantes, pero HRW señala que no hay ninguna investigación que justifique la cifra.
· Conclusiones
Tras su investigación, HRW llega a varias conclusiones, entre otras que Calderón "[e]n lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública...decidió emplearlas para llevar adelante una 'guerra' contra organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor poder". Sin embargo, y como resultado, la política de seguridad mexicana ha fracasado pues "[n]o sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos...en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la 'guerra' desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país". En suma, que las conductas de los agentes que afectan los derechos humanos de los ciudadanos "son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública [de México]".
· ¿Qué hacer?
Todo indica que, durante el tiempo que le resta, la actual administración va a persistir en su política de lucha contra el crimen organizado. El reporte de HRW ha sido desestimado igual que la demanda del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de modificar la política vigente. Las 23 mil firmas de mexicanos que respaldan la denuncia que se acaba de presentar contra Felipe Calderón y Joaquín (El Chapo) Guzmán Loera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad no sólo han sido desdeñadas por el gobierno federal sino que los firmantes han sido amenazados por incurrir en difamación.
Ante el brutal y complejo problema del narcotráfico que crece día a día, los candidatos presidenciales están obligados a reaccionar no sólo con ideas generales sino también con propuestas concretas, realistas, que tomen en cuenta la (mala) experiencia y los factores internos y externos que nos han hundido en el pantano en que nos encontramos, para dedicar el próximo sexenio a empezar a salir de él. ¡Vaya suerte la del ganador!
Leído en http://www.reforma.com/editoriales/nacional/636/1270870/
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