sábado, 14 de julio de 2012

Ana María Salazar - Corrupción galopante

Ana María Salazar
Otro caso de corrupción de funcionarios sale a la luz en EU: La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) indicó el martes que la compañía de equipo médico Orthofix International, con sede en Lewisville, violó la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos.

La SEC agregó que los sobornos incluyeron dinero en efectivo, computadoras portátiles y televisores, lo que resultó en ganancias ilegales por 5 millones de dólares. Orthofix aceptó pagar 5.2 millones de dólares de multa, a cambio de que se no se les ejercieran cargos penales y sanciones comerciales en contra de la empresa. Además buscaban que se retiraran las acusaciones en EU en contra de su filial en México, Promeca, que había sobornados funcionarios del IMSS para la comercialización de equipo médico ortopédico.

La gran interrogante es por qué estas acusaciones salen a la luz en Europa o en Estados Unidos y no en México. Además por qué si hay mecanismos para perseguir este tipo de corrupción en otros países, y en México, donde sucedieron estos actos de soborno y donde se produce el daño al patrimonio público y a la imagen de las instituciones no hay castigo para los funcionarios corruptos. Finalmente, por qué no se ha buscado resarcir el daño producido por estas empresas extranjeras.

Veamos otros casos recientes: Siemens acordó con el Gobierno de EU y el Gobierno europeo de pagar aproximadamente mil seiscientos millones de dólares en multas por sobornos que pagó a funcionarios en todas partes del mundo incluyendo a funcionarios de Pemex. La filial mexicana de la compañía Walmart destinó hasta 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios para facilitar la obtención de licencias y permisos de construcción con el objetivo de mantener su dominio en el mercado.

ABB pagó más de 50 millones de dólares en multas debido a las mordidas que había pagado a Néstor Félix Moreno, director de operaciones a CFE a cambio de contratos que le generaron a la ABB más de 81 millones de dólares. Lindsey Corporation fue condenado por conspirar con ABB para pagar sobornos a también a la CFE y está apelando esta condena en una corte federal en los Estados Unidos.

A principios de este año Tyson Foods reconoció que había pagado mordidas a veterinarios mexicanos en los últimos 10 años y acordó pagar 5.2 millones de dólares en multas.

Paradigm Geotechnolgy pagó un millón de dólares en multas por su estrategia pagar mordidas que beneficiaban a un funcionario de Pemex.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso al descubierto una red de corrupción que involucra a Bizjet con funcionarios mexicanos, quienes habían recibido sobornos por más de 20 millones de dólares.

Estos casos reflejan más de mil millones de dólares en multas. Y México las entidades públicas con derecho a resarcir el daño no han recibido un solo peso.

¿Es un problema de jurídico o de voluntad? Yo diría que ambos.

Como es posible que en todos estos casos, las empresas públicamente reconocieron que delinquieron en México, y para llegar a un acuerdo tuvieron que identificar los funcionarios quienes recibieron estos sobornos, y además estas multas benefician a la Tesorería estadounidense y no al pueblo de México que es la víctima real de estas prácticas corruptas.

El problema es que esta información está en otro país. Para poder perseguir a estas empresas tendría que el Gobierno mexicano crear esquemas que permitan obtener la evidencia en contra de estas empresas y perseguirlo penalmente. Por el otro lado, las instituciones públicas mexicanas, debe tener la voluntad política de perseguir estos casos, pese el impacto que tendría en la imagen de los actuales funcionarios. Y probablemente hay un serio problema de abrir la caja de Pandora, porque no saben quiénes más, y a qué nivel, podrían estar involucrados en actos de corrupción.

En México, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las empresas destinan hasta un 10% del producto interno bruto al pago de sobornos. En entrevista con Contralínea, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Coparmex, indica que muchas empresas “se ven en la necesidad, equivocadamente, de caer en algún tema de estos [del pago de sobornos], porque si no, no tienen acceso, no les dan oportunidad”.

Para la nueva administración éste será uno de los grandes retos, porque estos casos impactan severamente la imagen internacional de las instituciones públicas mexicanas. Pero también, al desarrollar mecanismos internacionales para facilitar perseguir y castigar a estas empresas corruptoras, debería ser uno de las formas más fáciles de limpiar las instituciones más susceptibles a mayor corrupción en el País.


Leído en: http://www.elimparcial.com/Columnas/VerColumna.aspx?NumNota=989672

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