¿Qué sigue para la izquierda en México? es una buena pregunta de “La Zurda”, con no fácil respuesta, después de una elección presidencial cuyo resultado cuestiona la coalición Movimiento Progresista, y antes de que el Tribunal Electoral dé a conocer su fallo sobre el resultado de esa elección, pues el sentido del fallo y las decisiones que tomen, después de que éste se dé, el candidato presidencial del Movimiento Progresista y cada uno de los tres partidos políticos que lo integraban como coalición electoral, son factores que influirán sobre las acciones que en el futuro inmediato e incluso mediato emprendan las agrupaciones y en su caso los individuos que en términos políticos se ubican en ese amplio abanico de la llamada izquierda. Los renglones que vienen a continuación se escriben con la incertidumbre de cómo influirán en ese conjunto de organizaciones y personas las decisiones a que se hace referencia.
Veo varias líneas de acción, en particular para el Partido de la Revolución Democrática, que tienen que ver con su trabajo al interior de la organización y con la actividad que debe desplegar hacia el exterior, tanto en lo nacional como en lo internacional.
Empecemos por ver cuáles fueron los resultados del PRD en la pasada elección de julio: los votos del PRD en la elección presidencial ascendieron al 19.37% del total –en la elección del 2006 puede estimarse que los votos del PRD, descontando los que pudieran corresponder a los otros partidos de la coalición, ascendieron al 28 o 30% del total-; si a los anteriores votos del PRD se suman los que se dieron combinadamente al PRD-PT-MC, más los del PRD-PT y PRD-MC, el partido conjuntaría el 26.93% del total. La cifra de 31.59% de los votos que la autoridad asigna al candidato presidencial en los cómputos distritales incluyen los votos que recibió el candidato al través del PT y el MC como tales.
En lo que hace a distritos ganados, en 2006 el PRD ganó en 91, 39 en 2009 y 56 en este año. De 127 diputaciones logradas en 2006, sumadas las correspondientes a los distritos ganados y las de representación proporcional, en este julio se alcanzaron 98.
Hace tres años, en uno de los peores momentos del partido, cuando en 21 entidades no se alcanzó el 15% de los votos –de éstas, en 7 menos del 4% y en 2 menos del 2%-, hubo en la pasada elección una mejoría, teniendo menos del 15% en 12 estados y sólo en dos de ellos menos del 10%. En 2009 los votos del PRD fueron superiores al 25% en 8 estados, en este año sólo en 6.
Si de estas cifras se ven las de los distritos ganados por el PRD, que reflejan directamente los logros para atraer el voto ciudadano, se puede decir que fueron insuficientes para alcanzar al menos los resultados del 2006, pues fue en 35 distritos menos donde se tuvieron números ganadores. La última campaña de afiliación, que se dejó en manos de una empresa privada, no parece haber sido lo efectiva que debiera.
No ha habido en el curso de un sexenio, para no ir más atrás, trabajo de organización que hubiera permitido ampliar y consecuentemente fortalecer las bases ciudadanas y territoriales del partido. Donde las votaciones han sido bajas, siguen siendo en lo general bajas.
Por otro lado, el PRD no supera su condición de partido de confrontaciones internas y de cuotas para la asignación de cargos y oportunidades según los pesos relativos de las corrientes, que para colmo de males se oficializaron y se les dio vida estatutaria en su condición de sectas. Como ejemplo más reciente están las designaciones de coordinadores de los grupos parlamentarios que habrán de tomar posesión de sus cargos el próximo 1° de septiembre, que no fueron elegidos por sus propuestas o por otras razones que no fueran los equilibrios de los agrupamientos internos, que se componen y recomponen en función sólo de los intereses personales de los dirigentes o, en el mejor de los casos, de los particulares intereses de los grupos. Ni país ni partido han contado en estos casos. El partido de tribus y cuotas, de sectarismos y oportunismos, de clientelas y no de militancias libres y conscientes, está destinado al achicamiento y a los fracasos.
En fin, el PRD y si se quiere el conjunto de organizaciones partidarias de la llamada izquierda, si en realidad pretenden convertirse en alternativas de poder en lo nacional, deben realizar un serio e intenso trabajo de afiliación y organización por todo el país. En el caso del PRD, a partir de la reconstitución y la formación de nuevos comités de base, que sean los que den vida a los comités municipales y estatales. Debe empezarse por ver qué queda de comités de base, dónde deben crearse nuevos y esta labor sólo será efectiva si se dejan de lado actitudes sectarias y se busca abrir el partido a nuevos militantes, convencidos de sus principios y de que sus dirigentes actúan en función de ellos.
