El 3 de octubre los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral aprobaron la destrucción de las boletas de las elecciones de 2006 y 2012. En la versión estenográfica de la sesión aparecen fortalezas y debilidades de los razonamientos que emplearon. Me centro en 2006.
Su decisión parte de una frase del Artículo 302 de la ley electoral: "Una vez concluido el proceso electoral, se procederá a su destrucción". Para Sergio García Ramírez esto hace que la decisión no sea "ni arbitraria ni precipitada ni inusitada". Para Benito Nacif su "destino [...] está definido en la ley". Por su parte, María Macarita Elizondo respondió a las peticiones de que se digitalicen las boletas: "El destino no es su digitalización, su resguardo, su depósito o su donación. Si así fuera, lo hubiera dicho el propio legislador". Otro argumento fue la finalización de los recursos legales.
Los consejeros creen respetar el "derecho a la información" porque según Francisco Javier Guerrero la información contenida en las boletas "es vaciada en las respectivas actas" a disposición del público. Rechazan los intentos de quienes desean cotejar las actas con las boletas con argumentos tan peligrosos como el de María Marván Laborde: "El análisis de las boletas por actores independientes y sin la tutela legal de todos los testigos que la ley exige no necesariamente lleva al estudio de la elección [...] y desgraciadamente sí podría llevar a la manipulación de la información, lo que tendría graves consecuencias". ¿Quién determina el manejo "correcto" de los datos?
Una tercera línea argumentativa es la descalificación de los desconfiados. Para Alfredo Figueroa quienes dicen "que las elecciones de 1988 y las de 2012, o las de 2006 tienen una vinculación" no reconocen, "para empezar, la existencia" del IFE. Leonardo Valdés reitera la misma idea y añade: hablar de fraude es invocar a "mitos y fantasmas" (El Universal, 8 de octubre).
La realidad es terca. Pese a los avances, amplios sectores de la población desconfían. Según encuestas de Reforma en julio de 2006 41 por ciento consideraba que los comicios tuvieron "irregularidades graves"; una encuesta levantada en julio de este año muestra que el 40 por ciento piensa lo mismo sobre 2012. La polarización se extiende a los sectores más lúcidos e informados. El recurso jurídico de Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, llegó hasta la Suprema Corte en donde fue derrotado por un solo voto: quedaron seis votos contra cinco.
Los nueve consejeros optaron por ignorar a esta franja de la población para atrincherarse en su interpretación de la realidad. La actitud sorprende porque dos tienen maestrías y siete doctorados. Son grados obtenidos en instituciones de excelencia. Su currículo también muestra que han publicado centenares de artículos y libros académicos. Conocen, por tanto, la importancia que tiene para la generación de conocimiento tener acceso a las fuentes primarias. No es lo mismo un boletín de prensa sobre una sesión del Consejo General del IFE que la versión estenográfica.
Intrigado por el contrasentido busqué asesoría con una eminencia del psicoanálisis. José Luis Salinas me resume el fenómeno con la siguiente frase: "privilegian lo cognoscitivo en detrimento de lo sensible". Esto quiere decir que se mueven en el intelecto e ignoran el entorno, con lo cual tienen una visión fragmentada y estrecha de la realidad. Es una réplica del famoso "lecho de Procusto". En la mitología griega Procusto era un posadero que tenía una cama de hierro. Acostaba a los huéspedes y a quienes rebasaban la extensión les serraba los pies; a los que les faltaban centímetros, por el contrario, los estiraba hasta descoyuntarlos.
El Consejo General optó por desentenderse de 40 por ciento de la población que considera que en las elecciones de 2006 y 2012 hubo grandes irregularidades. Esta actitud ya fue detectada por los observadores de la Unión Europea que vinieron este año a México. Cito dos frases de un sólido informe: "La confianza pública" en la imparcialidad del IFE se "debilitó tras las elecciones de 2006". Sobre el proceso electoral de este año los europeos coincidieron con los analistas que criticaron al IFE por la actuación "abiertamente conservadora" a la hora de combatir la compra y coacción del voto.
A las boletas de 2006 le quedan algunos recursos legales. Los partidos de izquierda han interpuesto recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en mi caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene pendiente una demanda que presenté hace años. Si el mes próximo destruyen las boletas se eliminará la posibilidad de hacer las investigaciones que profundicen en lo sucedido. Persistirá la incertidumbre pero seguirá vivo el derecho a pensar de manera independiente. Como escribiera Milan Kundera en El libro de la risa y el olvido, "la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido".
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Colaboró Paulina Arriaga Carrasco
Leído en: http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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