El secretario general de Gobierno, Jesús Reyna García, dice que no, y que la autoridad no ha sido rebasada por el caso de los normalistas, que hace un mes se declararon en paro laboral y tomaron las instalaciones de universidades y normales en varios puntos del estado como una forma de rechazo a la reforma curricular –que incluye la enseñanza de ciencias y técnicas de la información- porque no se presentó a referéndum, y porque quieren enseñarles inglés –el idioma universal-, cuando en realidad quieren el náhuatl y el purépecha –que aunque hermosos, no les sirven para nada en el mercado laboral-.
El pretexto es lo de menos. La efervescencia social no se ha detenido desde que entró el gobierno de Fausto Vallejo, que cambió las reglas del juego con los grupos sociales michoacanos que durante la administración anterior del perredista Leonel Godoy, aceptaron darle gobernabilidad a costa de un flujo de recursos permanente. La incapacidad de Godoy para alcanzar la gobernabilidad mediante la política y no a través de la compra, permitió que dentro de los caminos que abrieron esos grupos entraran el narcotráfico y la guerrilla, que en la parte sur del estado, colindante con Guerrero, es la única zona del país donde se han documentado esas redes.
Esa zona colinda con el noroeste de Guerrero, el asiento del EPR -y de su escisión ERPI, que casi a la medianoche del lunes pasado emitió un comunicado fechado en Apatzingán, con una redacción encendida con enemigos claros y perfectamente ubicados en los propietarios o directivos de los principales medios de comunicación electrónicos e impresos en Michoacán. Varios cuadros eperristas en Guerrero surgieron de las normales en aquel estado, y algunos de ellos se trasladaron a Michoacán, donde hicieron su vida. Uno de ellos fue Servando Martínez, "La Tuta", que escaló en los rangos de mando de La Familia Michoacana que, al ser descabezada y aniquilada, se reinventó en Los Caballeros Templarios, bajo su conducción.
Si la guerrilla infiltró al magisterio en esa zona –fenómeno que se repite en otras entidades del país-, también se mezcló con el narcotráfico, que plagó esa región michoacana. En Arteaga el narcotráfico penetró las estructuras municipales en todos sus niveles y se extendió a Cherán, donde la delincuencia organizada incluye a talamontes, una actividad ilegal donde participan también pobladores de ese municipio. La otra comunidad afectada por la última ola de violencia es Tiripetío, dentro del municipio de Morelia, la primera normal rural de América Latina que todo este año ha tenido problemas, que han servido como un elemento que desvía la atención pública de la investigación que lleva a cabo el Gobierno estatal por desvío de recursos.
Esta mezcla de grupos legales y clandestinos que se mezclaron en los recientes acontecimientos en Michoacán, coinciden en la defensa de intereses particulares, no siempre comunes, pero que ante un elemento que amenaza su status quo, en este caso la autoridad estatal, se unieron en una defensa corporativa. No es lo mismo la defensa de los normalistas en Tiripetío, algunos de cuyos miembros son delincuentes, que los de Cherán, que se han enfrentado con los delincuentes por mantener la exclusividad de la tala ilegal de árboles, o los de Arteaga, donde la presencia policial afecta las actividades del narcotráfico.
Mucha simulación y engaño se arrastra hace tiempo tolerada por Godoy, cuya pasividad y complicidad indirecta con el orden criminal –a través de su hermano Julio César- contribuyó al deterioro michoacano. La afectación de intereses detonó los anticuerpos, que están armando esta incipiente insurrección que no derivará en una revolución, porque ni es su intención ni les da para ello, pero sí para intentar salvaguardar lo que construyeron con la omisión de Godoy, y que se niegan que se les arrebate ahora que cambiaron las condiciones de sobrevivencia y que el flujo de dinero que los mantuvo activos y en paz, se acabó.
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Leído en: http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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