Para preparar esta columna visité a los vecinos del barrio de La Malinche en la delegación Magdalena Contreras. Llevan 534 días plantados como una barrera humana que tapona un punto estratégico para la construcción de la Supervía. Tienen sentimientos encontrados: se sienten engañados y agredidos por el trato recibido de un gobierno de izquierda pero también están convencidos de tener la razón porque su causa ha sido respaldada por especialistas y organismos civiles, por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (en adelante el Tribunal) cuya Primera Sala declaró nulo -el 28 de noviembre de 2011- el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa concesionaria que no hizo la consulta pública exigida por la ley. El Tribunal hizo algo de mayor trascendencia: le reconoció a Greenpeace el interés jurídico en asuntos que tienen que ver con la defensa del ambiente.
Este Tribunal atiende las diferencias entre gobierno y ciudadanos, fue creado en 1971 y tiene una autonomía real demostrada con el fallo arriba mencionado. Las autoridades capitalinas reaccionaron proponiendo el 14 de diciembre a gente suya para renovar a cuatro magistrados e ignorando al personal de carrera. Los nominados tenían dos puntos en común: venían de trabajar en el gobierno del DF y era muy poco lo que sabían sobre los asuntos que aborda este Tribunal.
Tres de ellos reconocieron abiertamente su cercanía con Marcelo Ebrard durante su comparecencia, el 21 de diciembre de 2011, ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del DF. Jesús Anlén Alemán agradeció la "confianza que [le] ha sido depositada por el Jefe de Gobierno"; Adolfo Arenas pregonó haber "tenido la fortuna de colaborar" con Marcelo, y Jorge Antonio Martínez Maldonado mencionó el "amable llamado" de Ebrard. Sólo Francisco Ríos Zertuche mantuvo las formas, tal vez porque venía de ser asesor del gobernante perredista. El pleno de la Asamblea rechazó al que tenía el mayor conflicto de interés por su participación directa en la contienda jurídica por la Supervía, pero el gobierno presentó como candidato para sustituirlo a otra gente cercana e inexperta.
Según la versión estenográfica de la comparecencia de los magistrados, todos los asambleístas que intervinieron, Cristian Vargas (PRI), Carlo Pizano (PAN), Lizbeth Rosas y David Razú (PRD), se refirieron a la Supervía y a los conflictos de interés y expresaron su preocupación por la ignorancia de los aspirantes. Los secretarios de acuerdos del Tribunal comparten la opinión. En un texto que presentarán en los próximos días a la Asamblea califican el proceso de designación como "poco apegado a los valores de la profesionalización de los jueces y a la auténtica carrera jurisdiccional" y señalan que el método empleado "responde a un sistema autoritario de gobierno". El golpe está dado: la apelación presentada el pasado 6 de enero por la empresa y el gobierno será evaluada por un Tribunal sacudido por el manotazo del Ejecutivo.
Marcelo Ebrard ha sido un buen gobernante pero ha tenido graves fallas en su política urbanística donde impera la corrupción y el desorden. Uno de los casos más visibles es la Supervía. El jefe de Gobierno está firmemente plantado en la determinación de que se construya y ha ignorado la opinión de los afectados y desatendido incluso una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Una justificación habitual es señalar la urgencia de dar una salida a Santa Fe, un emporio atrapado en un búnker dorado al cual es tan difícil entrar como salir. Los errores oficiales de planeación ahora los pagan los vecinos del Sur. Lo peor es que el Título de Concesión de la Supervía permitirá la especulación con los bosques del sur, vitales para la viabilidad futura de la capital. El futuro hipotecado.
El costo para la institucionalidad democrática es enorme. Con el nombramiento de los nuevos magistrados están castrando a un organismo público que se atrevió a darles la razón a los ciudadanos. La construcción de la Supervía avanza y alguna madrugada de este año llegarán los granaderos a desalojar por la fuerza a los plantados de La Malinche. Comprendo que los farsantes del Partido Verde Ecologista ignoren esta lucha ambiental, pero me resulta inaceptable el silencio de Andrés Manuel López Obrador.
Al Frente Amplio contra la Supervía debemos agradecerle su capacidad para armar y sostener una estrategia integral que ha llamado la atención nacional sobre la magnitud de la especulación urbanística y por demostrar que la justicia es de quien la trabaja.
Leído en Reforma
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Colaboraron Alberto Serdán Rosales y Rodrigo Peña González.
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