En este país casi todo se desvanece… la memoria se hace humo… hasta el cadáver del narcotraficante más notable, por sanguinario y violento, se pierde en una funeraria rascuache de un pueblo perdido en el mapa de la pobreza minera de Coahuila… aun así, hay tiempo, equipo y gente para tomarle huellas dactiloscópicas —así dicen los peritos— y obtener su código de barras (ADN), este último, análisis de laboratorio un poco más complicado e injustificado si se trataba de un fiambre de tan poca importancia como para dejarlo descuidado y expuesto al secuestro o rescate… según se quiera ver.
Pero en ese mismo sentido, nunca se había visto el extravío de artículos de una ley como esa con la cual se quiere jugar el prestigio de salida el gobierno del presidente Felipe Calderón: a su iniciativa laboral le birlaron los trozos correspondientes al trabajo de los mineros, aplicables a la inexistente protección de quienes en tajos y pocitos de la zona carbonífera dejan la salud y muchas veces la vida… mayores y menores de edad.
Y esas dos desapariciones, el cadáver de El Lazca y de la protección legal de los mineros del carbón, tienen relación entre sí.
Si atendemos a las denuncias del ex gobernador Humberto Moreira, de la conversión aparente de los narcotraficantes en mineros honorables, cuya materia prima es vendida a la Comisión Federal de Electricidad —después de muchas triangulaciones, especialmente a través de una promotora del propio gobierno estatal—, nos daremos cuenta de cómo viene resultando casi imposible acabar con los delincuentes: todo mundo aparece con el agua al cuello… o bien tiznado, mejor dicho, en este tema carbonífero.
El caso es que parte del texto del artículo 343 de la fallida reforma laboral (más bien, reforma patronal con intención de reforma sindical) se esfumó en el camino de San Lázaro a Reforma.
Vamos a ver si ahora, por influjo del santo resucitado, la protección de los mineros se levanta y anda.
MONJE LOCO: El señor Ferrari, raudo y veloz, anuncia en la recta final del sexenio panista: en adelante, cuando pongamos gasolina ya no nos van a timar con litros chiquitos. El secretario de Economía promete que los 43 mil dispensarios de gasolina del país estarán monitoreados por una especie de Big Brotherpara que nos despachen litros de litro… para que algunos gasolineros —casi, casi todos— dejen de robarnos 600 millones de pesos al año… para que este atraco cotidiano deje de alimentar el fuego del infierno de la corrupción que nos consume. Dice el señor Ferrari que los mexicanos ya podemos confiar… que los asaltos al bolsillo de los consumidores de combustibles quedarán sólo como historias macabras… que habrá sanciones ejemplares para los “vivos” que suelen vernos la cara de muertos. Las nuevas normas oficiales (05 y 185) obligan a las gasolineras a instalar nuevos sistemas de monitoreo en cada bomba expendedora… Los franquiciatarios prometen aplicar el nuevo sistema de aquí a cuatro meses… sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que ahora presume sus nuevas herramientas para detectar y acabar con el “chanchuyo”, seguirá chimuela, pues sus inspectores no tendrán capacidad para dictar sanciones contra los vendedores rateros. Su trabajo será, como hasta ahora, inmovilizar bombas y colocar en su lista negra a las estaciones de servicio irregulares. Según la Profeco, una de cada cuatro bombas que son revisadas, presentan alteraciones… o sea que usted y yo tenemos 25 por ciento de probabilidades de que nos roben cada vez que llenamos el tanque. Se vale llorar… y ponerse a rezar.
josecardenas@me.com @JoseCardenas1 http://josecardenas.net
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