Hace tres años, en uno de los peores momentos del partido, cuando en 21 entidades no se alcanzó el 15% de los votos –de éstas, en 7 menos del 4% y en 2 menos del 2%-, hubo en la pasada elección una mejoría, teniendo menos del 15% en 12 estados y sólo en dos de ellos menos del 10%. En 2009 los votos del PRD fueron superiores al 25% en 8 estados, en este año sólo en 6.
Si de estas cifras se ven las de los distritos ganados por el PRD, que reflejan directamente los logros para atraer el voto ciudadano, se puede decir que fueron insuficientes para alcanzar al menos los resultados del 2006, pues fue en 35 distritos menos donde se tuvieron números ganadores. La última campaña de afiliación, que se dejó en manos de una empresa privada, no parece haber sido lo efectiva que debiera.
No ha habido en el curso de un sexenio, para no ir más atrás, trabajo de organización que hubiera permitido ampliar y consecuentemente fortalecer las bases ciudadanas y territoriales del partido. Donde las votaciones han sido bajas, siguen siendo en lo general bajas.
Por otro lado, el PRD no supera su condición de partido de confrontaciones internas y de cuotas para la asignación de cargos y oportunidades según los pesos relativos de las corrientes, que para colmo de males se oficializaron y se les dio vida estatutaria en su condición de sectas. Como ejemplo más reciente están las designaciones de coordinadores de los grupos parlamentarios que habrán de tomar posesión de sus cargos el próximo 1° de septiembre, que no fueron elegidos por sus propuestas o por otras razones que no fueran los equilibrios de los agrupamientos internos, que se componen y recomponen en función sólo de los intereses personales de los dirigentes o, en el mejor de los casos, de los particulares intereses de los grupos. Ni país ni partido han contado en estos casos. El partido de tribus y cuotas, de sectarismos y oportunismos, de clientelas y no de militancias libres y conscientes, está destinado al achicamiento y a los fracasos.
En fin, el PRD y si se quiere el conjunto de organizaciones partidarias de la llamada izquierda, si en realidad pretenden convertirse en alternativas de poder en lo nacional, deben realizar un serio e intenso trabajo de afiliación y organización por todo el país. En el caso del PRD, a partir de la reconstitución y la formación de nuevos comités de base, que sean los que den vida a los comités municipales y estatales. Debe empezarse por ver qué queda de comités de base, dónde deben crearse nuevos y esta labor sólo será efectiva si se dejan de lado actitudes sectarias y se busca abrir el partido a nuevos militantes, convencidos de sus principios y de que sus dirigentes actúan en función de ellos.
El PRD debe ser un partido con una línea política clara, que así se vea desde dentro y desde fuera, acorde y congruente su acción con su declaración de principios y con el llamamiento que originariamente se hizo para su constitución. Debe ser un partido de propuestas, en lo nacional, estatal, municipal, regional, internacional, etc. Un partido con iniciativa y compromiso permanente. La acción, sobre todo, de quienes tienen responsabilidades de dirigencia partidaria, de gobierno y legislativas, debe ser de absoluta transparencia. Deben, por cierto, revisarse los mecanismos estatutarios de rendición y exigencia de cuentas.
El PRD debe ser un partido de una sola línea. En función de ella deben actuar las dirigencias nacional, estatales y municipales, los gobiernos del partido, sus legisladores federales y locales. Debe haber una permanente coordinación respecto a las acciones del partido, a las tareas de gobierno y a la actividad parlamentaria, cumpliendo cada quien con sus funciones y responsabilidades.
Está el caso de las alianzas: no pueden repetirse las alianzas electorales con partidos que mantienen posiciones diametralmente opuestas a las del PRD en cuestiones fundamentales de carácter nacional, como sucedió respecto al Partido Acción Nacional en Puebla, Sinaloa y Oaxaca, donde ganaron los candidatos de esas coaliciones, y Durango, donde se perdió, en sus pasadas elecciones locales, pues llevan a situaciones como las vividas en la reciente elección federal, en las que los gobiernos locales elegidos se enfrentaron a la disyuntiva de inclinarse hacia uno u otro lado, fallando, necesariamente, con respecto a uno o incluso a los dos aliados. Las alianzas electorales deben darse con fuerzas afines en lo fundamental, tanto en lo que respecta a lo local como a lo nacional, y siempre con base en propuestas transparentes respecto a cómo se enfrentarán las cuestiones locales, cuáles serían las agendas legislativas y qué actitud se asumiría en relación a los problemas nacionales, sobre todo aquellos que resultan en confrontaciones del PRD con otras fuerzas políticas nacionales, independientemente que sea con éstas o no la alianza proyectada. Respecto a las alianzas, debe quedar claro y hacerse público también cómo se daría la participación no sólo en lo que hace a las candidaturas, sino también respecto a la participación en el gobierno que se pretende alcanzar.
