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| Raymundo Riva Palacios |
El debate se desarrollará inevitablemente sobre aspectos subjetivos. La impugnación se topará con que todas cumplieron con la ley: registraron ante el IFE sus metodologías y presentaron las facturas de quién les pagó. Ahí se empezarán a derrumbar acusaciones. Una, por ejemplo, el desplegado del PRD la semana pasada donde sugirió que GEA-ISA cobró 30 millones de pesos por el tracking poll que hizo para Milenio durante 90 días, que en realidad facturó el PRI como “estrategia de comunicación”. Ricardo de la Peña, director de ISA, respondió que el ejercicio costó una sexta parte y que, adicionalmente, ese mismo dio como vencedor contundente a Miguel Mancera en el Distrito Federal. Tiene razón De la Peña, y eso lo puede encontrar el PRD en el IFE.
Se puede plantear que para demostrar el uso propagandístico de las mediciones de GEA-ISA-Milenio, el equipo de Andrés Manuel López Obrador tendría que hurgar en otro cajón: ¿De dónde sacó Milenio los cinco millones de pesos para sufragar esas encuestas? Podría buscar publicidades trianguladas y vincular al anunciante con el PRI y Peña Nieto, y relacionarla con el pago a GEA-ISA. El ejercicio contable es probablemente, imposible de demostrar. Además, en el mismo terreno de lo subjetivo, el dueño del Grupo Milenio, Francisco González, tiene suficiente dinero para asimilar ese costo.
Otro cajón donde podrían busca es cuántas de esas casas encuestadoras realizaron trabajos colaterales para campañas del PRI, que también se puede documentar en los órganos electorales. Lo que no prueba automáticamente es que trabajara como vehículo de propaganda. Más aún, entre las empresas que realizaron encuestas con mediciones dentro de los márgenes de error, hay también quienes realizaron trabajos para el PRI. Es decir, trabajar para uno o varios partidos no definen de manera determinante una filia o una fobia. De hecho, las casas encuestadoras no tienen colores, sino negocios.
La pista del dinero puede no conducir a ningún lado. ¿Y la metodología? Difícilmente se podrá cuestionar la técnica, a partir de la documentación que presentaron en el IFE. Un argumento es lo que Francisco Abundis, de Parametría, describió en 24 HORAS como la “sobrestimación” del PRI. Históricamente las encuestas sobrestiman al PRI, y es una autocrítica en las empresas bajo sospecha. Sin embargo, como apunta Abundis, tanto Reforma como Covarrubias y Asociados, que dieron una diferencia entre López Obrador y Peña Nieto de un dígito, también sobrestimaron al PRI. El campo es otro punto a revisar. ¿Hicieron un buen trabajo los encuestadores de las empresas? ¿Supervisaron bien a sus encuestadores? ¿Utilizaron el mismo campo para sus estudios? En caso de encontrar fallas en el campo, la responsabilidad es atribuible a las empresas, pero tampoco probaría que fueron utilizadas como vehículos de propaganda.
La impugnación a partir de las encuestas tiene un punto débil. Son cinco las que dieron la ventaja de dos dígitos, pero hubo seis que dieron la diferencia por un dígito: Demotecnia y Mercaei, que acertaron al resultado, Berumen, Covarrubias y Asociados, Ipsos-Bimbsa y Reforma. ¿De dónde se puede asir la acusación de alteración del electorado si más de la mitad dijeron lo contrario de aquellas bajo sospecha? Nos encontramos ante un escenario político, no judicial. Difícilmente alterará el resultado electoral, pero sin duda alguna, modificará la relación futura de los medios, las encuestas y el poder público.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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