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| Beatriz Pagés |
Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal electo, declaró que trabajará con el próximo presidente de la república —“se llame como se llame”— y que no tendrá objeción alguna en aparecer a lado de Enrique Peña Nieto.
El ex procurador de justicia de la capital del país lanza de esta manera una importante señal vanguardista de civilidad política que responde, no sólo a la necesidad y al reclamo nacional, sino a una tendencia de reconciliación que comienza —en forma incipiente— a tomar forma en diversas esferas internacionales.
La posición de Mancera confirma también que la relación entre el presidente de México y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, la entidad más poblada del territorio y donde se asientan los poderes federales, no puede estar marcada por el conflicto, la ruptura o el desconocimiento, como sucedió durante una parte del sexenio de Marcelo Ebrard.
Los costos de que el “gobernador” del Distrito Federal no acepte sentarse a trabajar con el titular del Ejecutivo federal lo pagan cada uno de los 9 millones de habitantes que viven en la ciudad y los 20 millones que se asientan en la zona metropolitana del Valle de México.
Lo pagan no sólo en falta de servicios, por la ausencia de acuerdos en materia de presupuesto, sino en términos de presión política. La capital del país es, paradójicamente, la entidad menos democrática del territorio nacional. La paz y convivencia, e incluso sus libertades, han sido secuestradas por el mismo partido gobernante que critica en otros tradiciones y prácticas autoritarias.
Uno de los grandes retos de Mancera será, sin duda, la democratización del Distrito Federal, cuyo gobierno, delegaciones y Asamblea Legislativa han permanecido desde hace varias décadas en manos de un solo grupo político.
La formación jurídica de Mancera, el trato suave y respetuoso que lo caracteriza, seguramente le permitirán reconstruir el tejido social de la capital. Roto no sólo por razones de inmensa pobreza, sino porque la cultura del odio y resentimiento, el maniqueísmo exacerbado que hoy se expresa en forma de marchas por las principales avenidas han hecho de la antigua Tenochtitlan una caja de Pandora del desencuentro y la división nacional.
Muchos mexicanos esperan que Mancera tenga la capacidad, la fuerza y el talento para colocar las semillas de una cultura política diferente, inspirada en una auténtica modernidad democrática, donde las divergencias se resuelvan civilizadamente, sin azuzar a la violencia y cuyo próximo horizonte sea la reconciliación del país.
La nueva democracia tiene que estar sustentada necesariamente en una filosofía contraria a la del eje del bien contra el eje del mal, desprendida de posiciones fanáticas y concentrada en buscar puntos de encuentro. Esta nueva tendencia comienza a ser defendida por destacados intelectuales, cuya intervención será determinante para resolver, a partir de nuevos esquemas, viejos conflictos internacionales.
Es el caso, por ejemplo, del antiguo diferendo limítrofe entre Chile y Perú, dos países que se disputan un área de más de 35 mil kilómetros cuadrados del Pacífico, que ha sido causa de una permanente e insuperable guerra política y militar desde 1879, y en la que Bolivia exige salida al mar.
Jorge Edwards, Premio Cervantes y embajador de Chile en París, y Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, presentaron en Madrid una carta abierta en la que llaman a sus respectivos países a terminar con el “resquemor mutuo” que arrastran desde hace siglos y que ha tenido serias consecuencias para la unidad latinoamericana.
Un ejercicio similar debe llevarse a cabo en la ciudad de México. Si la llamada sociedad civil, si los intelectuales y académicos han sido convocados en diferentes ocasiones para denunciar prácticas anticonstitucionales y antidemocráticas, hoy es imprescindible que los capitalinos se organicen para exigir se ponga punto final a la violencia política y verbal entre gobiernos de diferente signo partidista.
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