La elección de julio dejó ver no sólo transgresiones a la ley que se mantienen hasta ahora –y es muy probable se mantengan y así queden- en la impunidad, y la necesidad de una revisión a fondo y de reformas a la legislación electoral, lo que deberá ser una cuestión prioritaria para las fuerzas democráticas del país en estos tiempos inmediatos por delante.
Si la ley se transgrede, por ejemplo, por excesos respecto a los gastos legales de campaña, la sanción no debe ser, como marca la ley vigente, sólo de carácter monetario; el fallo de la autoridad y en su caso la sanción correspondiente, tendría que emitirse y en su caso aplicarse, antes de las fechas en que los cargos involucrados deban asumirse; y, lo más importante, si la ley es atropellada por un candidato y/o por un partido y estos resultan ganadores precisamente por el atropello a la ley, la sanción a los transgresores debiera ser, sobre todo e independientemente de la monetaria, la de perder la posibilidad de ocupar el cargo por el que se contendía, la pérdida de derechos políticos del o de los respectivos candidatos, la pérdida del registro del partido político en cuestión y eventualmente la anulación de la elección de que se trate, debiendo la autoridad electoral emitir sus fallos, como antes se señala, en fecha previa a la de asunción de los cargos involucrados.
El PRD debe ser un partido de una sola línea. En función de ella deben actuar las dirigencias nacional, estatales y municipales, los gobiernos del partido, sus legisladores federales y locales. Debe haber una permanente coordinación respecto a las acciones del partido, a las tareas de gobierno y a la actividad parlamentaria, cumpliendo cada quien con sus funciones y responsabilidades.
Está el caso de las alianzas: no pueden repetirse las alianzas electorales con partidos que mantienen posiciones diametralmente opuestas a las del PRD en cuestiones fundamentales de carácter nacional, como sucedió respecto al Partido Acción Nacional en Puebla, Sinaloa y Oaxaca, donde ganaron los candidatos de esas coaliciones, y Durango, donde se perdió, en sus pasadas elecciones locales, pues llevan a situaciones como las vividas en la reciente elección federal, en las que los gobiernos locales elegidos se enfrentaron a la disyuntiva de inclinarse hacia uno u otro lado, fallando, necesariamente, con respecto a uno o incluso a los dos aliados. Las alianzas electorales deben darse con fuerzas afines en lo fundamental, tanto en lo que respecta a lo local como a lo nacional, y siempre con base en propuestas transparentes respecto a cómo se enfrentarán las cuestiones locales, cuáles serían las agendas legislativas y qué actitud se asumiría en relación a los problemas nacionales, sobre todo aquellos que resultan en confrontaciones del PRD con otras fuerzas políticas nacionales, independientemente que sea con éstas o no la alianza proyectada. Respecto a las alianzas, debe quedar claro y hacerse público también cómo se daría la participación no sólo en lo que hace a las candidaturas, sino también respecto a la participación en el gobierno que se pretende alcanzar.
La elección de julio dejó ver no sólo transgresiones a la ley que se mantienen hasta ahora –y es muy probable se mantengan y así queden- en la impunidad, y la necesidad de una revisión a fondo y de reformas a la legislación electoral, lo que deberá ser una cuestión prioritaria para las fuerzas democráticas del país en estos tiempos inmediatos por delante.
Si la ley se transgrede, por ejemplo, por excesos respecto a los gastos legales de campaña, la sanción no debe ser, como marca la ley vigente, sólo de carácter monetario; el fallo de la autoridad y en su caso la sanción correspondiente, tendría que emitirse y en su caso aplicarse, antes de las fechas en que los cargos involucrados deban asumirse; y, lo más importante, si la ley es atropellada por un candidato y/o por un partido y estos resultan ganadores precisamente por el atropello a la ley, la sanción a los transgresores debiera ser, sobre todo e independientemente de la monetaria, la de perder la posibilidad de ocupar el cargo por el que se contendía, la pérdida de derechos políticos del o de los respectivos candidatos, la pérdida del registro del partido político en cuestión y eventualmente la anulación de la elección de que se trate, debiendo la autoridad electoral emitir sus fallos, como antes se señala, en fecha previa a la de asunción de los cargos involucrados.
Para lograr un posicionamiento claro en lo ideológico y programático, las fuerzas progresistas deben presentar propuestas claras a la ciudadanía y a la nación.
En el terreno internacional y en el de la solidaridad y la cooperación con fuerzas afines del exterior, considero dos como los grandes temas o proyectos a impulsar: 1) la lucha por un orden mundial equitativo, de respeto pleno a la autodeterminación, sin imposiciones hegemónicas, de paz y cooperación solidaria; y 2) la lucha por la integración política y económica de los pueblos y naciones de América Latina y el Caribe.
