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| Robert Ehrman |
Para darnos una idea general de los alcances de la nueva reforma, basta con considerar que la actual Ley está integrada por 1004 artículos, y la reforma tiene la intención de cambiar 351 de ellos, es decir más de un tercio.
Hay, en la propuesta de reforma, temas muy buenos que merecen, por si solos, que se apruebe. Otros, muy malos, que habrá que corregir, si es que hay voluntad y proporción política favorable; y otros más, muy feos, que manifiestan claramente los limites y alcances de una negociación que, lejos de llevarse cabo en estos días, se llevó a cabo bien distante de los reflectores públicos, desde finales del año pasado.
De hecho, y para empezar, es evidente que la actual reforma laboral es un producto de una negociación previa entre el actual Presidente Calderón y el candidato presidencial electo Enrique Peña Nieto (y suentourage).
Muy pocos, entre los legisladores del PRI, y nadie, entre los del PAN, se sorprendieron de las dos propuestas de iniciativa de leyes preferentes.
Se negoció de antemano que fuese Calderón, Presidente saliente, que asumiera los costos políticos de dos reformas claramente impopulares para sectores relevantes del electorado y para los gobiernos locales.
Por otra parte, la reforma laboral es parte de la necesidad y de los requerimientos de la clase empresarial nacional y extranjera, de favorecer e incrementar los montos de las inversiones extranjeras directas (IED), y, de dende, promover un mercado del trabajo más competitivo, por un lado; y por el otro, es producto del interés en incentivar a los empresarios (más que los trabajadores) a insertarse en un sistema de relaciones laborales formales y bajo el control del Estado, con todos los beneficios que en materia fiscal se puedan obtener.
Sin embargo, vale la pena recordar, que el concepto originario de legislación laboral, como normatividad de las relaciones de trabajo en sentido ampliado, no se originó para reforzar las relaciones de mercado, sino que fue concebido como un sistema de derechos y obligaciones frente a la desigualdad y la inequidad que el propio mercado generaba.
En este sentido, e iniciando la evaluación de la reforma laboral desde el lado meritorio, es encomiable en su propuesta de establecer el concepto de trabajo digno o decente, como el trabajo que “respeta plenamente la dignidad humana del trabajador…incluyendo el respeto irrestricto a los derechos colectivos”[1]. De allí se desprende la aplicación del principio de no discriminación[2], la de mayor protección para la mujer[3] y el reconocimiento de los derechos de la paternidad, la de favorecer las condiciones (si bien todavía muy limitadas, faltándose incentivos fiscales), para la contratación de personas con discapacidad[4], la de la obligación, para el patrón, de proporcionar capacitación adecuada y de buen nivel[5], así como condiciones dignas de higiene, seguridad y prevención de riesgos[6], y la tipificación como delito para el trabajo de menores de 14 años.
Asimismo, consideramos pertinente y adecuada, si bien tardía, la reglamentación que se lleva a cabo respecto el trabajo en minas, que tiene como objetivo garantizar, al fin, la seguridad del trabajador, frente al nivel muy elevado de riesgos de accidentes[7].
Es notable, además, el esfuerzo que se hizo para llevar a cabo una auténtica revolución en la forma de resolver las controversias laborales, tratando, por un lado, de garantizar una mayor profesionalización de las autoridades competentes, y por el otro, de mejorar sustantivamente los mecanismos de resolución de controversias.
Finalmente, de lo bueno hay que mencionar la garantía del voto libre, directo y secreto para la elección de la directiva sindical, principio insoslayable de cualquiera cultura democrática[8].
Respecto lo malo, y necesariamente perfectible, está lo de establecer las bases para que las percepciones salariales se vinculen a la productividad sin definir con claridad las modalidades y los indicadores para su determinación, y dejando su decisión a una nueva figura institucional, la de la Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad[9] y sujetas al control de la nueva Comisión Nacional de Productividad[10]. La intención, obvia, es la de copiar, muy tardíamente, el modelo y la filosofía laboral japonesa (la famosa calidad total) inventada y aplicada en la empresa Toyota a partir de la década de 1950, sin tener muy claro como hacerlo y, peor aún, sin considerar que el modelo japonés, se sustenta sobre una filosofía laboral que valoriza el sentido de pertenencia del trabajador a la empresa, y en donde la empresa cuida a sus trabajadores proporcionándoles servicios que a veces ni siquiera el Estado les da, como la educación para su hijos, servicios de salud, y hasta las vacaciones, por medio de empresas satélites que son parte de la misma casa matriz.
Otro aspecto, lo de la reglamentación del outsourcing, va justamente contra el principio de pertenencia del trabajador a la empresa, separando el aspecto administrativo de la contratación, con lo del desempeño y evaluación laboral. Esta escisión, que definidamente esta a favor de los intereses patronales, no juega y no jugará en el mediano plazo un papel funcional a la “productividad” de la empresa, faltándole, justamente, aquel aspecto integrador, de identidad entre trabajador y empresa. Por ello, el trabajador tendrá la misma respuesta que le ofrece la empresa, una relación puramente mercantilista en donde cada quién tratará de sacar el máximo provecho de los que puede o no quiere hacer.
Por último, respecto lo feo, y hay mucho que decir, nos quedamos con un comentario, respecto la hipocresía de tratar de transparentar y democratizar las cuentas sindicales, cuando se sabía muy bien desde un inicio que los sindicatos se hubieran opuesto decididamente a ello; lo anterior, con la finalidad de utilizar la propuesta como moneda de cambio para que aceptaran la reforma en su conjunto.
Twitter: @EhrmanR
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