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| Roberto Ehrman |
Otorgando a las organizaciones de interés una función representativa al mismo nivel de los partidos políticos, se redefine completamente el sentido mismo de la legitimidad política, reduciéndola al resultado de un compromiso o de una resolución, provisional y siempre bajo la perspectiva de la instabilidad, de conflictos de intereses entre distintas corporaciones y organizaciones.
Asimismo, se pierde paulatinamente, pero decididamente, la línea de demarcación entre Estado y sociedad (civil), que había caracterizado gran parte de la teoría política y social del siglo veinte.
Un autor norteamericano, Robert Dahl, reveló, en 1961, la existencia de múltiples organizaciones de interés que trataban de presionar e influir sobre las políticas públicas, produciendo un alto nivel de conflicto para defender sus intereses acerca de sus resultados. No obstante, el proceso de negociación a través de las agencias gubernamentales, producía un “equilibrio competitivo”, así como un conjunto de políticas que eran, a largo plazo, positivas para la mayoría.
Debido a los resultados de su investigación empírica, Dahl consideró que la presión que sobre la esfera pública ejercen las organizaciones de interés se podía controlar a través de dos mecanismos fundamentales: las elecciones regulares y la competencia política entre partidos, grupos e individuos. Por lo anterior, se podía definir la democracia como un gobierno de minorías, “Poliarquía” según la terminología del autor, en donde los grupos de interés están en constante competencia para influir en el resultado de las decisiones gubernamentales.
Años más tardes, el mismo autor se dio cuenta de que el Estado no podía considerarse como un árbitro neutral frente a los distintos intereses de las grandes corporaciones económicas, mismas que no pueden considerarse abstractamente iguales y dotadas de las mismas capacidades de ejercer presión sobre las agencias gubernamentales.
Desde una perspectiva Europea y contemporánea otro autor, Claus Offe, llegó a las mismas conclusiones, agregando al diagnóstico el dato de que siendo los recursos fiscales los que sustentan materialmente las existencia del Estado, y debido a que, en su mayoría, provienen del sector privado y en particular de las grandes corporaciones económicas (industriales, comerciales y financieras), el interés económico, se vuelve en consecuencia un factor primordial en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas por parte del Estado.
Por otra parte, la globalización, en particular en su vertiente económica, financiera (con la progresiva integración de los mercados internacionales), y de tecnología de información y comunicación, ha creado las condiciones propicias para el surgimiento de poderosas organizaciones de interés tales como son las transnacionales, quienes han adquirido un papel relevante en la definición y orientación de las políticas económicas y financieras de amplias comunidades de Estados. Lo anterior, alterando sustantivamente la estructura representativa de los mismos, así como la forma para el ejercicio del poder y la toma de decisiones[2].
Frente a estos fenómenos, el problema que se pone en las modernas democracias es lo de conciliar la necesidad de satisfacer los intereses económicos y financieros de las grandes organizaciones y corporaciones (nacionales e internacionales), con los principios, valores y las necesidades institucionales propias del Estado-Nación.
Con la aceptación y legitimación en un plano político de las representaciones de los intereses (organizados) asistimos a una revolución copernicana en la concepción del término, lo cual es muy importante tomar en cuenta.
En la moderna representación de intereses, la representación ya no tiene la función, de crear la unidad del cuerpo político, es decir permitir la integración de la diversidad en una unidad superior: el Estado, sino la de manifestar en un ámbito político los intereses, necesariamente parciales y generalmente de naturaleza técnica y económica, de una organización o de un grupo.
La “manifestación” del interés en un espacio político, tiene, ahora, los caracteres de una intervención concreta, o, mejor dicho, de una participación directa en el ejercicio del poder.
Debido a que la satisfacción de ciertas exigencias de carácter económico, financiero y técnico son condiciones, hoy en día, necesarias para garantizar la estabilidad del sistema político en su conjunto[3], las organizaciones de interés constituyen los elementos sustantivos de estabilidad y legitimación del gobierno. La capacidad que tienen las organizaciones de interés en determinar directamente la esfera de la política económica del Estado hace que la acción de gobierno dependa no solamente del apoyo de la mayoría parlamentaria, sino, en mayor medida, por lo de las organizaciones de interés.
Por ello, los órganos tradicionales de la democracia representativa ya no constituyen el único fundamento para la legitimidad política.
Hoy en día la legitimidad (así como la capacidad de gobierno) se construye por medio de la creación de un equilibrio y un compromiso, siempre precario e instable, entre las estructuras tradicionales de la representación política, los partidos políticos, y las organizaciones de interés.
Sin embargo, a lo largo de los años, las organizaciones de interés han condicionado e influido sobre la misma estructura y funcionamiento de los partidos políticos[4], vía cooptación de sus integrantes, o por distintas formas tales como el financiamiento de sus campañas políticas, poniendo al representante en la nómina de la empresa o integrándolos como socios de negocios.
Por lo anterior, ya no esta clara la diferencia entre los órganos tradicionales de representación política y las organizaciones de interés. Lo cual crea una confusión y una contradicción entre representación política y representación de intereses.
Es por ello que los mecanismos tradicionales para construir la representación política ya no sirven: tres datos entre otros, la tendencia progresiva a la disminución de la participación electoral, el incremento de la volatilidad del voto, la aceleración en las alternancias políticas[5], y, para el caso de México, el nivel de confianza hacia los legisladores y los partidos políticos[6].
Es el momento de crear una nueva arquitectura institucional para hacer más efectiva y transparente las nuevas representaciones de intereses.
Necesitamos ser creativos y a la altura de la nueva lógica del poder, un poder que no tiene centro, y es presente en cada una de las articulaciones y estratos políticos, económicos y sociales, que caracterizan el mundo político contemporáneo.
[1] Joseph Kaiser (1993) La rappresentanza degli interessi organizzati. Giuffré, Milán. Pág. 436.
[2] En este caso consideramos necesario precisar que la globalización y en particular los procesos de integración económica en curso ponen en una crisis irresoluble la referencia a un concepto de “soberanía” estatal, considerado según su perspectiva tradicional. Véase, entre otros: Manuel Castells (1999) La era de la información. Siglo Ventino Editores,México. Vol. II Cáp. 5.
[3] Se trata de los indicadores de estabilidad macroeconómica, así como las condiciones, técnicas, operativas y normativas, que garantizan la funcionalidad del mercado y la satisfacción de las necesidades mínimas de la población.
[4] El caso más emblemático es lo del ex Primer Ministro italiano Silvio Berlusconi, quién en diciembre de 1993 creó y financió un nuevo partido político: Forza Italia, por medio del cual se presentó en marzo de 1994 a las elecciones generales, que ganó y, en el mismo año, fue nombrado Primer Ministro.
[5] http://www.nationmaster.com/index.php
[6] Consulta Mitofsky, enero 2012.
Leído en: http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=51012:%C2%BFrepresentaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-o-representaci%C3%B3n-de-los-intereses?&Itemid=186
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