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| Alberto Aziz Nassif |
Una variable que ha emergido con fuerza en estos días de transición: el afán reformista. El presidente saliente hizo uso de su nueva facultad constitucional, presentar dos iniciativas preferentes al inicio de cada periodo de sesiones, por lo que mandó al Congreso una propuesta de reforma laboral y otra sobre transparencia en la contabilidad gubernamental. Por su parte, el presidente electo también llegó con nuevas iniciativas, una para transformar a la actual Secretaría de la Función Pública en una Comisión Nacional contra la Corrupción y otra para convertir al IFAI en un organismo autónomo constitucional.
En el viejo régimen el nuevo presidente de la república preparaba su paquete inicial de reformas a la Constitución para darle sustento legal a las principales políticas de su gobierno. El gran legislador era el presidente. Desde que llegaron los gobiernos divididos, se terminó la cancha libre para legislar de forma unipartidista y ahora se tiene que negociar con las otras fuerzas del Congreso. Por otra parte, en México hay una cultura política legislativa que resulta negativa al menos en dos aspectos: se legisla por generaciones, así las instituciones necesitan varias reformas y muchos años para tener las facultades suficientes y cumplir con su deber. La otra tiene que ver con las coyunturas que agravan los problemas. ¿Por qué Calderón esperó seis años para enfrentar la opacidad de recursos de los gobiernos locales?
En el caso del IFAI todo lo que fortalezca a este organismo es bienvenido, no hay que perder de vista que esa institución se ha visto limitada para actuar porque, entre otras cosas, sólo cubre al gobierno federal. Se supone que ahora tendrá más facultades para actuar frente a todos los niveles de gobierno y todos los poderes del Estado, esperemos que en la letra chica no vengan las trampas, ya sea para un nombramiento de cuotas de sus comisionados o con alguna contraloría interna manejada desde el mismo Congreso, como le pasó al IFE. El otro tema es el de la transparencia en la contabilidad, sobre todo en los gobiernos locales y desde luego en el mismo Poder Legislativo, que siguen instalados en la opacidad.
¿Cuántos presidentes han iniciado su mandato con alguna iniciativa en el combate a la corrupción? Prácticamente todos, y por lo que se ve fracasaron. Peña Nieto se mete a la moda y después del reciente proceso electoral tiene necesidad de legitimarse donde más ha sido atacado, en las herencias negras del PRI en materia de corrupción.
Sin duda, la iniciativa más preocupante de todo este reformismo presidencial es la iniciativa en materia laboral de Calderón, porque atenta abiertamente contra una visión democrática y de bienestar, a pesar de la envoltura.
Se ha querido vender como un avance democratizador porque plantea más transparencia y rendición de cuentas a los sindicatos, lo cual es positivo, pero cancela lo más importante en el mundo del trabajo: la contratación colectiva auténtica. Calderón presenta un proyecto elaborado por abogados de la Coparmex, como lo ha documentado el abogado Arturo Alcalde en su texto “Cuatro temas torales de las iniciativa laboral de Calderón”. El primer tema es que propone una subcontratación triangulada, con lo cual se precarizan más las condiciones de trabajo; el segundo es que generaliza el contrato por horas, cuando debe ser sólo una excepción y no la norma; tercero, le pasa al trabajador el costo de la burocracia y la tardanza en los juicios laborales, con lo que abarata el despido, y hace imposible una contratación colectiva auténtica porque cierra las puertas, ya sea por emplazamiento a huelga o por juicio de titularidad, y ambos mecanismos se vuelven imposibles de realizar. La reforma se vende como estructural, pero no toca ninguno de los temas estructurales, como señala la especialista Graciela Bensusán: ni una palabra sobre precariedad laboral, informalidad, salarios mínimos por debajo de la línea de pobreza, falta de relación entre salarios y productividad, ausencia de representación, incapacidad estatal para el arbitraje de los conflictos obrero-patronales, etcétera. Esta reforma es un atentado a cualquier relación democrática en el mundo laboral.
El reformismo presidencial necesita ser moderado por el pluralismo del Congreso y por una visión de Estado para suprimir las prisas de la coyuntura y la necesidad presidencial de tener legitimidad.
Twitter: @AzizNassif
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