Sensata, comprensible, pero sobre todo constitucionalmente, y por inapelables que sean las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus resoluciones no pueden imponerse a los otros dos poderes de la Unión.
Por eso mismo, el Tribunal hizo notar ayer que su resolución no juzga los actos legislativos de la Cámara de Diputados, sino que señala un acto administrativo al que no ha dado cumplimiento: nombrar a los tres consejeros electorales que faltan en el Instituto Federal Electoral.
Se requiere, dice la observación, que ese cuerpo legislativo “dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 41; es necesario volver a la regularidad constitucional en cuanto a la completa integración del Consejo General del IFE; se debe requerir a la honorable Cámara de Diputados que cumpla esta atribución antes de que concluya este periodo de sesiones” (15 de diciembre).
De otra manera, lo que el Tribunal sugiere, nada más, es que los diputados dejen de hacerse pendejos.
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