En lo nacional, considero mantiene vigencia la Propuesta Programática 2012 que presentara el grupo Un México para todos al Movimiento Progresista en febrero pasado, de la que a continuación resalto algunos puntos que considero prioritarios:
• el reconocimiento y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, empezando por las reformas constitucionales en materia de derechos y culturas indígenas (lo que corrientemente se ha llamado la Ley COCOPA), en los términos aprobados por la Comisión de Concordia y Pacificación en 1996;
• la puesta en marcha de una reforma fiscal integral, que aporte los recursos de inversión necesarios para garantizar un crecimiento económico con suficiencia en el largo plazo, que permita satisfacer las necesidades de empleo, ingreso y servicios de la población;
En el terreno internacional y en el de la solidaridad y la cooperación con fuerzas afines del exterior, considero dos como los grandes temas o proyectos a impulsar: 1) la lucha por un orden mundial equitativo, de respeto pleno a la autodeterminación, sin imposiciones hegemónicas, de paz y cooperación solidaria; y 2) la lucha por la integración política y económica de los pueblos y naciones de América Latina y el Caribe.
En lo nacional, considero mantiene vigencia la Propuesta Programática 2012 que presentara el grupo Un México para todos al Movimiento Progresista en febrero pasado, de la que a continuación resalto algunos puntos que considero prioritarios:
• el reconocimiento y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, empezando por las reformas constitucionales en materia de derechos y culturas indígenas (lo que corrientemente se ha llamado la Ley COCOPA), en los términos aprobados por la Comisión de Concordia y Pacificación en 1996;
• la puesta en marcha de una reforma fiscal integral, que aporte los recursos de inversión necesarios para garantizar un crecimiento económico con suficiencia en el largo plazo, que permita satisfacer las necesidades de empleo, ingreso y servicios de la población;
• reformar la legislación del Banco de México para agregar a sus funciones el fomento al crecimiento económico y la protección y generación de empleo; crear un verdadero sistema de planeación del desarrollo nacional, con visión de largo plazo, planes de cumplimiento obligatorio para el sector público, que consideren presupuestos plurianuales para proyectos y programas de ejecución plurianual, así como la supervisión y rendición de cuentas ante el Congreso;
• cancelar la concesión de la explotación minera de San Javier, en San Luis Potosí, así como de todas aquellas que atropellen los derechos y tradiciones de las comunidades originarias y/o no cumplan cabalmente con la legislación ambiental;
• reconstituir la banca de fomento e impulsar el fortalecimiento y de hecho la creación de una banca comercial mexicana;
• recuperar una política de industrialización sustentable; instrumentar una política social de derechos universales a la alimentación, la educación, la salud, la cultura, la vivienda, que substituya a las políticas asistencialistas neoliberales;
• llevar a cabo las reformas de ley necesarias para hacer exigible ante el Estado, el ejercicio de los derechos ya reconocidos en la Constitución al trabajo, a la salud, a la vivienda;
• establecer un sistema de seguridad social universal (salud, pensión de retiro, seguro de desempleo), no vinculado a la condición laboral;
• recuperar una política de industrialización sustentable; instrumentar una política social de derechos universales a la alimentación, la educación, la salud, la cultura, la vivienda, que substituya a las políticas asistencialistas neoliberales;
• llevar a cabo las reformas de ley necesarias para hacer exigible ante el Estado, el ejercicio de los derechos ya reconocidos en la Constitución al trabajo, a la salud, a la vivienda;
• establecer un sistema de seguridad social universal (salud, pensión de retiro, seguro de desempleo), no vinculado a la condición laboral;
• realizar una reforma laboral que promueva una mayor movilidad, no para facilitar el despido como lo demandan los grupos conservadores, sino para corresponderse con las transformaciones que han ocurrido en el mundo del trabajo como efecto de los avances tecnológicos y la globalización de la economía, que preserve los avances en los derechos laborales logrados en años de lucha, prohíba los contratos de protección, elimine la cláusula de exclusión y la toma de nota, dé transparencia al manejo de los recursos sindicales y garantice los derechos de asociación y negociación colectiva;
• fortalecer al Estado laico mediante reformas constitucionales y legales, así como en los programas y las prácticas políticas del Estado;
• aprobar la reforma propuesta al artículo 40 constitucional, que incluye la laicidad como característica esencial de nuestra República, y revertir la reciente reforma al artículo 24 constitucional, que abre la posibilidad de otras reformas regresivas a la ley fundamental; garantizar la igualdad de género en materias política, social, laboral, cultural y de oportunidades;
• garantizar igualmente los derechos a la preferencia sexual, de procreación y salud reproductiva; impulsar las legislaciones que permitan las uniones entre personas del mismo sexo y los derechos de adopción con independencia de las preferencias sexuales;
• y, revertir las legislaciones oscurantistas en aquellos Estados en los que se han cancelado los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo;
• imponer un cambio efectivo a las políticas de combate a la delincuencia organizada para garantizar la paz pública y la seguridad de los habitantes del país, prestando atención prioritaria al seguimiento del dinero sucio y al patrimonio surgido de la delincuencia, y retirando y substituyendo gradualmente, en el tiempo más corto posible, a las Fuerzas Armadas en toda responsabilidad policíaca;
