 |
| Francisco Valdés Ugalde |
La semana pasada se llevó a cabo un evento particularmente relevante. El seminario sobre transparencia y rendición de cuentas en América Latina auspiciado por la Red por la Redición de Cuentas, la Flacso México, el CIDE, el IFAI y la ASF. Participaron personalidades de la academia y de instituciones involucradas con la transparencia de México, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú y Colombia. A continuación apunto algunas de las ideas vertidas.
Por una o por otra razón, casi la totalidad de los sistemas políticos latinoamericanos son democracias incipientes. A veces se les califica bondadosamente de jóvenes. En su mayor parte, y no sin discrepancias, estos sistemas políticos en Latinoamérica han adoptado la democracia como principio de elección de gobernantes. Esa ha sido una decisión de los ciudadanos de esos países. No obstante, los gobernantes no transparentan ni rinden cuentas por voluntad propia. Buscan mayor poder con menores trabas, lo que conduce a la preservación de privilegios que fomentan la persistencia de las desigualdades sociales y políticas. En culturas políticas como las de Iberoamérica esos privilegios se hunden en modos de ser con rancios abolengos y costumbres pertinaces.
De ahí que la agenda haya rebasado con mucho el tema de las “transiciones” a las democracias. Aunque la calidad de las elecciones sigue próxima a las preocupaciones de los ciudadanos en todas partes, las inquietudes principales se han trasladado a las formas de gobernar. Ya no se trata de hacer democracia solamente, sino de fomentar el poder de las sociedades para construir Estados democráticos de derecho.
Entre los más graves problemas que el pensamiento político señala hoy día está la exclusión de la enorme mayoría del demosrespecto de la polis y al ejercicio del poder. En sentido estricto, democracia es más que elegir gobernantes, es la intervención del pueblo en el gobierno con garantía irrestricta a la libertad y el derecho personal.
Si bien es siempre preferible la democracia, por mínima que sea, a cualquier modalidad autoritaria, lo trascendental es la forma en que los sistemas democráticos de elección de gobernantes facilitan otros procesos de evolución de las formas de convivencia, la calidad de las instituciones, el establecimiento del imperio de la ley y una legalidad más y mejor desprendida de los intereses de grupos particulares que tratan y tratarán siempre de imponerse al bienestar público.
La democracia liberal realmente existente no es el mejor de los sistemas políticos posibles, sino el menos malo. En el mundo moderno la democracia no es la vía de un acceso igualitario a la representación en el poder del Estado. En el mejor de los casos es un espacio, el más abierto que conocemos, para la disputa de intereses particulares legítimos y para distinguirlos de los que no lo son. Pero ese espacio, entre más abierto es, permite ventilar públicamente la legitimidad de los intereses que pugnan por imperar en las políticas públicas. Por eso es “un lugar común”. Un lugar en el que se construye la representación de intereses y derechos que aspiran a ser igualitarios.
La democracia per se no elimina las coaliciones (dominantes o dominadas) de intereses creados que se forman en torno a la función de gobernar, pero permite conocerlas, domesticarlas, limitar o eliminar sus excesos. Hace posible saber por qué unos asuntos de interés colectivo avanzan más que otros, y permite actuar para reconducir esas tendencias.
En nuestros países la agenda de los derechos y las reformas institucionales que reclama una democracia constitucional está postergada. En el ejercicio de los derechos, en la obligación de cumplirlos los equilibrios son precarios. Tensan a los ciudadanos con los gobernantes. No corresponden al Estado moderno al que debemos conducirnos.
De ahí la imperiosa necesidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las democracias “tempranas”. Las sociedades reclaman información sobre el uso de los recursos que aportan al beneficio común. Los gobernantes deben obligarse a proporcionarla.
Establecer las instituciones de rendición de cuentas que hagan explicable, para bien o para mal, todo acto de los gobernantes, que informen con claridad y prueba de autenticidad el origen y el destino del dinero público es un imperativo en sociedades que se dicen democráticas.
A pesar de los avances en México, aún prevalece la oscuridad y los órganos competentes para obligar a rendir cuentas carecen de herramientas eficaces. Preocupa principalmente la debilidad de las legislaturas para revisar las cuentas de los gobiernos de diferente nivel y el apego a derecho de sus decisiones. Esto debe terminar.
La soberanía es del pueblo por mandato constitucional y su ejercicio debe estar garantizado. La transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones derivadas del derecho a la información que permite que los ciudadanos controlen a los gobiernos. Pero este derecho requiere de una institucionalización que aún no tiene.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.