| María Elena Morera |
Por supuesto que la compra de votos, uso excesivo de recursos e inequidad son condenables, pero lo son para todos los partidos. Suponer que esto sólo lo hace un partido resulta por lo menos tonto. Si hablamos, por ejemplo, de equidad, EPN hizo campaña mientras fue gobernador, AMLO la hizo paseando por el país y JVM en menor medida en la Cámara de Diputados, en este sentido sólo se la deben a Quadri. Así que terminar una campaña con votos limpios para unos y sucios para otros, considero, es un sinsentido.
Para dar un ejemplo, en días pasados estuve en Guerrero, platiqué con muchos ciudadanos que me confirmaron que, efectivamente, les ofrecieron dinero, cemento, varilla, tinacos y demás a cambio de su voto. Un hombre me dijo: “…pero doña, cómo iba a votar por el PRI, el PRD y el PAN al mismo tiempo...!”. Lo que debería preocuparnos, avergonzarnos y ocuparnos es la cultura de ilegalidad generalizada, fomentada desde el poder.
Debemos exigir que a cualquier partido que haya incurrido en prácticas ilegales se le castigue, porque es la única forma de evitar otros abusos. Pese a todo, me resulta casi imposible pensar que el TEPJF anulará la elección. En primer lugar porque el margen es muy amplio y todos los votos cuentan y, en segundo lugar: hasta el momento no hay evidencias que vinculen a los candidatos presidenciales directamente en los actos violatorios de la ley.
La pregunta que muchos nos hacemos es qué va a pasar después de que el Tribunal Electoral emita su fallo. Considero indispensable que todos acatemos, nos guste o no, lo que ahí se decida. Eso dice la ley y eso fue el acuerdo explícito que los candidatos y partidos firmaron días antes de las elecciones, no una sino dos veces. Sin embargo, no todos son problemas y preocupaciones, esta elección también tuvo novedades positivas, la participación activa de la sociedad civil organizada fue enorme. A diferencia de las elecciones pasadas, muchos grupos organizados comprometieron a los candidatos y partidos con propuestas importantes. Por lo que se abren nuevas oportunidades para demostrar que sí podemos organizarnos mejor.
Los partidos ya tienen el documento de la Cumbre Ciudadana con más de 100 propuestas aprobadas por todos los partidos, propuestas de seguridad y justicia del Movimiento por la Paz y la del Colectivo de Juicios Orales, así como propuestas de grupos empresariales. Si quienes iniciaron #YoSoy132 logran no ser desvirtuados por los partidos, serán la punta de lanza para exigir al nuevo gobierno promover y garantizar las condiciones para el nacimiento y desarrollo de medios plurales públicos, privados y comunitarios.
Si el tribunal califica y reconoce el triunfo de Peña Nieto, exigiremos cumpla lo que ofreció, esperemos ver un PRI renovado, no reciclado. En este mismo orden necesitamos que exista una oposición responsable, no deplorable. Y que todos comencemos a construir los consensos necesarios para el desarrollo del país. En momentos como éstos es cuando nos damos cuenta que es urgente trabajar por una cultura de la legalidad que nos dé plena certidumbre de que la justicia y la democracia sí son posibles. Trabajemos en ello.
María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, AC
@maelenamorera
Leído en: http://www.vanguardia.com.mx/culturadelalegalidad-1331246-columna.html
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