• promover los acuerdos internacionales que garanticen los derechos laborales y ciudadanos de los migrantes mexicanos en el extranjero e instrumentar políticas de respeto a los derechos y protección a los migrantes de otros países en territorio nacional, sancionando con rigor a quienes falten a esas obligaciones de solidaridad humana;
• recuperar la función social de la tierra, tanto rural como urbana, evitando las concentraciones de propiedad que distorsionen la equidad en el desarrollo;
• recuperar productivamente al campo, fortalecer la economía rural y garantizar la autonomía alimentaria;
• proceder al saneamiento del sistema de justicia, con participación y en coordinación con el Poder Judicial;
• fortalecer al Estado laico mediante reformas constitucionales y legales, así como en los programas y las prácticas políticas del Estado;
• aprobar la reforma propuesta al artículo 40 constitucional, que incluye la laicidad como característica esencial de nuestra República, y revertir la reciente reforma al artículo 24 constitucional, que abre la posibilidad de otras reformas regresivas a la ley fundamental; garantizar la igualdad de género en materias política, social, laboral, cultural y de oportunidades;
• garantizar igualmente los derechos a la preferencia sexual, de procreación y salud reproductiva; impulsar las legislaciones que permitan las uniones entre personas del mismo sexo y los derechos de adopción con independencia de las preferencias sexuales;
• y, revertir las legislaciones oscurantistas en aquellos Estados en los que se han cancelado los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo;
• imponer un cambio efectivo a las políticas de combate a la delincuencia organizada para garantizar la paz pública y la seguridad de los habitantes del país, prestando atención prioritaria al seguimiento del dinero sucio y al patrimonio surgido de la delincuencia, y retirando y substituyendo gradualmente, en el tiempo más corto posible, a las Fuerzas Armadas en toda responsabilidad policíaca;
• promover los acuerdos internacionales que garanticen los derechos laborales y ciudadanos de los migrantes mexicanos en el extranjero e instrumentar políticas de respeto a los derechos y protección a los migrantes de otros países en territorio nacional, sancionando con rigor a quienes falten a esas obligaciones de solidaridad humana;
• recuperar la función social de la tierra, tanto rural como urbana, evitando las concentraciones de propiedad que distorsionen la equidad en el desarrollo;
• recuperar productivamente al campo, fortalecer la economía rural y garantizar la autonomía alimentaria;
• proceder al saneamiento del sistema de justicia, con participación y en coordinación con el Poder Judicial;
• fomentar el desarrollo de las energías alternativas (solar, eólica, de la biomasa, etc.), estimulándolo con medidas fiscales y una adecuada reglamentación de las inversiones en ese campo;
• hacer efectiva la universalización de la educación obligatoria;
• garantizar acceso y permanencia en la educación pública en todos sus grados, a todo aquel que satisfaga los requerimientos académicos;
• crear nuevas universidades públicas y fortalecer la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico;
• destinar mayores recursos presupuestales a la cultura, impulsar su descentralización y establecer incentivos fiscales para creadores y divulgadores, así como para el rescate y protección de bienes patrimoniales;
• fomentar y proteger las expresiones de las culturas tradicionales;
• reformar la legislación en materia de medios de comunicación electrónicos para garantizar presencia equitativa al Estado, la sociedad y la iniciativa privada en el espectro comunicacional;
• crear un órgano regulador autónomo que garantice eficacia y equidad en el otorgamiento y control de concesiones para la utilización del espectro radioeléctrico;
acelerar el apagón analógico y la adopción de tecnologías de punta en el sector de las comunicaciones, abriéndolo a nuevas alternativas comunitarias, regionales, de instituciones de educación superior y comerciales, evitando su monopolización;
• cerrar el paso a la pretensión de autorizar inversión extranjera hasta del 100% en empresas del área de las telecomunicaciones;
• suprimir la representación proporcional en el Senado de la República, que rompe y vulnera la paridad de la representación de las entidades federadas en ese cuerpo;
• hacer efectiva la universalización de la educación obligatoria;
• garantizar acceso y permanencia en la educación pública en todos sus grados, a todo aquel que satisfaga los requerimientos académicos;
• crear nuevas universidades públicas y fortalecer la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico;
• destinar mayores recursos presupuestales a la cultura, impulsar su descentralización y establecer incentivos fiscales para creadores y divulgadores, así como para el rescate y protección de bienes patrimoniales;
• fomentar y proteger las expresiones de las culturas tradicionales;
• reformar la legislación en materia de medios de comunicación electrónicos para garantizar presencia equitativa al Estado, la sociedad y la iniciativa privada en el espectro comunicacional;
• crear un órgano regulador autónomo que garantice eficacia y equidad en el otorgamiento y control de concesiones para la utilización del espectro radioeléctrico;
acelerar el apagón analógico y la adopción de tecnologías de punta en el sector de las comunicaciones, abriéndolo a nuevas alternativas comunitarias, regionales, de instituciones de educación superior y comerciales, evitando su monopolización;
• cerrar el paso a la pretensión de autorizar inversión extranjera hasta del 100% en empresas del área de las telecomunicaciones;
• suprimir la representación proporcional en el Senado de la República, que rompe y vulnera la paridad de la representación de las entidades federadas en ese cuerpo;
• abrogar la Ley de asociaciones público privadas;
• pugnar porque cobre vigencia en la práctica internacional la Carta de deberes y derechos económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974 por 120 votos contra 6 y 10 abstenciones.
