El ex gobernador de Coahuila los conoce, ha hecho tratos con ellos desde hace años, sabe sus nombres y apellidos; de hecho, son priístas y han sido o son funcionarios de distintos gobiernos municipales o del estado. Humberto Moreira sabe quiénes son los narcoempresarios. ¿Por qué no los denuncia ante la PGR?
Resulta paradójico que el hombre que gobernó Coahuila y en cuyo periodo creció la empresa paraestatal Prodemi (Promotora de Desarrollo Minero de Coahuila) que le compra el carbón a 87 productores para luego vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad, ahora señale a los “narcoempresarios” del carbón, es decir, los mismos con los que antes hacía negocios y con los que actualmente su hermano, el gobernador Rubén Moreira, mantiene relaciones comerciales.
Uno de los grandes negocios de los Moreira ha sido precisamente el carbón. Ellos y los honorables empresarios del carbón se han enriquecido con base en la explotación laboral de miles de mineros que trabajan en condiciones infrahumanas en tajos y “pocitos” clandestinos o legales.
En la más importante zona carbonífera de México situada en Coahuila, la línea divisoria entre Zetas, empresarios del carbón y priístas es casi nula. Eso quiere decir que quienes asesinaron a José Eduardo Moreira Martínez, el hijo del ex gobernador, son los mismos. “’Cerdos’, pónganse a temblar… Se las dan de santones aquí en el pueblo, en el estado; se codean con la sociedad, se han hecho millonarios a partir de su trato con los narcotraficantes. A ‘esos’ los quiero ver en prisión”, dice Moreira en entrevista con el periódico Vanguardia. La pregunta es recurrente: ¿por qué Moreira no los denuncia con nombres y apellidos?
En el próspero negocio del carbón están todos, un negocio con vínculos estrechos con el crimen organizado. Analicemos la forma en que opera el multimillonario sistema de extracción del mineral en Coahuila. La cadena de explotación de la esclavitud del siglo XXI empieza por el más débil, el minero, a quien los honorables empresarios le pagan 30 pesos por tonelada, mientras ellos se la venden a la CFE a través de Prodemi a 927 pesos, según el último arreglo entre los 87 productores y la paraestatal celebrado el mes pasado. Cada empresario gana por lo menos 25 millones de pesos al mes.
De hecho, al año circulan 800 millones de pesos por este concepto que se reparten entre todos. Al último eslabón de la cadena, en cambio, no le dan Seguro Social, utilidades, aguinaldo ni ninguna prestación laboral y trabaja sin medidas de seguridad. El resultado: miles de mineros muertos, mutilados, enfermos.
El resultado de este negocio redondo es contundente: los empresarios del carbón a quienes Moreira llama narcoempresarios por sus nexos con los Zetas o por su liderazgo en la misma organización criminal, no invierten en el negocio porque en su mayoría tienen minas legales sin cumplir la Ley Federal del Trabajo y explotan “pocitos” ilegales bajo la mirada cómplice del gobierno federal y el gobierno de Coahuila.
Todos estos empresarios explotadores no podrían sobrevivir sin las grandes empresas que también les compran el carbón: Minera Díaz, MINSA/AHMSA, PEMSA/AHMSA, AlvaRam, El Sabino S.A. de C., Minería y Acarreos de Carbón S.A. de C.V. y Beneficios Internacionales del Norte S.A. de C.V. (BINSA), Compañía Minera El Progreso S.A de C.V., Industrial Minera México (IMMSA) del Grupo México. Entre sus honrados dueños están los hombres más ricos del país como Alfonso Ancira Hernández o Germán Larrea; ambos son compradores del carbón extraído en la cadena de esclavitud del siglo XXI de la que orgullosamente son parte.
Por tanto, en el sistema que cubre a los narcoempresarios del carbón están todos: Gobierno Federal, Gobierno de Coahuila, empresarios, grandes empresas del carbón y la Comisión Federal de Electricidad.
