El protocolo establece todos los detalles, hora de llegada, las palabras rituales que debe pronunciar y los distintos pasos a seguir para consolidar simbólicamente el traslado del poder que, formalmente, inició en el primer minuto de ese día. Nada hay inventado o improvisado. Todo es previsible y debe ser previsible. La custodia del titular saliente y del entrante, la seguridad dentro del recinto y en sus alrededores con responsables diferentes que respetan la división de poderes. Se sabe que Peña Nieto entrará por la puerta principal y por el pasillo central, nada debería asombrarnos. El recinto, además de ser la casa de los diputados, está planeado precisamente para acoger ceremonias como esta de Congreso General y de transmisión de poderes. Cuál sorpresa. Ninguna. Si en algo no debe haber sorpresas es precisamente en situaciones como ésta concebida en la máxima norma de convivencia de los mexicanos.
Se trata de consolidar simbólicamente un largo y complejo proceso electoral en un sistema presidencial. El proceso regula desde la creación de los partidos políticos, las normas de competencia, las fórmulas para la asignación de los presupuestos, la elaboración del instrumental, desde la credencial de elector hasta la tinta indeleble utilizada el día de la jornada que es organizada por alrededor de un millón de ciudadanos y observada por miles de mexicanos y extranjeros y por la prensa de todo tipo. La ley regula la extensión de las campañas y el uso de los medios, en este caso con una novedad que fue el periodo de las llamadas intercampañas. Los partidos políticos registrados participaron en todas y cada una de las fases: desde la elaboración de las normas que rigen el proceso hasta el seguimiento puntual de las decisiones del IFE a través de sus representantes. Simplemente para recordar de dónde venimos, la ley contempla instancias de impugnación en todos y cada paso del proceso electoral.
En los escasos minutos en que transcurre la ceremonia, se plasman el esfuerzo de millones de personas y de millones de horas hombre. Ahí se fragua la voluntad de la norma electoral debatida por los principales actores. No menos importante es el dinero invertido en las instituciones encargadas de la organización (IFE) y de la resolución de las controversias (TEPJF). Peña Nieto tiene entonces la obligación, pero también el derecho de exigir que el ceremonial se lleve a cabo tal y como lo establecen nuestras normas. Entrar por la puerta principal no es una provocación como algunos afirman. Detrás de él está el voto popular que le concede la victoria. Es por lo tanto Presidente legal y legitimo.
Se sabe que de ahí, ya ungido simbólicamente con la banda en la posición que debe ser colocada, el Presidente acudirá a Palacio Nacional. Allí habrá algunos saludos protocolarios y se cree que lanzará un mensaje. De nuevo una provocación, dicen algunos, pues Morena ha convocado a reuniones en las principales plazas del País para protestar en contra de lo que consideran una elección amañada. Pero hay un problema, el despacho oficial del Presidente de México se encuentra en Palacio Nacional y nadie tiene derecho a impedirle el acceso, menos aun con actos violentos e ilegales. Es su oficina y el Zócalo capitalino es de todos los mexicanos, todos es todos, incluido el Presidente.
Toda Nación tiene actos simbólicos. En algunos casos son más complejos como en las monarquías, eso depende del carácter del régimen de gobierno, parlamentario o presidencial, y de las tradiciones. En política los símbolos, como su nombre lo indica, condensan décadas, siglos y en ocasiones milenios de historia. Impedir el cumplimiento de ceremonias, en nuestro caso republicanas, no es un avance democrático, todo lo contrario, es retrógrado. La inconformidad tiene cauces. En las últimas décadas lo mexicanos nos hemos acostumbrado a lo anormal, al quiebre sistemático del lenguaje simbólico. Es momento de rescatarlo, ello supone tomar en serio las normas y al votante. Esa es una democracia.
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
"Home Run" ¡Hasta no verte!
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