En el curso de la campaña electoral, desde las posiciones entreguistas, se declaró que para reactivar la economía y en particular para un mejor desarrollo de la industria petrolera era necesario abrir Pemex a la inversión privada. Aun cuando no se precisó el alcance de esta medida, en la izquierda debe pensarse que lo que la reacción entreguista pretende es llevar a cabo una reforma constitucional para que el Estado pierda la exclusividad en la gestión de la industria petrolera y por lo tanto, para que esta no se maneje más en función del interés público y nacional, como debiera ser, sino de acuerdo a intereses privados y en su caso ajenos al país.
El petróleo y de modo más general los hidrocarburos, constituyen para México recursos de carácter estratégico para la conducción y el estímulo a su crecimiento económico y desarrollo en lo general, como son estratégicos estos mismos recursos para otros países, u otros recursos, como el agua para Canadá y el cobre para Chile.
Nuestra Constitución establece la exclusividad de la Nación para llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera, esto es, según la define la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional: la exploración, la explotación, refinación, transporte, almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación.
Petróleos Mexicanos (Pemex) no es sino el organismo al través del cual el Estado mexicano gestiona la industria petrolera, aprovechando y en su caso transformando mediante procesos industriales recursos naturales que el propio Estado le asigna. Privatizar los activos de Pemex –pozos en producción, refinerías, ductos, equipos de transporte, edificios de oficinas, etc.- sería un paso grave, pero entregar a intereses ajenos a los de la nación los recursos naturales que de manera exclusiva gestiona y transforma Pemex por mandato del Estado, significaría lesionar la seguridad energética de la nación, perder la seguridad de los ingresos que la industria petrolera aporta a las finanzas públicas y, lo reitero, dejar que un recurso estratégico se manejara en función de intereses particulares y no de acuerdo al interés público y nacional, condición a la que, por cierto, se debe regresar.
La política petrolera a instrumentarse en el futuro debe tener, entre otros objetivos, prolongar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo las demandas nacionales de hidrocarburos; desarrollar las cadenas productivas de la industria petrolera con el fin de agregar valor a los productos, generar empleos y estimular los desarrollos regionales; y prever con anticipación las medidas a tomar para llevar a cabo la transición energética con los menores costos económicos y sociales posibles, alentando al mismo tiempo la utilización de energías alternativas o no convencionales.
• pugnar porque cobre vigencia en la práctica internacional la Carta de deberes y derechos económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974 por 120 votos contra 6 y 10 abstenciones.
En el curso de la campaña electoral, desde las posiciones entreguistas, se declaró que para reactivar la economía y en particular para un mejor desarrollo de la industria petrolera era necesario abrir Pemex a la inversión privada. Aun cuando no se precisó el alcance de esta medida, en la izquierda debe pensarse que lo que la reacción entreguista pretende es llevar a cabo una reforma constitucional para que el Estado pierda la exclusividad en la gestión de la industria petrolera y por lo tanto, para que esta no se maneje más en función del interés público y nacional, como debiera ser, sino de acuerdo a intereses privados y en su caso ajenos al país.
El petróleo y de modo más general los hidrocarburos, constituyen para México recursos de carácter estratégico para la conducción y el estímulo a su crecimiento económico y desarrollo en lo general, como son estratégicos estos mismos recursos para otros países, u otros recursos, como el agua para Canadá y el cobre para Chile.
