La coalición de izquierda ganó la batalla mediática para difundir sus posturas durante la lucha postelectoral. Y esto incluso lo acepta el PRI. Sin embargo, la impugnación legal presentada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano está llena de errores y lagunas, que hacen muy difícil que gane la batalla jurídica. Y esto incluso lo admiten politólogos y juristas de izquierda.
La denuncia SUP JIN 359/2012, fechada el 12 de julio de 2012 por el Movimiento Progresista y presentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), solicita anular la elección presidencial. Es el último recurso legal que le queda al PRD para pelear por Los Pinos. Las pruebas que en su momento no haya incorporado en el expediente, no existen jurídicamente. Y la resolución que tome el TEPJF es inatacable.
Por esta razón, por ejemplo, los monederos electrónicos que López Obrador y su equipo han presentado después del 12 de julio no se pueden agregar a esta impugnación. Y por lo tanto no influirán en la decisión del TEPJF. (Otra cosa es la indagatoria que está realizando la Unidad de Fiscalización del IFE, que todavía admite pruebas. Pero esta investigación no puede definir si se validan o no las elecciones.)
En total, en la solicitud ante el TEPJF, los partidos de izquierda presentaron 82 paquetes de pruebas. Entre ellas hay alrededor de 100 notas periodísticas, como reportó 24 HORAS. El problema es que las notas periodísticas no cuentan como pruebas por sí mismas: puede que estén mal reporteadas, exageradas o, en el peor de los casos, inventadas. Y eso lo sabe el Tribunal. Para que valieran, la izquierda debería haberlas confirmado, incontrovertiblemente, por su parte. Además, como han señalado diversos comunicadores, en algunas de las notas presentadas ocurre un fenómeno curioso: el primer día, el equipo de López Obrador lanza una acusación que, al día siguiente, los periódicos reportan. Y la nota resultante es agregada como prueba en la demanda. Es el caso de algunas de las acusaciones vinculadas con Soriana.
El PRD, además, presentó 33 videos que muestran irregularidades como compra de votos o coacción de votantes. Algunas de estas grabaciones las tomó de YouTube. Y aquí reside otro error, señalado por el IFE: en la demanda no se asienta exactamente dónde, cuándo, quién y bajo qué circunstancias se filmó el video. De nuevo, pues, no hubo consolidación de pruebas. Se presentan acusaciones, no evidencias, señalaron en su momento en el Instituto Federal Electoral.
Además, la prueba que presentan los lopezobradoristas para demostrar la influencia que ejercen los medios es la emisión radial (tomada de YouTube) que, en 1938, realizó Orson Welles sobre la obra La guerra de los mundos. Con link incluido.
Paralelamente, el PRI aseguró, en su respuesta a esta demanda, que 30% de los 82 paquetes de pruebas enlistados por el PRD no se encontraban en realidad en el expediente. No existían.
Hay errores más evidentes, como los ortográficos o de datos. Sólo en la página 38 hay dos pifias claras: “La revista Quiénpertenece al Grupo Editorial Televisa”, se afirma, cuando en realidad esa publicación es parte de Grupo Expansión, y tres párrafos más abajo: “en televisa (sic) siempre tuvo ventaja Enrique Peña Nieto, donde el panista fue proyectado como un político serio”. En realidad, Peña es priista.
En la página 34, por ejemplo, se afirma que el gobierno del Estado de México pagó un millón 150 mil pesos por comentarios de Joaquín López Dóriga y Óscar Mario Beteta, pero en las páginas 520 y 523 se afirma que fueron 9.2 millones.
En siete ocasiones hacen mención a la tarjeta “Premium Platino”, que presuntamente entregó el PVEM para comprar el voto, pero en el mercado nacional no hay ninguna tarjeta que se llame así. Hay una, eso sí, que se llama “Premia Platino”… a la que el PRD, de hecho, menciona dos veces, confundiéndola o equiparándola con la otra.
En la página 287, en tanto, se lee el siguiente cálculo: “El c. Enrique Peña Nieto en toda la etapa de campaña electoral erogó 1,892,987,873” pesos. Esta misma cantidad la consignan otras dos veces. No obstante, en la página 262, se afirma que PRI y PVEM “en la etapa de campaña electoral erogaron un total de $4,599,987,834”. Esta cifra la mencionan otras seis veces en la demanda.
Si las izquierdas perdieran esta demanda, podrían denunciar un nuevo rival de su proyecto: ellos mismos. No sería la primera vez, el 5 de agosto de 2006, cuando impugnaron la anterior elección presidencial, el TEPJF determinó por unanimidad que la petición de la coalición estaba jurídicamente mal diseñada.
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