Al momento de rendir protesta como diputados federales, los también llamados representantes populares juraron, entre otras cosas, respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Es decir, que los “señores diputados” y las “señoras diputadas”
tienen como tarea principal y obligación fundamental velar por el
respeto a la Carta Magna y todos los reglamentos y leyes derivados de
ese ordenamiento fundamental del Estado mexicano.
Viene a cuento el tema porque los representantes populares de la LXI Legislatura convirtieron la violación constitucional en uno de los “deportes favoritos” de la clase política mexicana. Y es que desde hace más de un año los diputados debieron cumplir la obligación constitucional de seleccionar a tres consejeros del Instituto Federal Electoral, el árbitro central de la contienda comicial federal que se llevará a cabo el 1 de julio de 2012.
Sin embargo, todos y cada uno de los 500 diputados no sólo han incumplido el mandato fundamental para el que fueron llevados —por el voto popular— a la llamada casa del pueblo, sino que, de manera sistemática, y por más de un año, han violado la Constitución. Por eso la pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de tal violación constitucional?
Según especialistas del tema, la actual Legislatura de la Cámara de Diputados no sólo está en falta por incumplir el mandato constitucional de proponer y aprobar a los tres consejeros que faltan en el IFE. En realidad, la falta en la que han incurrido los diputados y las diputadas federales, convierte a la actual Legislatura en un órgano del Estado mexicano cuyos trabajos y resoluciones se podrían invalidar en un juicio de la materia. ¿Por qué?
Porque, hoy por hoy, los diputados federales están en falta desde que no han cumplido su mandato de elegir a los tres consejeros del IFE. Pero, además, el escándalo trasciende la esfera del trabajo legislativo. ¿Por qué? Porque las responsabilidades de una Legislatura como la actual, en el proceso electoral federal de julio de 2012, son trascendentales.
¿Qué quiere decir eso?
Poca cosa, que la Cámara de Diputados y la actual Legislatura tienen la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del IFE, en el campo de la integración del llamado árbitro electoral.
En otras palabras, que los diputados están obligados a que el Consejo General del Instituto Federal Electoral se integre de manera formal, legal y completa. Y es que, como todos saben, desde la reforma electoral de 2007, el IFE escalonó el recambio de los consejeros. Pues bien, hace un año debieron ser designados los tres que restan para cubrir igual número de vacantes.
Pero resulta que, por distintas razones —todas ellas de carácter caprichosamente político—, los grupos parlamentarios de todos los partidos no lograron llegar a un acuerdo para designar a esos consejeros.
El obstáculo para lograr ese consenso confirma —por si existía alguna duda— que la reforma electoral de 2007 en realidad fue un instrumento para que los partidos políticos pudieran secuestrar al IFE, mediante los instrumentos de la ley. Por eso, esos partidos continúan manteniendo bajo su total control al IFE y, con ello, la elección presidencial.
Pero el asunto va más allá. Y es que, al mantenerse incompletos el IFE y su Consejo General, resulta que una vez que se inició de manera formal la competencia comicial, cualquier ciudadano mexicano puede impugnar la legalidad de ese proceso.
En otras palabras, que en esta mañana, si algún ciudadano quisiera echar abajo el proceso electoral que ya está en marcha, lo puede hacer sin mucho proceso. Pero aún hay más: si en lo que resta de la actual Legislatura los partidos políticos no reconsideran y, al final, no logran designar a los consejeros, cualquier partido, candidato o ciudadano puede impugnar el resultado electoral del 1 de julio de 2012 y con ello echar abajo la elección.
Todo eso, sin tomar en cuenta el desprestigio, el encono social y el desencanto que los electores podrían tener, debido a la irresponsabilidad de los diputados federales quienes, por si hiciera falta, transitan “alegremente” por la ruta de la ilegalidad.
Sin embargo, son muchas las evidencias de que hoy las diputadas y los diputados pudieran llegar a un acuerdo y, por fin, seleccionar a los tres consejeros del IFE que faltan. Aun así, nadie les quita el sambenito de violadores de la Constitución. Al tiempo.
