Humberto Moreira, el político en desgracia que perdió a su hijo en la guerra contra el crimen organizado, por fin recibió una buena noticia. La PGR le notificó que fue exonerado de las acusaciones de complicidad en contratación ilegal de deuda pública con documentos falsos durante su gestión como gobernador de Coahuila.
A mediados de noviembre próximo, el otrora dirigente del PRI nacional dará a conocer todo lo relacionado con la mencionada exoneración, pero también los pormenores de la exhaustiva investigación y las presiones a las que lo han sometido, incluido el compromiso de “verlo tras las rejas” que hizo en campaña Josefina Vázquez Mota. Hasta donde sabemos, Moreira no fue llamado a declarar ante el Ministerio Público de la Federación. La PGR no encontró elementos de prueba para llamarlo a la diligencia.
El ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva de la Cámara alta, sí fue llamado a declarar el pasado mes de mayo. Lo hizo durante seis horas, según fuentes consultadas por este reportero. La PGR investigó cinco denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación por otros tantos créditos obtenidos con documentos falsos por el gobierno de Coahuila. Cuatro de ellos fueron durante la gestión de Humberto Moreira. La deuda total adquirida en la administración de Moreiraes de 38 mil millones de pesos.
Rodrigo Medina es uno de los gobernadores más golpeados mediáticamente. Sus adversarios, políticos y empresariales, no le dan tregua. No pasa un día sin que aparezca renunciado de su cargo. De inepto no bajan al neoleonés.
En el gobierno federal, sin embargo, no lo ven mal. El presidenteCalderón ha hecho elogio de su colaboración y firmeza en la lucha contra el narco, en charlas que ha mantenido con Enrique Peña.
“Los resultados allí están”, nos dice el gobernador de Nuevo León.Medina acompañó sus palabras con documentos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP) sobre los índices delictivos en su estado. Un ejemplo son los homicidios dolosos. Monterrey es emblema de ciudad violenta, rehén de las bandas de narcos; Nuevo León, de ser un estado peligroso. Difícil quitarse la etiqueta, pero ahí la lleva.
El fenómeno baja, según el SESNSP. Hasta el mes de septiembre de este año se tenían registrados 998 homicidios relacionados con la delincuencia organizada (se incluyen los 44 homicidios en el penal de Apodaca, los 47 mutilados en Cadereyta y los 37 delincuentes abatidos por la autoridad en marzo).
En el mismo lapso de 2011 se registraron mil 319 homicidios relacionados con las bandas del crimen organizado. Un 24% menos.
A la baja también el robo de casas habitación, 13%; robo a negocio, 43%; robo de vehículo, 43 por ciento.
Medina sabe que le falta mucho todavía y que el fenómeno del crimen organizado “llegó para quedarse.” Pero está convencido de que puede controlarse. De entrada, piensa que es urgente sacar del discurso el tema de seguridad. “El Presidente (Calderón) va a un acto de ciencia y tecnología y acaba hablando del Chapo.”
Otro punto clave es dar a esta lucha un enfoque social. “Llegar a los jóvenes primero que a los cárteles”, subraya. Un tercer eje tiene que ver con la depuración de las policías, pero también con una mejor labor de inteligencia. Un cuarto: hay que meterle mano al sistema Jurídico y Penitenciario.
Paco Arroyo, vicepresidente de la Cámara baja, nos adelanta que el próximo martes presentará un propuesta de ley para reglamentar las famosas iniciativas preferentes del Ejecutivo, que obligan al Congreso a dictaminarlas en un plazo máximo de 60 días (30 para cada cámara).
El diputado del PRI, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara baja, admite que existe un “vacío legal” en cuanto al trato que se le debe dar a las iniciativas de estas características. La iniciativa propone 30 días adicionales para pronunciarse y obliga a las dos cámaras a sesionar en conferencia para ponerse de acuerdo. La reforma laboral es un ejemplo de lo que sucede cuando hay un vacío legal. Los diputados del PRI y PVEM le tumbaron a la iniciativa de Calderón los artículos que tenían que ver con transparencia, democracia y rendición de cuentas. Impusieron su mayoría.
La correlación de fuerzas en el Senado es diferente. PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano tienen mayoría. 66 a 62. Allí volvieron a modificar la minuta. La regresaron a la cámara de origen con modificaciones.
El que ni de chiste pasa es el artículo 388 bis, adicionado por la senadora Alejandra Barrales, que somete al voto secreto de los trabajadores, el derecho de huelga y los contratos colectivos. Los priistas están convencidos de que aprobar esa “locura” —así la llamó el cetemista Carlos Aceves del Olmo— crearía una inestabilidad extraordinaria y el desorden en todo el país. “Ese artículo no tiene ni pies ni cabeza”, nos dijo Arroyo.
Moraleja de la semana (cortesía de León Tolstoi, escritor ruso): Es más fácil hacer leyes que gobernar.
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