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| Manuel Camacho Solís. |
El plan A del gobierno para evaluar al magisterio —y la imprudente fecha para su aplicación en el mes previo a las elecciones— se ha topado con una barrera de concreto. La movilización magisterial en ascenso impedirá su aplicación y ya ha generado un riesgo serio a la gobernabilidad, justo en año de elecciones. Para no abandonar el objetivo de mejorar la educación, para lo cual es indispensable una evaluación del desempeño de los maestros, se necesita de un nuevo enfoque que eleve la mira de la evaluación y la planificación del sistema educativo. Si no se cambia el plan A, se dará al traste con la evaluación y se afectará la estabilidad política. Se necesita un plan B.
Como en la primavera de 1989, gana fuerza una movilización magisterial que, de no encauzarse de inmediato, se convertirá en un problema serio de gobierno. De no ser por la experiencia acumulada de las autoridades del DF en este tipo de conflictos, las marchas de la última semana habrían desbordado y colocado a la autoridad local y a las autoridades federales en un dilema extremo. Por fortuna, nada grave ocurrió, pero de no hallar una solución inmediata, los riesgos no harán sino crecer, sin que después de que se rebase un umbral conocido del conflicto vaya a ser posible encontrar salidas constructivas.
El gobierno no podrá seguir con su plan A. No anticipó que, a las exigencias de la evaluación, seguiría una reacción. No calculó el tiempo para su aplicación. Y hasta ahora no tiene una respuesta responsable. Se equivoca si concluye que la movilización es sólo un problema más de opinión pública, donde la mayoría apoyará examinar a los maestros. El costo en la opinión pública no es freno suficiente como para detener una movilización en ascenso y, por tanto, frenar el movimiento.
La lógica de los movilizados es otra. Es defender posiciones gremiales o una idea de lucha social más por ideología que por los cálculos electorales o mediciones de opinión pública. Que los medios estén en contra, no es suficiente para frenar el movimiento.
El movimiento tiene fuerza indudable, pero no suficiente para derrotar al Estado. Puede dañar una manera civilizada de relacionarse con la autoridad, que no haría sino dar entrada a formas más represivas de relación.
El argumento principal de la CNTE de oponerse a la evaluación es que no confía en la imparcialidad y objetividad de SEP y SNTE. El SNTE dice que ellos ya habían aceptado la evaluación, pero no se quedarán atrás en la resistencia, pues ello pondría en manos de sus adversarios una demanda sentida y con capacidad de llevar la movilización a la desestabilización del sindicato nacional.
Para salir del círculo vicioso de una evaluación mal concebida desde la óptica educativa y políticamente torpe, o de abandonar por un buen rato la evaluación por una resistencia crecida y heredar un problema serio a la próxima administración, todos necesitan elevar la mira: el gobierno en sus secretarías de Educación y Gobernación, la CNTE, SNTE, Congreso y quienes de buena fe están comprometidos con mejorar la educación.
Una fórmula alternativa y mejor es la que presentó recientemente del doctor Juan Ramón de la Fuente, donde la evaluación y la planeación de la educación deberían pasar a un consejo independiente integrado por científicos y pedagogos de la más alta calificación y probada honorabilidad e independencia.
Antes de que se genere una vacuna contra la evaluación y se cause un daño a la gobernabilidad y a la convivencia social, el Senado puede introducir un transitorio que cambie la fecha de la aplicación y cree un consejo independiente de la sociedad civil, con facultades indispensables, que dé garantías de calidad, objetividad, sensibilidad social y rectitud.
Coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México.
Leído en: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/03/57621.php
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