EN EL CAMINO
¡Felicidades a todos..! Por vacaciones, el Itinerario Político deja de publicarse a partir de hoy. Regresa, en los días habituales, el próximo 8 de enero de 2012. ¡Felices fiestas!
Leído en http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=795102
Viene a cuento el tema porque los representantes populares de la LXI Legislatura convirtieron la violación constitucional en uno de los “deportes favoritos” de la clase política mexicana. Y es que desde hace más de un año los diputados debieron cumplir la obligación constitucional de seleccionar a tres consejeros del Instituto Federal Electoral, el árbitro central de la contienda comicial federal que se llevará a cabo el 1 de julio de 2012.
Sin embargo, todos y cada uno de los 500 diputados no sólo han incumplido el mandato fundamental para el que fueron llevados —por el voto popular— a la llamada casa del pueblo, sino que, de manera sistemática, y por más de un año, han violado la Constitución. Por eso la pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de tal violación constitucional?
Según especialistas del tema, la actual Legislatura de la Cámara de Diputados no sólo está en falta por incumplir el mandato constitucional de proponer y aprobar a los tres consejeros que faltan en el IFE. En realidad, la falta en la que han incurrido los diputados y las diputadas federales, convierte a la actual Legislatura en un órgano del Estado mexicano cuyos trabajos y resoluciones se podrían invalidar en un juicio de la materia. ¿Por qué?
Porque, hoy por hoy, los diputados federales están en falta desde que no han cumplido su mandato de elegir a los tres consejeros del IFE. Pero, además, el escándalo trasciende la esfera del trabajo legislativo. ¿Por qué? Porque las responsabilidades de una Legislatura como la actual, en el proceso electoral federal de julio de 2012, son trascendentales.
¿Qué quiere decir eso?
Poca cosa, que la Cámara de Diputados y la actual Legislatura tienen la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del IFE, en el campo de la integración del llamado árbitro electoral.
En otras palabras, que los diputados están obligados a que el Consejo General del Instituto Federal Electoral se integre de manera formal, legal y completa. Y es que, como todos saben, desde la reforma electoral de 2007, el IFE escalonó el recambio de los consejeros. Pues bien, hace un año debieron ser designados los tres que restan para cubrir igual número de vacantes.
Pero resulta que, por distintas razones —todas ellas de carácter caprichosamente político—, los grupos parlamentarios de todos los partidos no lograron llegar a un acuerdo para designar a esos consejeros.
El obstáculo para lograr ese consenso confirma —por si existía alguna duda— que la reforma electoral de 2007 en realidad fue un instrumento para que los partidos políticos pudieran secuestrar al IFE, mediante los instrumentos de la ley. Por eso, esos partidos continúan manteniendo bajo su total control al IFE y, con ello, la elección presidencial.
Pero el asunto va más allá. Y es que, al mantenerse incompletos el IFE y su Consejo General, resulta que una vez que se inició de manera formal la competencia comicial, cualquier ciudadano mexicano puede impugnar la legalidad de ese proceso.
En otras palabras, que en esta mañana, si algún ciudadano quisiera echar abajo el proceso electoral que ya está en marcha, lo puede hacer sin mucho proceso. Pero aún hay más: si en lo que resta de la actual Legislatura los partidos políticos no reconsideran y, al final, no logran designar a los consejeros, cualquier partido, candidato o ciudadano puede impugnar el resultado electoral del 1 de julio de 2012 y con ello echar abajo la elección.
Todo eso, sin tomar en cuenta el desprestigio, el encono social y el desencanto que los electores podrían tener, debido a la irresponsabilidad de los diputados federales quienes, por si hiciera falta, transitan “alegremente” por la ruta de la ilegalidad.
Sin embargo, son muchas las evidencias de que hoy las diputadas y los diputados pudieran llegar a un acuerdo y, por fin, seleccionar a los tres consejeros del IFE que faltan. Aun así, nadie les quita el sambenito de violadores de la Constitución. Al tiempo.
EN EL CAMINO
¡Felicidades a todos..! Por vacaciones, el Itinerario Político deja de publicarse a partir de hoy. Regresa, en los días habituales, el próximo 8 de enero de 2012. ¡Felices fiestas!
Leído en http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=795102
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