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| Francisco Valdés Ugalde |
Se ha dicho que los principales intereses geopolíticos de México no están en América Latina. De ahí que se haya criticado que la primera gira del presidente electo, Enrique Peña Nieto, se haya dirigido a los países al sur de nuestra frontera. No obstante, hay motivos para pensar cuidadosamente en el sentido de una agenda latinoamericana.
Primero: las más grandes empresas mexicanas invierten y lo hacen fuerte en América Latina. Cemex, Carso, Bimbo, Herdez, Gruma, ICA, Softec (el mayor proveedor de tecnologías de la información en América Latina), entre otras, tienen inversiones importantes en varios países de América Latina. Aunque las cifras son muy malas y difíciles de encontrar, la Cepal reporta datos relevantes de inversiones mexicanas en Centroamérica y el Caribe. Además, un buen número de empresas extranjeras instaladas en México exportan cuotas relevantes de sus productos a mercados como Brasil y Argentina. Señaladamente empresas automotrices, por las que recientemente se produjo un diferendo con Argentina en torno al tratado existente para tales exportaciones.
El Proyecto Mesoamérica ha concitado inversiones considerables desde México en la creación de infraestructura para lo que sería un corredor económico de México a Colombia. El proyecto no ha recibido la atención ni el respaldo que merece, pero sigue ahí y tarde o temprano adquirirá la dimensión apropiada, por cuanto se trata de un enlace que permitiría la modernización de la región, cuyas carencias de infraestructura son obstáculo persistente para el desarrollo y una asignatura pendiente para una región con grandes posibilidades de integración.
En la última década la geografía política de América Latina se ha transformado radicalmente. Los bloques del Mercosur y el Alba, la creación de Unasur, el auge de la Corporación Andina de Fomento y la creación de la Celac son nuevos ingredientes que hacen de la región un hervidero de iniciativas, algunas de ellas contradictorias entre sí, aunque van demarcando el establecimiento de bloques regionales de comercio y desarrollo que responden a un dinamismo propio.
México tiene varios tratados de libre comercio con países de la región. Ese ha sido el estilo que se ha elegido para la “integración” desde nuestra parte. Aunque naturalmente nuestros vínculos con EU y Canadá, con Europa y con China son y serán muy fuertes, no se puede ignorar que en las agendas bilaterales de México está pendiente un tratado con Brasil. De conseguirse, estaríamos hablando de la creación de alternativas de vinculación entre las dos economías más grandes de AL, que contienen a 60% de la población del subcontinente. Es incierto que esto ocurra debido a los intereses tan encontrados que hay en diversos puntos, pero si acontece, su relevancia será obvia.
Además de los motivos económicos, también los hay políticos. Es notoria la postura que ha sostenido el gobierno de Hugo Chávez, que insiste en crear instancias de acuerdo político latinoamericanas e iberoamericanas que excluyan a Estados Unidos y Canadá. La OEA ha sido el teatro en el que se han escenificado las escaramuzas, tratando de debilitar a ese importante foro para los consensos continentales. La exclusión de Cuba de ese organismo desde el origen es una de las manzanas en discordia. Pero también lo son dos temas importantísimos para la política democrática del subcontinente: la democracia y los derechos humanos. Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Cuba han sido críticos de la agenda democrática y de los derechos humanos en el subcontinente. Recientemente Venezuela se ha retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha denunciado a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
De avanzar otros países el camino trazado por Chávez, la defensa de los derechos humanos sufrirá más reveses de consecuencias nocivas y probablemente tóxicas para otros gobiernos en los que a pesar de haber democracia electoral, aún albergan enclaves autoritarios determinantes en su comportamiento. Lo mismo podría pasar con el rechazo a la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que ha sido y es uno de los documentos que los bolivarianos aceptan reticentemente. Si se afirma este trayecto estaremos frente a una división histórica entre la edificación de sistemas democráticos con libertades ciudadanas, división de poderes y previsiones constitucionales contramayoritarias, por un lado, y los populismos que reclaman representación mayoritaria y argumentan que están construyendo sistemas democráticos “alternativos” por el otro.
Finalmente, pero no al último, no debemos olvidar que las ideas, la cultura y la historia cuentan. Aunque quisiéramos dar la espalda al pasado colonial de Iberoamérica, lo cierto es que nos atraviesa de punta a cabo. Por las malas razones esto también nos hermana con América Latina. Alejarnos de ella sería aberrante y carente del universalismo que requiere una política exterior democrática y moderna.
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