Nuestra Constitución establece la exclusividad de la Nación para llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera, esto es, según la define la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional: la exploración, la explotación, refinación, transporte, almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación.
Petróleos Mexicanos (Pemex) no es sino el organismo al través del cual el Estado mexicano gestiona la industria petrolera, aprovechando y en su caso transformando mediante procesos industriales recursos naturales que el propio Estado le asigna. Privatizar los activos de Pemex –pozos en producción, refinerías, ductos, equipos de transporte, edificios de oficinas, etc.- sería un paso grave, pero entregar a intereses ajenos a los de la nación los recursos naturales que de manera exclusiva gestiona y transforma Pemex por mandato del Estado, significaría lesionar la seguridad energética de la nación, perder la seguridad de los ingresos que la industria petrolera aporta a las finanzas públicas y, lo reitero, dejar que un recurso estratégico se manejara en función de intereses particulares y no de acuerdo al interés público y nacional, condición a la que, por cierto, se debe regresar.
La política petrolera a instrumentarse en el futuro debe tener, entre otros objetivos, prolongar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo las demandas nacionales de hidrocarburos; desarrollar las cadenas productivas de la industria petrolera con el fin de agregar valor a los productos, generar empleos y estimular los desarrollos regionales; y prever con anticipación las medidas a tomar para llevar a cabo la transición energética con los menores costos económicos y sociales posibles, alentando al mismo tiempo la utilización de energías alternativas o no convencionales.
Las decisiones relativas a una política petrolera con estos objetivos sólo pueden ser tomadas por el Estado, que debe dar mandato a Petróleos Mexicanos sobre cómo desarrollar las actividades que le tiene encomendadas. Por otro lado, para instrumentar esta política será necesario llevar a cabo cambios tanto en la relación de Petróleos Mexicanos con el Estado como en los mecanismos de gestión del organismo.
Debe transformarse a Petróleos Mexicanos en una verdadera empresa del Estado con autonomía presupuestal y de gestión, para lo cual es necesario reformar los artículos 25 y 28 constitucionales.
Se requiere asimismo transformar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en un organismo independiente de la Secretaría de Energía, para lograr un mejor control del recurso natural existente en los yacimientos, de manera independiente de Pemex; para lograr mayor eficiencia en el registro y administración de las reservas: auditar su magnitud y supervisar las actividades de exploración y extracción, las tecnologías y procedimientos utilizados para asegurar la sustentabilidad de los yacimientos y evitar prácticas como la quema y venteo extraordinarios de gas natural en la atmósfera.
En paralelo, deberá reformarse la Ley de Petróleos Mexicanos para establecer con claridad el mandato del Estado respecto a los lineamientos de operación del organismo (que a partir del mandato debe operar con plena autonomía) en materia de reservas, extracción, transformación de hidrocarburos –refinación, petroquímica y otras producciones de la cadena petrolera-; la obtención con los menores costos posibles de los productos y servicios que se vendan o se presten; los marcos de su organización interna y de sus órganos de gobierno; las responsabilidades en la planeación de sus actividades; los esquemas de administración de sus ingresos, los pagos en su caso de derechos y contribuciones, la coordinación con el sector público y su relación con terceros.
La concesión de autonomía presupuestal y de gestión a Petróleos Mexicanos debe entenderse como la facultad y responsabilidad del organismo para hacerse cargo del manejo de sus ingresos, las inversiones para la expansión de sus actividades y el buen mantenimiento de sus instalaciones, el pago de derechos, impuestos y dividendos, en este caso, a la hacienda pública federal.
Petróleos Mexicanos debe funcionar como una entidad integrada y contar con la necesaria flexibilidad para reorganizar en caso dado su estructura corporativo-administrativa.
Es urgente, en un primer esfuerzo, aumentar la capacidad de refinación de Pemex en el orden de los 600 mil barriles diarios, a fin de mejorar las condiciones de seguridad energética del país y de disminuir la importación de combustibles, que constituye una seria sangría a las finanzas nacionales.
Debe transformarse a Petróleos Mexicanos en una verdadera empresa del Estado con autonomía presupuestal y de gestión, para lo cual es necesario reformar los artículos 25 y 28 constitucionales.
Se requiere asimismo transformar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en un organismo independiente de la Secretaría de Energía, para lograr un mejor control del recurso natural existente en los yacimientos, de manera independiente de Pemex; para lograr mayor eficiencia en el registro y administración de las reservas: auditar su magnitud y supervisar las actividades de exploración y extracción, las tecnologías y procedimientos utilizados para asegurar la sustentabilidad de los yacimientos y evitar prácticas como la quema y venteo extraordinarios de gas natural en la atmósfera.
