HIJO DE MAQUÍO.

Sergio Sarmiento.

Nos han dicho que la Constitución es la ley suprema de nuestro país. En su artículo 35, fracción II, ésta establece que entre las prerrogativas de los ciudadanos se cuenta la de “poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las cualidades que establezca la ley”.

 Sin embargo, el artículo 218 del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, el Cofipe, limita este derecho de manera radical al señalar: “Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.” En los partidos milita, quizá, menos del 2 por ciento de los mexicanos (nadie conoce la cifra exacta) por lo que el monopolio en el registro de candidatos entrega un control absoluto sobre los cargos de elección a un muy pequeño número de mexicanos.

 Manuel J. Clouthier Carrillo, hijo del indomable Maquío, ha decidido confrontar a esta partidocracia. El Tribunal Electoral había ordenado ya al PAN registrarlo como precandidato al Senado, cosa que este partido se negaba a hacer por sus críticas al presidente Calderón, pero Clouthier decidió abandonar ese camino pese al fallo favorable. Los partidos de izquierda coquetearon con él, porque sería un gran trofeo llevar a un Clouthier como candidato: pero el rudo sinaloense ha optado por el camino más difícil: lanzarse a la contienda por la Presidencia de la República sobre la base de que los derechos fundamentales que reconoce la Constitución no pueden ser anulados por leyes inferiores. 

Dudo mucho que el hijo del Maquío logre al final hacer prevalecer su posición ante el sistema. La ley electoral fue hecha para preservar los privilegios de la aristocracia política. Todo intento por devolver derechos a los ciudadanos se ha enfrentado a la cerrazón de consejeros y magistrados o a los candados establecidos en la ley por una clase política empeñada en mantener su monopolio.

 Ya Jorge G. Castañeda trató sin éxito de lograr el registro para una candidatura independiente en 2006. Éste le fue negado por el IFE. La Suprema Corte de Justicia se negó a revisar el caso, porque dijo que se trataba de un asunto electoral; pero el Tribunal Electoral tampoco lo quiso hacer, porque Castañeda era un “simple ciudadano” y no un partido político. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano otorgar derecho de audiencia a Castañeda, sin pronunciarse sobre el fondo: el despojo de los derechos políticos de la enorme mayoría de los mexicanos por los partidos.

 Aun si Clouhtier logra el registro, los partidos no deben tener miedo. El hijo del Maquío no cuenta ni con el dinero ni con las estructuras ni con los tiempos de radio y televisión que, pagados por los contribuyentes, les permiten a los partidos controlar el país.

 La candidatura de Clouhtier, sin embargo, se convierte en un catalizador de la insatisfacción ciudadana ante la corrupción de la partidocracia. Pase lo que pase con la votación del 1 de julio --y aun si la autoridad electoral anula todos sus sufragios, como lo hizo en 1976 con los de Valentín Campa del Partido Comunista, cuando José López Portillo fue electo presidente con el 100 por ciento de los “votos válidos”--, el mensaje de protesta se habrá lanzado a los cuatro vientos. Por eso el Maquío se postuló en la elección de 1988, condenada desde el principio al fraude. No olvidemos que hijo de tigre… tarde o temprano se convierte en tigre también.

 OTRO PLANTÓN

Los vecinos de la colonia Cuauhtémoc del Distrito Federal están protestando por un plantón del SME que les impide llegar a sus casas y negocios. Sin embargo, al gobierno perredista de la Ciudad de México, que avaló en 2006 el prolongado plantón de Andrés Manuel López Obrador en Paseo de la Reforma, le interesa más el apoyo electoral del SME que los derechos de un grupo de ciudadanos.

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