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| Ana Laura Magaloni Kerpel |
El decálogo de Peña Nieto es una muy buena oportunidad para hacernos cargo de la pieza más débil de nuestra democracia: una ciudadanía de baja intensidad. Es momento de discutir y proponer
Durante su campaña, Enrique Peña Nieto se comprometió con lo que denominó una "Presidencia democrática". Para tal efecto, propuso un decálogo de los principios rectores de dicha Presidencia: libertad de expresión, libertad de manifestación, relación gobierno-medios, transparencia y rendición de cuentas, no discriminación, libertad religiosa, derechos humanos en la actuación de Fuerzas Armadas y policías, entre otros.
Además, Peña convocó a la ciudadanía y a los partidos políticos a definir las mejores políticas públicas para hacer efectivo ese decálogo. En esa ocasión hubo quien comentó que en realidad Peña no estaba proponiendo nada nuevo, ya que todos los principios de su decálogo, o por lo menos la mayoría, ya estaban establecidos en nuestra Constitución. Ello es cierto: el catálogo de derechos y libertades constitucionales que le dan un estatus jurídico a la ciudadanía están desde hace años en nuestra Constitución y, además, la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos amplió de manera significativa ese catálogo. Sin embargo, nada de ello garantiza la eficacia de los derechos. La ciudadanía se pelea y se construye. Nunca está dada por el marco normativo per se.
Yo creo que el decálogo de Peña Nieto es una muy buena oportunidad para hacernos cargo de la pieza más débil de nuestra democracia: una ciudadanía de baja intensidad. Es momento de discutir y proponer las mejores políticas públicas que nos permitan dos cosas centralmente: primero, que los derechos ciudadanos se conviertan en límites jurídicos reales y efectivos al ejercicio del poder y, segundo, que exista un mínimo común denominador de libertad e igualdad entre ciudadanos. Todo ello es un reto mayor para un sistema político que ha servido para repartir privilegios a los que detentan el poder y a sus amigos y una sociedad que se define por la jerarquía y la exclusión. La igualdad jurídica no forma parte de nuestra cultura política ni social.
¿Qué tiene que pasar, por ejemplo, para que un inmigrante centroamericano pueda ejercer su derecho constitucional a no ser extorsionado ni maltratado en México por la policía? ¿Cómo lograr que la eficacia de los derechos constitucionales de un empresario sea similar o cercana a la eficacia de los derechos de su empleada doméstica? ¿Cómo le vamos a hacer para que los privilegios de un sindicato no dejen sin contenido el derecho constitucional de los niños de México a una educación pública gratuita y de calidad? El basamento jurídico de la ciudadanía se construye de abajo hacia arriba. En este sentido, el reto mayor de la "Presidencia democrática" de Peña Nieto es romper con los privilegios y exclusiones que caracterizan a nuestro sistema político y nuestra organización social.
Para comenzar a impulsar esta Presidencia democrática, Peña Nieto planea presentar tres iniciativas: una comisión anticorrupción, un IFAI a nivel nacional que amplíe la transparencia y rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno y un mecanismo de supervisión de la contratación de publicidad gubernamental. Las tres iniciativas me parecen muy importantes. Lo relevante es que los mecanismos y las instituciones propuestas tengan la fuerza que requieren para pelear contra los poderosos intereses que lucharán a muerte por mantener el statu quo.
Ahora bien, desde la agenda constitucional de los derechos ciudadanos, los cimientos del edificio desde el cual se construyen todas nuestras libertades -de expresión, manifestación, religiosa, etcétera- se encuentran en el sistema de justicia penal. No hay poder más amenazante para el ejercicio de nuestras libertades que un sistema de procuración e impartición de justicia que está al servicio de los intereses económicos y políticos de los detentadores del poder y sus amigos. Tampoco veo en México un peor lugar para la discriminación, el prejuicio y la exclusión que los miles de jóvenes varones, entre 19 y 22 años, morenos, de clase media baja que automáticamente, por su sola apariencia, han pasado a ser blanco de la policía en calidad de "presuntos criminales". Finalmente, no hay en México peor ejercicio despótico del poder que los miles de muertos anónimos que, en la versión gubernamental, se han matado unos a otros y que quizá por ello ya no vale la pena siquiera investigar esos crímenes ni generar los datos estadísticos que nos permitan saber qué ha pasado o quiénes son.
El corazón de la Presidencia democrática de Peña me parece que pasa por construir un nuevo discurso en materia de seguridad que termine con el maniqueísmo de buenos contra malos y una estrategia claramente diferenciada de la de su antecesor. En el caso de México, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros procesos de consolidación democrática, la construcción de ciudadanía está estrechamente correlacionada con el rediseño de las instituciones de seguridad y de justicia. La pregunta que tiene enfrente la Presidencia de Peña es cómo lograr construir un Estado que pueda proveer seguridad a los ciudadanos sin abusos, arbitrariedades, exclusiones y maltratos.
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