En paralelo, deberá reformarse la Ley de Petróleos Mexicanos para establecer con claridad el mandato del Estado respecto a los lineamientos de operación del organismo (que a partir del mandato debe operar con plena autonomía) en materia de reservas, extracción, transformación de hidrocarburos –refinación, petroquímica y otras producciones de la cadena petrolera-; la obtención con los menores costos posibles de los productos y servicios que se vendan o se presten; los marcos de su organización interna y de sus órganos de gobierno; las responsabilidades en la planeación de sus actividades; los esquemas de administración de sus ingresos, los pagos en su caso de derechos y contribuciones, la coordinación con el sector público y su relación con terceros.
La concesión de autonomía presupuestal y de gestión a Petróleos Mexicanos debe entenderse como la facultad y responsabilidad del organismo para hacerse cargo del manejo de sus ingresos, las inversiones para la expansión de sus actividades y el buen mantenimiento de sus instalaciones, el pago de derechos, impuestos y dividendos, en este caso, a la hacienda pública federal.
Petróleos Mexicanos debe funcionar como una entidad integrada y contar con la necesaria flexibilidad para reorganizar en caso dado su estructura corporativo-administrativa.
Es urgente, en un primer esfuerzo, aumentar la capacidad de refinación de Pemex en el orden de los 600 mil barriles diarios, a fin de mejorar las condiciones de seguridad energética del país y de disminuir la importación de combustibles, que constituye una seria sangría a las finanzas nacionales.
Existe un alto déficit en el suministro de gas natural en el país, por lo que Pemex debe acelerar la exploración e incorporación de nuevas reservas de este energético. Por otra parte, el país posee una de las más importantes reservas mundiales del llamado shale gas, las que requieren ser debidamente evaluadas para incorporarse como tales al patrimonio evaluado de la nación.
En los primeros años del periodo neoliberal se abrieron a la inversión privada tanto la petroquímica como el transporte y almacenamiento de gas natural. Las inversiones no fluyeron a estos sectores, que se han mantenido estancados por más de veinte años, a pesar de ser piezas fundamentales de la infraestructura y de la producción que requiere el país para crecer.
En relación al gas natural, es preciso que Petróleos Mexicanos, conjuntamente con las empresas concesionarias, acuerden la ampliación de la red de gasoductos troncales y las redes de distribución secundarias, para mejor aprovechar las oportunidades que se están abriendo con los descubrimientos recientes de nuevas fuentes de gas.
La posibilidad de disponer de gas a bajo precio, como se presenta la actual situación mundial, debe ser aprovechada para reactivar e impulsar el desarrollo de la industria petroquímica nacional, que, como se ha señalado, pasa por una larga fase de estancamiento. En este caso, se abren posibilidades muy amplias para inversiones de todo tipo: privadas, tanto nacionales como extranjeras, y de Pemex, por sí o en asociación con otros inversionistas.
La defensa de la industria petrolera al servicio de la nación, el recuperar el rumbo para que contribuya a la generación de empleo, la industrialización y a un crecimiento sostenido de la economía, resulta fundamental para los destinos de la nación y se constituye hoy, por lo tanto, frente a las acechanzas del entreguismo y la reacción, en la primera prioridad en la lucha política de toda organización y todo individuo que se reconozca en las izquierdas del país.
En los primeros años del periodo neoliberal se abrieron a la inversión privada tanto la petroquímica como el transporte y almacenamiento de gas natural. Las inversiones no fluyeron a estos sectores, que se han mantenido estancados por más de veinte años, a pesar de ser piezas fundamentales de la infraestructura y de la producción que requiere el país para crecer.
En relación al gas natural, es preciso que Petróleos Mexicanos, conjuntamente con las empresas concesionarias, acuerden la ampliación de la red de gasoductos troncales y las redes de distribución secundarias, para mejor aprovechar las oportunidades que se están abriendo con los descubrimientos recientes de nuevas fuentes de gas.
La posibilidad de disponer de gas a bajo precio, como se presenta la actual situación mundial, debe ser aprovechada para reactivar e impulsar el desarrollo de la industria petroquímica nacional, que, como se ha señalado, pasa por una larga fase de estancamiento. En este caso, se abren posibilidades muy amplias para inversiones de todo tipo: privadas, tanto nacionales como extranjeras, y de Pemex, por sí o en asociación con otros inversionistas.
La defensa de la industria petrolera al servicio de la nación, el recuperar el rumbo para que contribuya a la generación de empleo, la industrialización y a un crecimiento sostenido de la economía, resulta fundamental para los destinos de la nación y se constituye hoy, por lo tanto, frente a las acechanzas del entreguismo y la reacción, en la primera prioridad en la lucha política de toda organización y todo individuo que se reconozca en las izquierdas del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.