Así como hace poco menos de seis años la Cámara de Diputados aprobó en apenas siete minutos las denostadas reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, conocidas como "Ley Televisa" -que, en partes, fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia un año después-, así, en tan sólo 10 minutos, hace una semana 244 diputados votaron a favor de una nueva reforma a esa ley. Apenas cuatro diputados votaron en contra y tres se abstuvieron. El resto brilló por su ausencia.
Bajo el manto protector de las justificaciones demagógicas, mediante las que pretenden hacernos creer que el objetivo de estas reformas es el reconocimiento de las radiodifusoras indígenas, fue aprobado el dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, del 27 de marzo -fecha en la que, por cierto, dicha Comisión no sesionó.
Las reformas votadas apenas incluyen algunas disposiciones relacionadas con las radiodifusoras indígenas, pero principalmente liberan a las televisoras -que transmiten sus señales en cadena nacional- de la obligación de difundir los spots de campañas políticas que promuevan a los candidatos de cada localidad, tal y como lo establece la legislación y ha sido sostenido por las resoluciones del Instituto Federal Electoral.
Esta obligación, que las televisoras han intentado revertir a toda costa y mediante diversos recursos, es el trasfondo de la reforma. Y no es que los diputados puedan alegar engaño en su descargo. Fueron alertados de la trampa por el único diputado que tomó tribuna para oponerse: Jaime Cárdenas del Partido del Trabajo, quien sostuvo que si bien "El espíritu de esta reforma era exclusivamente favorecer a los permisionarios con estaciones de radio comunitaria indígena; pero aquí estamos favoreciendo en las cadenas a los concesionarios".
Una vez más, la actual telebancada, representada por Gerardo Flores, presidente de dicha comisión y ex empleado de Televisa en el área de análisis de regulación, consiguió defender los intereses de sus empleadores a costa del interés público, como lo ha venido haciendo desde hace tres años. Ahora cabe al Senado de la República decir la última palabra, y sobre la cabeza de sus miembros recaerá el reconocimiento público o la denostación histórica de su función.
Pero si la actual telebancada ha probado ser de utilidad para las televisoras, de la próxima estos grupos tienen mucho que esperar porque la caballada no está flaca. Postulada por el PRI y el PVEM, y sorprendentemente hasta por el partido Movimiento Ciudadano, la lista de candidatos por la vía plurinominal vinculados con las televisoras incluye para el Senado a Ninfa Salinas, hija del dueño de Grupo Salinas y TV Azteca; a Gerardo Flores -sí, el actual presidente de la susodicha comisión en la Cámara de Diputados-, recompensado por su lealtad con una candidatura; a Luis Armando Melgar, director del canal de televisión usurpado por TV Azteca, "Proyecto 40"; a Alejandro Puente, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable; a Carlos Puente Salas, ex funcionario de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT); al actual presidente del consejo directivo de la CIRT, Tristán Canales; y a Arely Gómez, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticiarios de Televisa -postulada en su momento por el PRI como candidata para el Consejo General del IFE.
Y para integrar la telebancada en la Cámara de Diputados, las televisoras consiguieron candidaturas para nada más y nada menos que Jorge Mendoza, ex vicepresidente de información y asuntos públicos de TV Azteca, y actual senador; Fernando Azcárraga, primo del principal accionista de Televisa; Enrique Cárdenas, radiodifusor y accionista de Organización Radiofónica Tamaulipeca; y, como colofón, Raúl Osorio, conductor del programa Venga la alegría de TV Azteca. Esta lista no pretende ser exhaustiva porque, después de todo, nadie sabe de todos para quiénes trabajan.
No imagino cómo se justifican aquellos que pretendiendo ocupar cargos de representación popular sólo sirven a sus amos; pero menos entiendo a quienes, sin aparente vinculación, se doblegan ante los poderosos grupos mediáticos, permitiéndose ser cómplices del debilitamiento del instituto que será responsable de garantizar los próximos procesos electorales.
Leído en http://www.reforma.com/editoriales/nacional/654/1306436/
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