Todo mundo conoce a los miembros de la Unión Nacional de Productores de Carbón presidida por Luis Enrique Rodríguez Robles y la Unión Mexicana de Productores del Carbón, dirigida por Hugo García Ballesteros. La mayoría son priístas junto a alguno que otro panista: el ex gobernador Enrique Martínez; el ex alcalde de Progreso, Jesús Montemayor, presidente municipal de Sabinas; su tío es el concesionario de Binsa; Nerio, presidente municipal de San Juan de Sabinas, Nueva Rosita: su papá es contratista en tajos y empresas mineras. Alfonso González Garza y Jesús María Montemayor Seguy, padre del actual presidente municipal de Sabinas y hermano de Rogelio Montemayor, ex gobernador del estado de Coahuila y funcionario de Pemex inhabilitado por mal manejo de recursos. Antonio Gutiérrez, propietario de una cadena de supermercados, es además dueño de “pocitos” de carbón donde han muerto decenas de mineros; Salvador Kamar Apur, dueño del periódico La Voz, es propietario de la mina Lulú donde murieron cuatro mineros… La lista es pública y notoria, como lo era el hecho de que “El Lazca” fuera uno de los flamantes propietario de tajos o “pocitos”.
¿Cuántos de estos hombres de negocios con muertes de mineros a sus espaldas, tienen vínculos con los Zetas? Si Coahuila es territorio Zeta y todo lo que se mueve en la región carbonífera esta controlado por los Zetas, ¿cuántos pueden trabajar la extracción del carbón sin ser parte de ellos o sin pagar la cuota?
“Buenos” y “malitos” están en el negocio del carbón, entonces ¿quién mando matar al hijo de Humberto Moreira y por qué? Si los Moreira han formado parte de esta frenética maquinaria de hacer millones de pesos a través de la explotación infrahumana de los mineros, la lógica nos dice que el asesino intelectual es parte del mismo grupo.
El poder de los empresarios o narcoempresarios del carbón es tal que lograron modificar de manera ilegal la minuta de la reforma a la Ley Laboral. De manera nada misteriosa, desaparecieron nuevos ordenamientos que beneficiaban a los mineros, especialmente de carbón, y establecían sanciones mínimas para las empresas que incumplieran con las medidas de higiene y seguridad.
En la reforma quedaba prohibida la explotación de los llamados “pocitos”, tiros verticales que miden de 20 hasta más de 100 metros de profundidad con uno y medio de alto en el fondo, en donde los mineros trabajan agachados y con escasa ventilación. Dicha modificación fue anulada, al igual que las nuevas sanciones impuestas a los empresarios incluidas en el artículo 343 a de la Ley Federal del Trabajo con la frase: “queda prohibido el trabajo en tiros verticales de carbón” y en minas conocidas como cuevas o “pocitos” carboneros.
También desaparecieron de manera dolosa las sanciones a los empresarios propietarios de los “pocitos” y los encargados directos de la operación y supervisión donde se señalara que el minero que perdiera un órgano la multa sería de 2 mil veces el salario mínimo (124 mil pesos), y en caso de incapacidad total, de 218 mil pesos; o bien la sanción de seis años de cárcel y multa de 5 mil veces el salario mínimo cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores, y prisión de seis a nueve años y 10 mil veces el salario mínimo en caso de que las muertes sucedan en minas o “pocitos” prohibidos.
Cuando la minuta modificada subrepticiamente llegó al Senado, el PRD intentó modificarla para incluir la idea original de la reforma, pero el PRI y el PAN se negaron.
Está claro que el poder de los narcoempresarios del carbón es mucho. ¿Cuántos pertenecen al sistema político? Ahora sólo falta ponerles nombre y apellido, encarcelarlos, incautarles sus recursos, evitar que sigan blanqueando dinero y sentenciarlos a 60 años de prisión.
Casi nada.
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