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| Silvia Gómez Tagle |
Calderón vuelve a poner en la mesa los puntos centrales que ya había presentado Lozano como secretario del Trabajo en este sexenio, y que entonces rechazó el PRI cuando era oposición: la creación de nuevas modalidades de contratación temporal, el reconocimiento legal de outsourcing o subcontratación, facilitar mecanismos para el despido de los trabajadores, eximir al patrón del reparto de utilidades, imponer regulaciones que dificultan el que los trabajadores puedan emplazar a huelga, entre otras, son medidas que tienen como objetivo bajar el costo de la mano de obra, a costa de sacrificar el ingreso de los trabajadores, la estabilidad en el empleo y las prestaciones sociales.
Legalizar la extendida práctica de subcontratación, por ejemplo, permitirá a los empresarios evadir con mayor impunidad sus responsabilidades laborales con los trabajadores, al mismo tiempo que favorece la evasión fiscal y debilita el régimen de seguridad social.
Esta reforma laboral atenta contra el sindicalismo independiente porque abre la posibilidad de que si un sindicato inicia un juicio laboral, otro no pueda demandar la titularidad del contrato hasta un año más tarde; es decir, los patrones pueden ponerse de acuerdo con las organizaciones de protección para que haya demandas permanentes que impidan a los trabajadores llevar a cabo un proceso legal para afiliarse a una agrupación independiente. También se definen requisitos a cumplir por los empleados antes de iniciar un juicio por la titularidad del contrato colectivo de trabajo, que hacen posible que esos trabajadores inconformes sean despedidos.
Al establecer que en caso de un conflicto laboral, individual o colectivo, el pago de salarios caídos se limita a un año, sin importar el tiempo que tarden las Juntas de Conciliación y Arbitraje en resolver los litigios, la ley carga a los trabajadores el costo por la tardanza de los tribunales laborales, lo cual es sólo responsabilidad del Estado.
Es difícil explicar cómo estas medidas que atentan contra los derechos de los trabajadores van a generar más y mejores fuentes de empleo, para que un mayor número de personas, principalmente jóvenes y mujeres, puedan integrarse a puestos de trabajo. Además, en un país con más de 40 millones de pobres y una altísima tasa de empleo informal, provocar la precarización de sectores de trabajadores que hoy con dificultad se mantiene ligeramente por arriba de los límites de pobreza, afectará el crecimiento del mercado interno y seguirá concentrando la riqueza.
Lo único novedoso en esta iniciativa presidencial está en los aspectos que tienen que ver con la democracia interna de los sindicatos y la transparencia, como el voto libre, directo y secreto en las elecciones sindicales y la exigencia de que los dirigentes entreguen cuentas del uso de las cuotas sindicales, lo que ya hacen las agrupaciones democráticas.
Pero es justamente aquí donde han surgido las mayores objeciones, sobre todo en el PRI y los sindicatos afines a ese partido. En parte se trata de argumentos aceptables, como salvaguardar la autonomía de los sindicatos, pero también en realidad se trata sólo de salvaguardar intereses se verían notoriamente afectados por reglas que obliguen a una mayor democracia sindical.
Finalmente, la iniciativa de Calderón se sustenta en el fondo en dos tesis que son muy discutibles: a) que al bajar el costo de la mano de obra se crearán más empleos; y b) que hay que ajustar la ley laboral a las condiciones reales de precarización en el empleo que se han producido por la política de estabilidad económica, sin crecimiento, sostenida por los gobiernos del PRI y del PAN.
Estas dos tesis contrastan con lo que debería ser una política de desarrollo y ampliación de los derechos laborales y sociales para toda la población. Como quien dice, tanto los legisladores del PRI, como del PAN, como sus aliados, al aprobar estas iniciativas de reforma laboral demuestran su convicción de que es mejor legalizar la pobreza que combatirla. Mal principio para todas las promesas de Enrique Peña Nieto.
sgomez@colmex.mx
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