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| Ciro Gómez Leyva. |
La PGR pareció darse cuenta de que el abogado de Florence Cassez, Agustín Acosta, les había comido el mandado el miércoles y reaccionó ayer con la fuerza argumental del Estado.
Acosta se prendió del proyecto del ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar para fijar, con talento, la idea de que Florence era “vehementemente inocente”, y que los 60 años de encierro a que la condenó la justicia mexicana por secuestro significaban una atrocidad desmedida. La PGR recordó entonces que la francesa fue detenida en flagrancia y reconocida por las víctimas, antes de sentenciar que “sería grave que a partir de un video se interprete que las víctimas deformaron lo que vivieron durante su secuestro”.
Para la PGR, en síntesis, el presunto desaseo en el proceso legal podría ser materia de responsabilidad, pero no una causa para alterar el fallo condenatorio.
Después, medio mundo se metió a opinar a favor y en contra: el presidente Sarkozy, el secretario Poiré, presidentes de comisiones de Derechos Humanos, luchadores sociales. Y la Suprema Corte optó por subir a internet el proyecto completo del ministro Zaldívar. Vaya caso.
Gabinete de Comunicación Estratégica levantó ayer una encuesta telefónica nacional (600 entrevistas) para preguntar si Florence era culpable o no. Me sorprende la respuesta: 58 por ciento piensa que sí lo es y solo 10 por ciento cree que es inocente.
¿Por qué la Suprema Corte decidió calentar así un asunto tan grave? Si ese fue el objetivo, quedó más que cumplido.
Ahora son el gobierno, la PGR y seis de cada diez mexicanos, contra la interpretación del ministro Zaldívar.
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