Funcionarios del gabinete de seguridad del presidente Calderón se despertaron esa mañana con una sorpresa: tres ex gobernadores de Tamaulipas eran investigados por la Procuraduría General de la República y se les había girado una alerta migratoria para evitar su salida del país.
El tema nunca había sido abordado en las mesas de coordinación. Por eso, cuando se divulgó la noticia, muy temprano por la mañana de ese lunes 30 de enero de 2012 —a cinco meses de la elección presidencial—, en las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad Pública Federal la noticia causó desconcierto: un asunto de esa relevancia merecería haberse comentado, por lo menos, al más alto nivel en las reuniones secretas, privadas y confidenciales de gabinete.
En varias dependencias del gobierno federal se hablaba de "la cochinada que hizo la PGR" y se presionaba internamente para que se deslindaran responsabilidades. El reproche era haber filtrado una información de alta explosividad electoral sin aparente sustento y haber atrapado al gobierno federal que no acertaba en explicar si había una orden de aprehensión, de detención, de presentación, una alerta migratoria, una solicitud de información, un caso real o declaraciones de testigos protegidos.
Nada más despertaron, del presidente de México para abajo empezaron a cruzarse telefonemas por la red roja del gobierno y mensajes en código Blackberry. Los señalamientos apuntaban hacia la PGR; su titular, Marisela Morales; y el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Cuitláhuac Salinas Martínez, encargado directamente de la investigación.
A las 8:30 de la mañana, la procuradora tuvo la junta de su staff en su oficina del Paseo de la Reforma del DF. Tras la catarsis de la adrenalina y los reclamos internos por el manejo de la indagatoria, el subprocurador Salinas presentó ante sus compañeros de trabajo el oficio que giró a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde no se pedía emitir una alerta migratoria contra nadie, sino reportar los movimientos aéreos de una cincuentena de personas.
Con esto, antes de la hora de la comida, el asunto ya estaba ardiendo en otro escritorio, el del subprocurador de Transporte de SCT, Felipe Duarte Olvera, y de ahí escaló al de su jefe, Dionisio Pérez Jácome. Arrancó la disputa entre dependencias para determinar cuál de las dos asumía el error y quién era despedido.
PGR mantuvo la postura de que el error no había sido suyo: que ellos no pidieron una alerta migratoria y que fue Comunicaciones la que la solicitó equivocadamente. SCT terminó aceptándolo. Por los "jaloneos", la redacción del comunicado de prensa se extendió hasta la medianoche. Finalmente, la secretaría a cargo de Pérez Jácome aceptó que el yerro fue en su cancha y anunció el despido de dos funcionarios.
¿Quién filtró? La respuesta está en saber a quién beneficia.
Saciamorbos. Y el expediente, no está para consignar pronto.
carlosloret@yahoo.com.mx
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